SUGEF contradice a Chaves y Brunner sobre cese de directivos del BN
La Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) resolvió que los miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) cesados el pasado 28 de mayo no incurrieron en ninguna falta a la normativa prudencial.
Este pronunciamiento contradice directamente las declaraciones del presidente de la República, Rodrigo Chaves, y del vicepresidente Stephan Brunner, quienes justificaron el cese por supuestas faltas al principio de probidad, basadas en las normas de Gobierno Corporativo.
La versión oficial fue defendida por Brunner el lunes anterior durante su audiencia ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público del Congreso. Ese foro legislativo había insistido en que la superintendente Hazel Valverde debía pronunciarse formalmente sobre los ceses.
“El informe de la División General de la Asesoría Jurídica concluye que no se identificaron transgresiones a la normativa prudencial en materia de Gobierno Corporativo, transparencia, objetividad ni de los principios establecidos por la OCDE”, señaló Valverde.
“A partir de lo concluido, esta Superintendencia procederá a archivar el expediente”, agregó.
Reacciones legislativas
Tras la publicación del criterio técnico de la SUGEF, la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Andrea Álvarez, se pronunció en la red social X (antes Twitter):
“Los miembros de la Junta Directiva del @banconacionalcr NO cometieron NINGUNA falta, según la propia SUGEF (órgano al que por ley le correspondía emitir informe, art. 24 Ley 1644). El vicepresidente Brunner los destituyó ilegalmente, como lo he venido denunciando”.
Antecedentes del caso
El 28 de mayo, el Consejo de Gobierno, liderado por el presidente Chaves, destituyó por completo a la Junta Directiva del BNCR, alegando faltas al principio de probidad relacionadas con el proceso de designación de la nueva gerencia general.
La decisión provocó cuestionamientos desde diversos sectores, que han planteado dudas sobre la legalidad, motivación y oportunidad de la medida. Actualmente, el caso es objeto de revisión por parte de la Asamblea Legislativa.
