Taxistas se inspiran en Colombia para exigir un freno a Uber

(CRHoy.com). "Adiós… ojalá hasta pronto", con ese mensaje -luego de una decisión claramente inesperada-la empresa Uber anunció que dejaría de operar en Colombia después del 31 de enero próximo.

La compañía, con 88 mil conductores en ese país y establecida desde 2013, tomó la medida tras verse obligada a raíz de una orden de cese operativo girada en un fallo de primera instancia por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la nación cafetera.

La pugna legal la inició desde 2016 la empresa Cotech, encargada de operar el servicio de Taxis Libres, e involucró a filiales de la empresa en Estados Unidos y Holanda. Incluso, la resolución conocida a finales de 2019 ordenó a las empresas de telefonía móvil a bloquear el tráfico IP hacia la aplicación Uber.

La determinación de la SIC estuvo fundamentada en la "competencia desleal" que creó Uber con los taxistas regulares, pues desvió clientes al prestar un servicio de transporte individual fuera del marco normativo colombiano.

Al igual que en Costa Rica, en la nación sudamericana -desde 2013- los actores involucrados en la pugna (gobierno, taxistas y empresa) no lograron acordar regulación hacia este tipo de plataformas. Precisamente, tras el anuncio de Uber, distintos sectores urgieron una regulación inmediata.

En territorio nacional Rubén Vargas, líder de la Unión de Taxistas Costarricenses (UTC), aseguró a CRHoy.com que lo ocurrido en Colombia no solo los motiva a ellos sino que cree es esperanzador para transportistas de otros países, donde las pugnas legales son similares (como México o España).

Pese a que en el pasado las organizaciones de taxistas aceptaron coexistir con la operación de Uber u otras plataformas tecnológicas a través de una nueva regulación, Vargas confirmó que presentaría a la Asamblea Legislativa un documento donde darían marcha atrás y exigirían el cese operativo de la "app".

De paso, el dirigente cuestionó el "inexistente" papel fiscalizador asumido por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep); el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) o el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt). Según Vargas, todos esos organismos deberían actuar bajo la legalidad costarricense y tomar decisiones como las que sacudieron Colombia recientemente.

Estira y encoge

En la batalla legal para que se emita una regulación que empareje la cancha, los taxistas han jugado distintas cartas sin éxito. Una de ellas fue la posibilidad de solicitar una indemnización millonaria al Estado por consentir que Uber les "arrebatara" gran porcentaje de la clientela, sin embargo lo más positivo obtenido –hasta la fecha- fue el fraccionamiento en el cobro del canon correspondiente al Consejo de Transporte Público (CTP) incluido en el marchamo.

¿Qué harán entonces? Vargas explicó que mantendrán abierto un pulso en el Tribunal Contencioso Administrativo para recibir una compensación de manos del Estado, producto de los impactos negativos sufridos desde el 21 de agosto de 2015 cuando Uber inició operaciones en Costa Rica.

"Esperamos que las cosas no se salgan del orden. Que lo nuestro, al igual que en Colombia, se arregle en este caso en el Tribunal Contencioso y que en la primera audiencia se nos reconozca un proceso de puro derecho y que, en la oralidad del caso, ese honorable Tribunal haga un acto semejante al que realizó la SIC de Colombia", detalló Vargas, quien no descartó eventuales movimientos pacíficos para presionar al gobierno y a los diputados.

Según el CTP, desde que Uber ingresó al país la situación económica de los taxistas empeoró notablemente al punto que –semanalmente- se devolvían hasta 15 placas del servicio en razón de que ya no resulta rentable.

"En Colombia no ha sido un tribunal de la República el que ha sacado a Uber. Ha sido la SIC, la que con la contundencia de mérito y sopesando lo debido, ante una situación como la que vivimos en nuestra Costa Rica, le ha dicho fuera a Uber. Entonces, ¿por qué nuestros funcionarios públicos no pueden hacer lo mismo?", indicó el líder del sector.

La representación de la empresa en Costa Rica publicó una carta abierta a la población el pasado 9 de enero, en la cual señalaron que cuentan con 28 mil conductores y casi 1 millón de clientes. De esa forma, instaron a los diputados a acelerar el trámite del proyecto de ley que crearía una regulación para las plataformas.

Este 13 de enero, el ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, anunció que el plan de regulación tocaría las puertas del Congreso -nuevamente- en marzo próximo. Según dijo, aún están afinando detalles y acercando posturas con los sectores involucrados.