Cinpe-UNA rechaza cuestionamientos de Chaves sobre estudio 5G
El Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA) rechazó los cuestionamientos que hizo el presidente Rodrigo Chaves sobre el análisis académico de carácter económico acerca de las repercusiones del reglamento de ciberseguridad para redes 5G.
Durante la presentación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2023, el mandatario desacreditó la investigación académica, sobre la cual dijo que "hasta a las universidades les han pagado los interesados, a la UNA, por hacer un estudio que resultó a la medida, el que paga el baile, manda la música y ahí está la evidencia".
La reacción de los universitarios no se hizo esperar.
"El estudio "Evaluación de impacto económico de la exclusión de proveedores en las inversiones de la red 5G en Costa Rica" fue realizado por cinco economistas del Cinpe de la UNA y se realizó con toda rigurosidad, basada en datos confiables, aplicación del método científico, bases comparativas y con alta ética profesional, tal y como trabajamos siempre.
En la página 8 de la investigación, que es de acceso libre en nuestra página web, se indica que el trabajo fue contratado por la empresa Huawei Technologies Costa Rica S.A.; sin embargo, es fundamental enfatizar que los investigadores trabajamos con total independencia y sin presión de ningún tipo", enfatiza un comunicado firmado por el Ph.D Olman Segura Bonilla, director de Cinpe-UNA.
La entidad agregó que realiza trabajos como estos normalmente para entes públicos y privados, por ejemplo, para el Micitt, Recope, Banco Nacional, cooperativas, cámaras de productores y otros, "con la misma independencia, libertad de cátedra y sin aceptar ningún tipo de injerencia en el trabajo que entregamos.
Lo único que nos ha movido para realizar esta investigación es brindar luces para que Costa Rica pueda aprovechar plenamente los beneficios de esta tecnología de manera equitativa y sostenible, promoviendo el desarrollo económico, la inclusión social y la competitividad internacional".
Con anterioridad, Hubert Vargas, viceministro de Telecomunicaciones, también había emitido cuestionamientos acerca del estudio.
"Solicitamos un acercamiento con profesionales de la UNA para obtener más detalles, pues vemos que el documento fue solicitado expresamente por la empresa Huawei y nos genera inquietudes; el acercamiento con el Cinpe busca conocer los detalles del documento y hasta no tenerlo no podemos profundizar sobre el mismo", señaló Vargas Picado.
El análisis
El documento del Cinpe-UNA determinó que la aplicación del Decreto Ejecutivo No. 44196-MSP-MICITT tendrá repercusiones sobre la economía del país.
La inclusión del Convenio de Budapest en el Reglamento sobre Medidas de Ciberseguridad Aplicables a los Servicios de Telecomunicaciones Basados en la Tecnología de Quinta Generación Móvil (5G) y Superiores, impide que empresas basadas en países que no lo han firmado, queden excluidas de ofrecer soluciones de infraestructura de redes en territorio nacional.
La medida perjudica a la compañía Huawei, con casa matriz en China, nación que no firmó el tratado que no tienen nada que ver con ciberseguridad, sino son recomendaciones para luchar contra el cibercrimen.
"Las medidas de exclusión que impulsa la actual administración generarían un incremento de hasta un 40% en las tarifas para los servicios de Internet y telefonía móvil, en comparación con un escenario donde el país no aplique lo establecido en el decreto ejecutivo.
El cálculo se obtuvo a partir de la consideración de diversas variables que requieren emplear los operadores de servicios de telecomunicaciones y que incluyen gastos operativos, de mantenimiento, administración, inversión necesaria, rentabilidad y depreciación de equipos", señala el trabajo de investigación.
Añade que el efecto del incremento de las tarifas tendría una repercusión directa sobre la cantidad de usuarios que tendrían acceso a las soluciones basadas en 5G. De acuerdo con el informe, para la modalidad de telefonía móvil podría pasar de 7.876.163 abonados, en el 2022, a 4.331.890, en el 2030, lo que redunda en una disminución del 43% de suscripciones.
"En el escenario donde se aplique la exclusión de proveedores de China en soluciones 5G, utilizando la misma base para el cálculo que la del estudio citado, el país sufriría un costo económico de hasta 1.360 millones de dólares al cabo de cinco años.
Los principales sectores que se verían afectados en los primeros 5 años son el de los servicios de manufactura provenientes de zonas francas (con un costo económico de 483,6 millones de dólares), el de información y comunicación (pérdida estimada de 161,9 millones de dólares) y el de comercio (123,6 millones de dólares)", añade el análisis.
El reporte finaliza con el impacto sobre la economía nacional por las inversiones a la que se verán obligados los operadores.
"Una de las conclusiones más relevantes es que el incremento en la inversión que debe realizarse es de aproximadamente 1.474,68 millones de dólares en un periodo de cinco años por parte de los operadores, lo que se traduce en un aumento de un 44% en los costos de inversión.
Lo anterior se explica en el hecho de que una empresa como Huawei ya ha realizado importantes inversiones en el despliegue de infraestructura de redes en el país. De esta manera, para las empresas operadoras, los costos y las inversiones se multiplicarían considerablemente ante la falta de una base instalada de previo y que debe realizarse para ofrecer los servicios de 5G", concluye el estudio.