Stephan Brunner podría ser indagado y sometido a medidas cautelares por causa penal
El vicepresidente de la República, Stephan Brunner, podría ser indagado y sometido a una audiencia de medidas cautelares tras anunciar su renuncia al cargo por el cual tenía fuero de protección o inmunidad.
El fiscal general de la República, Carlo Díaz, explicó a CRHoy este miércoles que la renuncia provoca que el caso pase a un proceso ordinario posiblemente a la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
"La única diferencia en este caso es que si pasa al proceso normal ahora podrían ser indagados y de ser necesario y considerarlo así el fiscal podría solicitar medidas cautelares. El caso no empieza de cero porque ya nosotros avanzamos y está acusado, pero será decisión del fiscal que le toque el caso determinar si lo indaga o si hacen falta algunas gestiones. En el proceso especial nosotros no podemos indagar", dijo Carlo Díaz.
La fiscalía general vincula al presidente de la República Rodrigo Chaves Robles con delitos electorales cometidos por financiamiento irregular durante la campaña de 2022 por el Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
La acusación, presentada por Carlo Díaz Sánchez, fiscal general, también incluye a otros 6 imputados: Pilar Cisneros Gallo, diputada y jefa de fracción del PPSD; Stephan Brunner Neibig, vicepresidente de la República; Arnoldo André Tinoco, canciller; Luz Mary Alpízar Loaiza, diputada y presidenta del PPSD; Paola Nájera Abarca, diputada del PPSD y Julio "Waldo" Agüero Sanabria, diputado del PPSD.
La fiscalía general explicó que el caso se sigue bajo el expediente 22-000116-1218-PE y se conoce judicialmente como "Financiamiento Jaguar".
Según la investigación que arrancó en 2022, año en que Chaves asumió como mandatario, entre 2021 y 2022, en el marco de la campaña electoral, se habrían utilizado 2 estructuras paralelas para financiar la campaña electoral del PPSD, en el período electoral 2022-2026.
Dichas estructuras identificadas fueron un fideicomiso privado (Costa Rica Próspera) y las cuentas bancarias personales de Sofía Agüero Salazar, hija del diputado Agüero Sanabria y exasistente del presidente Chaves, quien enfrenta un proceso penal independiente en el expediente 22-000210-0276-PE, bajo investigación de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta).
Para la Fiscalía General, ambas vías de financiamiento operaron al margen del control del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y de la tesorería del PPSD, tal como exige el Código Electoral. "Lo anterior, contraviniendo los principios de legalidad, transparencia y publicidad que rigen el financiamiento político en Costa Rica, afectando la integridad del proceso electoral", citó la entidad.
El Código Electoral señala que toda contribución a partidos políticos, candidaturas o precandidaturas debe ser realizada por personas físicas nacionales, plenamente identificadas, y canalizadas únicamente a través de los mecanismos oficiales del partido político.
