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Canartel: Propuesta de decreto de radiodifusión genera inseguridad jurídica

Por Erick Murillo | 7 de May. 2024 | 3:03 pm

La Cámara Nacional de Radio y Televisión (Canartel) se pronunció sobre la propuesta de reforma parcial al Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones, Decreto Ejecutivo N° 34765-MINAET.

A través de un documento firmado por Saray Amador, presidenta de la Cámara, manifiestan que se oponen al documento del proyecto que fue sometido a consulta pública, a la vez que consideran que el texto propuesto genera inseguridad jurídica en el sector.

"Lamentablemente, han transcurrido ya 16 meses desde que los concesionarios de radio y televisión hicieron la solicitud de prórroga correspondiente y no ha sido posible que el Poder Ejecutivo resolviese lo que en derecho correspondía. Esa mora pone en riesgo de caducidad todas las concesiones de radiodifusión emitidas al amparo del Decreto N.º 31608-G (Reglamento de Radiocomunicaciones).

El equipo ministerial actual, integrado por la señora ministra Paula Bogantes Zamora y su viceministro Hubert Vargas Picado, han sido fieles testigos de nuestras consideraciones de naturaleza legal. Sin embargo, al día de hoy, no tenemos resultados palpables, más que la suma de críticas inútiles entre la Sutel y el Micitt", señala la respuesta dirigida a la Dirección de Concesiones y Normas en Telecomunicaciones del Viceministerio de Telecomunicaciones.

La iniciativa gubernamental tiene como fin extender por un año, a partir del 28 de junio, las concesiones de frecuencias de radio y televisión.

"Por distintas razones, se está tratando de ampliar el plazo de vencimiento de las concesiones, en una carrera en la que muestran grandes debilidades y no se garantiza la seguridad jurídica necesaria de todos los concesionarios porque al final, se está tratando de extender las concesiones, sin resolver el fondo de la cuestión y que está circunscrito a la revisión individualizada de las solicitudes de prórroga que fueron presentadas.

Al día de hoy, no sabemos a ciencia cierta, cuál es la voluntad final del Poder Ejecutivo, porque ha enlazado temas que lejos de crear un sano debate, presenta a la industria de radio y televisión como agentes económicos únicamente interesados en lucrar, y mal intencionadamente han obviado referirse al resto de las contribuciones que la industria aporta a la economía del país que incluye entre otros la generación de miles de empleos, el pago de impuestos (renta, IVA, etc.)", añade la misiva acerca de la mezcla que ha planteado la administración Robles Chaves sobre la extensión en el plazo de concesión de los títulos habilitantes y el cobro del canon que se paga por la explotación de estos servicios, actualización que por ley es solo potestad de la Asamblea Legislativa, única institución en el ordenamiento jurídico nacional encargada de establecer impuestos.

Se solicitó una posición al respecto al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) e indicaron que "en relación con la consulta sobre la opinión respecto a lo señalado por Canartel en el proceso de consulta pública de la propuesta de decreto para la reforma parcial al Reglamento de la Ley General de Telecomunicaciones (Decreto Ejecutivo N° 34765-MINAET), es importante considerar que el proceso de consulta pública está por concluir (finalizó el lunes 6 de mayo).

En consecuencia, el Micitt deberá analizar cada una de las observaciones recibidas para luego emitir el informe de análisis correspondiente. En su momento y a través de esa vía formal, el Micitt responderá dichos criterios. Por lo tanto, no se emitirá en este momento ninguna opinión sobre el tema en cuestión".

El Cafta no es referencia para el proyecto de decreto. Los negociadores costarricenses en el año 2003 excluyeron de la aplicación del Cafta, la legislación de Radio de 1954, por ello, no estamos obligados, bajo ese cuerpo normativo a modificar las concesiones de radio por decreto. No es que no se pueda emitir un decreto porque el Cafta no lo permite, es que el argumento de que por dicho tratado se hace el ajuste y el cambio normativo es improcedente. Canartel

La propuesta

La reforma que plantea el Poder Ejecutivo a través del Micitt plantea lo siguiente:

Artículo 1.- Adiciónese un Transitorio V. al artículo 179 del Decreto Ejecutivo N° 34765-MINAET "Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones", emitido en fecha 22 de septiembre de 2008 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 186 de fecha 26 de septiembre de 2008 y sus reformas, que se leerá de la siguiente forma:

"V. AMPLIAR POR UN AÑO la vigencia de los títulos habilitantes de concesión administrativa de frecuencias para la operación de redes y la prestación de servicios de radiodifusión sonora y televisiva de acceso libre y gratuito. Las condiciones originales de las concesiones se deberán de respetar por parte de los administrados.

La vigencia de la modificación sería a partir del próximo 28 de junio.

Sin embargo, abogados consultados por este medio consideran que la propuesta gubernamental tendría vicios de ilegalidad.


La misma Canartel estima que la técnica utilizada de establecer por medio de un transitorio una "ampliación de plazo de concesiones" sin que se resuelva cada acto concreto, deviene en un vicio de procedimiento y causa indefensión a los concesionarios que de buena fe acudieron al proceso reglado de solicitar la prórroga de sus concesiones, por lo que considerar los verbos "ampliar" y "prorrogar" como sinónimos son un contrasentido, ya que el primero se refiere a extender un plazo y el segundo corresponde a un nuevo plazo bajo las mismas condiciones originales.

"Como se ha observado, para el pronunciamiento respectivo, el Poder Ejecutivo solo requiere de un informe técnico de su Unidad de Control de Radio y no como se advirtiera, que se necesita un informe de la Superintendencia de Telecomunicaciones, que, en todo caso, solo cuenta con competencia cuando se trata de prórrogas de concesiones de redes públicas de telecomunicaciones, y en el caso concreto, los servicios de radiodifusión no están identificados como tales.

El dictamen vinculante de la Procuraduría ya varias veces comentado, hace una buena aproximación sobre el punto aquí descrito y arriba exactamente a la misma conclusión que estamos esbozando en esta oportunidad", finalizó la respuesta de la Cámara.

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