Sospechosos de caso “Turesky” presentan recurso de amparo contra Rodrigo Chaves

Alejandro James Wilson, conocido como "Turesky" y otro sospechoso de apellidos Cartín Ceba, presentaron un recurso de amparo contra el mandatario Rodrigo Chaves Robles.

El supuesto líder criminal de la organización y uno de los acusados en el caso de presunto narcotráfico y legitimación de capitales, acudieron a la Sala Constitucional debido a recientes declaraciones del presidente del Poder Ejecutivo.

Esto se debe a que, durante la conferencia de prensa del pasado martes 13 de agosto posterior a la reunión de representantes del Gobierno con diputados y miembros del Poder Judicial, Chaves mencionó a "Turesky" y dijo:

Esos proyectos de ley representan la desviación del garantismo que empezó en los años 90 en Costa Rica, para favorecer al victimario y no a la víctima.

Entonces claro, si usted se lo pasa a alguien que es de esa visión, protejamos a abrazos a los que dan balazos dicen "no está muy malo, porque Dios guarde mantener al Gery y a todos los demás en prisión preventiva, o a Turesky. 

Los sospechosos señalan en el recurso que el mandatario violentó su principio de inocencia, dado que todavía no existe sentencia condenatoria o absolutoria sobre ellos. Además, señala que Chaves los comparó con asesinos, cuando ellos no son acusados por homicidio, sino por narcotráfico. 

Extractos del texto, redactado por uno de los abogados del Caso Turesky, indican:

El presidente se está arrogando facultades que no le competen al decir que mis clientes son asesinos a sueldo, sin tomar en cuenta que don Alejandro y (a Cartín Ceba) los cubre el principio de inocencia del artículo 36, 39 y 41 de la Constitución Política, esto debido a que no existe el grado de probabilidad suficiente para determinar que mis clientes son autores de los delitos que se les acusa en la pieza acusatoria del Ministerio Público, ni mucho menos que estén acusados de homicidios o tentativas de homicidio. (…)

El señor Chaves no puede venderle a la ciudadanía a través de su nombradía, e insertar en el inconsciente colectivo, hechos falsos de un proceso penal que no conoce para difamar a mis clientes, violentando la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8 el cual garantiza a cualquier persona investigada en un proceso penal a sus Garantías Judiciales.

El presidente Chaves está violentado el principio de inocencia de mis representados. Además, el señor Chaves, se esta arrogando facultades que no le competen como funcionario público, al realizar comentarios sobre procesos penales que se encuentran en investigación.

Por esa razón, solicitaron a los magistrados que acoja de forma provisional la medida cautelar y se ordene al mandatario Rodrigo Chaves Robles que se abstenga de realizar comentarios y afirmaciones judiciales de culpabilidad sobre los imputados del caso conocido como Turesky.

También consideran que el mandatario también violentó el principio de juez natural, según detalló el abogado Joseph Rivera.

El presidente Rodrigo Cháves no es juez penal. Él no se puede arrogar facultades que no le competen, según lo que establece la Constitución Política y no puede andar divulgando información de procesos penales que apenas están en investigación. La ley se lo prohíbe.

Caso Turesky

De acuerdo con los informes previos a la acusación, en apariencia esta agrupación criminal importaba paquetes cocaína desde Colombia para ser almacenados en propiedades adquiridas en San José, Heredia y Limón y posteriormente enviarlos en embarcaciones con contenedores contaminados hacia Europa.

Según la Fiscalía, el grupo también se dedicaba a legitimar las ganancias obtenidas del negocio ilícito del narcotráfico, mediante la creación de empresas fachadas, desde donde compraban bienes tanto muebles como inmuebles, adquiridos o inscritos directamente a nombre de integrantes del grupo, testaferros o sociedades anónimas.

Los imputados descontaban medidas de prisión preventiva, arresto domiciliar, monitoreo electrónico y otra serie de restricciones impuestas desde 2021.

Sin embargo, en una polémica resolución el pasado martes 25 de junio, el Tribunal Penal de Apelación Especializado en Delincuencia Organizada tomó la decisión de no acoger la petición de la Fiscalía para extender las medidas cautelares contra los sospechosos y ordenar su liberación inmediata. 

El Ministerio Público solicitó esta semana de nuevo, interponer medidas cautelares sobre los acusados mientras inicia la audiencia preliminar: impedimento de salida del país, presentarse a firma cada quince días y la prohibición de comunicarse con testigos. Dicha petición fue rechazada por la defensa.

Luego de tres años desde que la estructura fue desmantelada, en la audiencia preliminar se determinará si el caso, tramitado bajo el expediente 18-000092-1219-PE, finalmente se eleva a juicio o no. 

Michael Castillo, uno de los abogados del sospechoso, confirmó que la audiencia está programada para realizarse entre el próximo 2 y 30 de octubre en los tribunales de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO), ubicada en el Primer Circuito Judicial de San José.

Los imputados en la causa además de James Wilson, son de apellidos Cartín Ceba, Picado Marín, Soto Rivera, Zúñiga Araya (mujer), Cartín Ramírez, Wein Calvin, Gutiérrez Gutiérrez, Gutiérrez Agüero (mujer), Chacón Bonilla, Solís Sánchez, Bejarano Benavides, Praslin Delgado, Alfaro Pérez, Picado Mora, Aguilar Ulloa (mujer), Molina Fonseca, Alfaro Alfaro, Vega Quirós, Mora Núñez (mujer), Guadamuz Herrera (mujer) y Marín Madrigal.