Supervisión de cooperativas ya no quedará solo a merced del Infocoop
Archivo CRH/Con fines ilustrativos
En poco menos de 6 meses, la supervisión de unas 38 cooperativas de ahorro y crédito dejaría de estar únicamente en manos del Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop) y pasará a ser un asunto de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
El 19 de diciembre de este año comenzará a regir el acuerdo 1375-2017 tomado por el Consejo de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) en el que se derogan acuerdos de 1996 y 1999 que eximían de la supervisión a un grupo de cooperativas y asociaciones solidaristas.
La decisión fue tomada tras razonar que existe una creciente demanda de los asociados de esas entidades por facilidades crediticias que ha motivado cambios en sus estrategias de financiación.
"Las asociaciones solidaristas y las cooperativas de ahorro y crédito, en su conjunto, han aumentado su presencia como contrapartes crediticias directas de las entidades sujetas a supervisión, adquiriendo como sector, mayor importancia relativa. La adecuada gestión y supervisión de esos sectores contribuye a mitigar la ocurrencia de eventos adversos derivados de débiles marcos de gobernanza y de gestión de riesgos, así como de una estructura de capitalización inherentemente frágil", señala uno de los considerandos del acuerdo.
El Consejo interpretó que el derecho de los asociados de estas entidades a reclamar o compensar sus aportes en cualquier momento puede verse exacerbado en periodos de tensión idiosincrática o sectorial.
"La posibilidad de que eventos aislados se interpreten como problemas sectoriales, pueden generar efectos de contagio con impacto generalizado en el sistema financiero", agrega el considerando.
Es por esto que Sugef ahora estará facultada para estimar nuevos parámetros de supervisión y definir los requerimientos de información que considere necesarios.
Un cuestionado supervisor
Pese al desorden administrativo que provocó una intervención del Infocoop -como lo señaló la Contraloría General de la República-, este ha sido el ente estatal llamado a supervisar financieramente a las cooperativas de ahorro y crédito de menor tamaño.
Así lo había determinado el dictamen de la Procuraduría General de la República número C-442-2006 del 6 de noviembre del 2006, en el que se estableció que el Instituto ostentaba una competencia general en materia de fiscalización de las cooperativas de ahorro y crédito.
Esta supervisión ha aplicado para aquellas cooperativas que no estaban bajo la vigilancia de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), la cual se abocó solo a las de mayor tamaño, por su integración con el resto del Sistema Financiero Nacional.
La obligación quedó establecida también en la Ley de Asociaciones Cooperativas y creación del Infocoop, Ley Nº 4179 y sus reformas.
Supervisión ha sido diferenciada
(CRH).
Pese a que existen cooperativas de ahorro y crédito de varios tamaños, solo las más grandes han contado con supervisión técnica especializada y regulación del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
A la Sugef le corresponde supervisar a algunas de las cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación financiera, según lo que establece la Ley de regulación de la actividad de intermediación financiera de las organizaciones cooperativas, Ley No. 7391, pero no a todas.
El artículo 117 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica faculta al Conassif a eximir de fiscalización las cooperativas de ahorro y crédito en función del tamaño de sus activos, número de asociados o cuando realicen operaciones con un grupo cerrado de asociados. De esto se valió el Consejo para tomar la decisión el pasado 14 de noviembre.
Hasta el momento solo son supervisadas las cooperativas de ahorro y crédito con activos netos iguales o superiores a ¢1.265, 89 millones.
Pero tras la publicación del acuerdo de la sesión 1375-2017 en el diario oficial La Gaceta, se dio un plazo de 12 meses para ampliar la supervisión, periodo que se cumple el 19 de diciembre de este año.
Según información suministrada por Infocoop a CRHoy en 2017, lo que ha existido es una "regulación prudencial", es decir, un conjunto de normas de comportamiento, procedimientos y elementos diseñados con el propósito de garantizar una toma prudente de riesgos por parte de los administradores de las cooperativas de ahorro y crédito.
Bajo la lupa
El martes de esta semana, el Gobierno decretó la ampliación por un año de la intervención del Infocoop, con el fin de no obstaculizar el proceso penal que se lleva a cabo.
La intervención, que culmina este jueves, se extenderá ahora hasta el 28 de junio del próximo año.
Una de las principales consideraciones para la ampliación fue el resultado de la auditoría, dado a conocer en abril de 2018. Ese informe detectó serias deficiencias de gobierno corporativo, manejos inadecuados de la cartera crediticia, potenciales conflictos de interés en la aprobación de los créditos, problemas en la gestión administrativa y debilidades en el control de los fondos públicos, entre otras irregularidades.
Otro factor determinante fue la importancia de no interrumpir la fase de implementación de la "Modernización Institucional" con enfoque técnico, la formulación del Plan Estratégico del INFOCOOP 2018-2022, la presentación de un proyecto de Ley de Cooperativas, que posibilite el robustecimiento y modernización de la institución, así como el fortalecimiento del gobierno corporativo y los mecanismos de control y buen resguardo de los recursos públicos.
