Sutel no duró 2 años para estudio de 5G como afirmó Micitt
La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) no fue la responsable de ningún atraso que se haya generado en el proceso para que el país cuente con redes 5G.
Durante la conferencia de prensa tras el Consejo de Gobierno de la semana pasada, la ministra de Ciencia y Tecnología, Paula Bogantes, afirmó en la conferencia de prensa que en el caso del estudio de factibilidad de 5G "esperamos 2 años a que lo sacaran y cuando finalmente lo sacaron, lo sacaron condicionado", mientras se refería a los contratiempos que ha afrontado la concesión de frecuencias de radio y televisión.
Sin embargo, esa aseveración es incorrecta.
"La Sutel emite sus criterios a partir del análisis técnico considerando los principios de la legislación como: la optimización de recursos escasos. El Poder Ejecutivo puede apartarse de los criterios de la Sutel, en el tanto, justifique de manera fundamentada su posición como lo establece la ley.
Basado en esto, no es correcto que se afirme que el estudio fue tardío y condicionado, pues según lo estable el artículo 73 inciso d) de la Ley 7593 de la Aresep y el artículo 22 del Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones, a Sutel se le impone un plazo de 30 días naturales para la elaboración de los estudios de necesidad y factibilidad; que se pueden ampliar mientras se solicitan nuevos insumos o aclaraciones a las instrucciones giradas. Todos los informes de Sutel al Poder Ejecutivo son recomendaciones técnicas para la toma de decisiones", respondió la Superintendencia a una consulta de CRHoy.com.
El ente regulador en materia de telecomunicaciones añadió que el informe de 5G realizado por la institución incorporó la necesidad de resolver los procedimientos administrativos sobre el no uso del espectro, en cumplimiento con el artículo 22 de la Ley General de Telecomunicaciones.
"Los resultados de esta gestión aún no han sido notificados a la Sutel y entendemos que existen procesos recursivos pendientes de resolver por parte del Poder Ejecutivo.
La Sutel ha respondido los requerimientos del Micitt, y ha atendido oportunamente las múltiples consultas que ha realizado el Poder Ejecutivo, correspondiente a este tema y a anteriores, pues vale la pena señalar que durante varios años la Sutel ha realizado diversas recomendaciones para que el país logre avanzar en el tema de 5G; por lo que no es de recibo señalar la supuesta tardanza de la Sutel en sus informes", agregó la institución.
Proceso no lleva ni 2 años
En todo caso, en realidad el proceso para contar con sistemas de telecomunicaciones en el país ni siquiera lleva 2 años.
Fue hasta el final de la administración Alvarado Quesada, el 4 de marzo del 2022, cuando se abrió un órgano director para determinar la verdad real de los hechos sobre el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y su subsidiaria Radiográfica Costarricense (Racsa).
Tras un ultimátum por parte de la Contraloría General de la República (CGR) que estableció como fecha máxima el 4 de octubre del 2023, se emitió la resolución del procedimiento administrativo sancionador que determinó que el ICE hizo un uso inadecuado de un segmento de la banda media de 2600 MHz, por lo que lo sancionó con el despojo de 70 MHz de dicho bloque, además no le permite participar en subastas de espectro por 3 años.
No fue sino hasta el 8 de mayo del 2022, es decir, hace menos de 2 años, cuando el presidente Rodrigo Chaves le ordenó a Marco Acuña, presidente ejecutivo del ICE, un plan para que a más tardar en 6 meses, la tecnología celular IMT 2020 estuviera a disposición de los costarricenses, medida que hasta hoy no se ha cumplido.
Por el contrario, el proceso se encuentra empantanado en medio de una judicialización, luego de que el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) emitiera una medida cautelar provisionalísima que detiene la licitación de infraestructura del ICE para adquirir redes 5G y también deja sin efecto temporal algunos artículos del Decreto Ejecutivo 44196-MSP-MICITT que incluye el Convenio de Budapest.
La primera parte para cumplir con la orden de Chaves Robles estuvo a cargo del exministro Carlos Alvarado Briceño y lo continuó la actual jerarca.
