“Son de uso discrecional”: ICD sobre 39 carros cuestionados por supuesto espionaje en Presidencia

Fernando Ramírez Serrano, director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), reveló que la Presidencia puede utilizar discrecionalmente cualquiera de los vehículos que les sean entregados mediante convenio, siempre y cuando se utilicen en funciones propias de la naturaleza del trabajo del despacho al que fueron asignados.

Dos diputados de la Comisión Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa consultaron al funcionario sobre el proceso seguido para entregar los 39 vehículos que hoy están bajo cuestionamiento por su presunto uso en labores de espionaje político dirigidas por personeros de Casa Presidencial.

Priscilla Vindas del Frente Amplio y Gilberto Campos del Liberal Progresista le pidieron explicar la forma en que se otorgan estos bienes a raíz de la información que dio a CR Hoy con dos publicaciones este martes y jueves.

Las mismas revelan que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la indaga el presunto uso 39 vehículos decomisados a narcotraficantes y puestos a disposición de Casa Presidencial por el ICD para conformar un presunto grupo de espionaje político dirigido desde Zapote.

"Han llegado varias datos a través de informaciones confidenciales, de informantes y de distintas formas. Hay una investigación en curso, no necesariamente contra la DIS (Dirección de Inteligencia y Seguridad), pero hay varios cuerpos policiales involucrados en esto entonces no es solo contra un cuerpo policial, si no hay algo más amplio", reconoció Randall Zúñiga, director del OIJ.

Ramírez indicó que la Ley 8204 faculta al ICD, a través de la Unidad de Recuperación de Activos, para entregar estos bienes mediante la suscripción de convenios que establecen las responsabilidades de la institución receptora.

El jerarca confirmó que la entrega de estos vehículos se realizó, como en todos los casos, a solicitud de la institución pública interesada, la cual debía designar a una persona encargada de revisar las necesidades de los bienes bajo su administración.

Además, señaló que el convenio que autorizó el traspaso de estos vehículos fue firmado durante el gobierno anterior, pero dicho acuerdo se actualiza "cada cierto tiempo" de forma automática, lo que confirma que la administración de Rodrigo Chaves Robles mantuvo el interés en conservar esos vehículos bajo la administración del Ministerio de la Presidencia.

"Nosotros nada más atendemos la solicitud que realiza una oficina única, el convenio establece que cada institución define a una persona precisamente para evitar que todo mundo esté pidiendo, una persona quien realiza la solicitud a la Unidad de Recuperación de Activos de los bienes que necesita y esa es la persona autorizada para incluso ir a verlos.

En este momento es la directora de Casa Presidencial. Doña Hellen, no recuerdo el apellido. Hay actualizaciones, desconozco cuando fue la última, algunas son automáticas", reveló Ramírez.

Añadió que las cláusulas del acuerdo de entrega de los vehículos dejan claro que no se puede modificar el uso contemplado en el convenio, por lo que cada institución asume esa responsabilidad al momento de firmarlo.

Añadió que las cláusulas del acuerdo de entrega de los carros se deja claro que no se puede modificar el uso que se contempla en las cláusulas, por lo que cada institución asume esa responsabilidad cuando se firma el convenio.

"Cada quien es responsable por el uso que le dé al vehículo, existe un convenio que establece las responsabilidades, el ICD le da seguimiento y verifica el cumplimiento de las condiciones para el préstamo y cuando es requerido que hagan la devolución en las mismas condiciones en que nosotros lo otorgamos en caso de que una autoridad judicial disponga que hay que devolverlo a un imputado, pero lo que haga cada institución con el vehículo es responsabilidad de cada institución y deberán de seguir los procedimientos internos en caso de que existan algunas responsabilidades", explicó.

Investigación en curso

CR Hoy dio a conocer este martes que el OIJ tiene conocimiento, desde hace varios meses, sobre el presunto funcionamiento de una estructura de espionaje ilegal en Casa Presidencial, y mantiene una línea de investigación basada en los detalles recibidos.

El diputado liberacionista Francisco Nicolás Alvarado consultó ese día al director del OIJ, Randall Zúñiga, acerca de la posible injerencia de Jeffrey Cerdas Lobo, director de la Unidad Especial de Intervención (UEI) y de la Unidad de Protección Presidencial (UPP), ambas adscritas a Casa Presidencial, así como de Eduardo Guzmán López, conocido como "Inca Guzmán", asesor y agente de la UEI.

Sobre estos dos funcionarios cercanos al presidente Rodrigo Chaves, Zúñiga mencionó que "han llegado informaciones" sobre el presunto uso abusivo de recursos de Casa Presidencial para realizar acciones relacionadas con espionaje político.

"Nos llegó una información confidencial sobre eso", reiteró.

Aunque existe una causa penal abierta, el jerarca policial indicó que, de momento, no se han individualizado personas que podrían haber cometido delitos.

El 16 de octubre de 2024, CRHoy reveló que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) investiga una denuncia por la supuesta creación de una estructura paralela de espionaje político, presuntamente dedicada a dar seguimiento ilegal a políticos y funcionarios considerados adversarios del presidente Rodrigo Chaves Robles.

Bajo el expediente 24-000761-0619-PE, se indaga la posible existencia de una estructura de espionaje que operaría desde Zapote. La denuncia —a la que tuvo acceso este medio— señala que el grupo, autodenominado "Comandante" y liderado por el oficial Eduardo Guzmán López con apoyo de Jeffrey Cerdas, habría recopilado información sin sustento legal sobre diputados, magistrados, jueces y otros funcionarios desde 2023.

En su momento, Guzmán aseguró no tener conocimiento de la denuncia y, por tanto, dijo no poder referirse al caso. Además, cuestionó que cualquier persona pudiera presentar una acusación ante las instancias judiciales, aunque subrayó que estas deben estar respaldadas por pruebas.

Este medio tuvo acceso a la lista de vehículos que presuntamente fueron otorgados a la Presidencia y que estarían siendo utilizados de manera irregular para labores ajenas a las funciones policiales asignadas a esa dependencia.

Se trata de: 4 Toyota Land Cruiser, 5 Prado, 6 Hilux, 3 Yaris, 3 Corolla, 2 4Runner, 1 Fortuner y 1 RAV4; además de 2 Nissan Navara, 1 Qashqai, 1 X-Trail y 1 Frontier; también un Hyundai Tucson y un H1; así como 1 Land Rover Discovery, 1 Ford R250, 1 Kia Sorento y 1 Lexus NX300h.

De ese total, 30 vehículos se mantienen operativos, 6 están en talleres para mantenimiento y los 3 restantes se encuentran en proceso de devolución al ICD.

"Estamos ante vehículos fantasmas, que no responden a ninguna línea de supervisión democrática, sin bitácoras de registro de sus movimientos, y que podrían estar siendo utilizados para seguir, intimidar o presionar a quienes no se alinean con el discurso oficial, como en mi caso", denunció Nicolás.