Solo 14% de denuncias por violencia contra mujeres llegan a juicio y mitad terminan en absolutoria
Uno de los mayores retos que enfrenta el sistema de administración de justicia en Costa Rica es el resguardo de las mujeres que sufren violencia o agresiones. Una muestra de ello es que únicamente el 14 % de las denuncias llegan a juicio, y la mitad de esos casos concluyen en sentencia absolutoria.
Esta es una de las principales revelaciones del más reciente Estado de la Justicia 2025, un informe elaborado por el Programa Estado de la Nación (PEN), publicado este miércoles.
Durante el periodo 2019-2022, el Ministerio Público finalizó 18.486 expedientes relacionados con delitos prioritarios vinculados a la violencia contra las mujeres. Solo en 14 de cada 100 casos se solicitó apertura a juicio.
Esta cifra corresponde a los delitos más graves, como femicidio, maltrato, tentativa de femicidio, tentativa de violación, violación, violación agravada, violación calificada y violación contra una mujer.
La mayoría de los casos no supera la etapa preliminar, es decir, la fase inicial del proceso penal, en la que se investiga la existencia del delito, se identifica al posible responsable y se recogen pruebas. Un 66 % de esas causas terminó en desestimaciones o sobreseimientos definitivos.
La desestimación se refiere a la decisión de un juez o tribunal de rechazar o denegar que un expediente pueda continuar con un juicio o proceso legal, mientras que un sobreseimiento es una resolución judicial que pone fin a un proceso penal o administrativo antes de que se dictamine la sentencia, debido a la existencia de causas legales que impiden su continuación. Normalmente estos ocurren a petición de la Fiscalía.
La etapa preliminar actúa como un primer gran filtro para los casos de violencia contra las mujeres, fase en la que la mayoría no sobrevive. En ella interviene la Fiscalía con el fin de recopilar la información necesaria para que el caso avance, aunque no toda investigación concluye con una resolución condenatoria.
Para atender estos delitos, el Ministerio Público cuenta con la Fiscalía Adjunta de Género. Sin embargo, según el estudio, esta instancia no obtiene mejores resultados pese a su especialización; de hecho, presenta menos casos que algunas fiscalías no especializadas.
Esto se evidencia al comparar con el resto de despachos. El Ministerio Público está conformado por 74 oficinas: 42 fiscalías territoriales, 14 fiscalías especializadas, 14 fiscalías de flagrancia y 4 fiscalías de la Plataforma Integrada de Servicios de Atención a la Víctima (PISAV).
En términos generales, las fiscalías territoriales logran que los juzgados penales eleven más procesos a juicio que la Fiscalía Adjunta de Género, ubicada en San José. Entre 2019 y 2022, en promedio, un 20 % de los casos fueron elevados a juicio por esas fiscalías territoriales.
En contraste, ese porcentaje desciende a un 16 % cuando se trata de la Fiscalía Adjunta de Género. Según el informe, esto evidencia que, en materia de violencia contra las mujeres, persisten desafíos importantes incluso en las oficinas especializadas.
En 2022, la Fiscalía de Género solicitó más desestimaciones y gestionó más archivos que otras fiscalías. Entre las posibles causas señaladas están la alta rotación de personal y la incorporación de funcionarios de reciente ingreso, lo que dificulta consolidar un equipo realmente especializado.
También se señala que muchas víctimas enfrentan dificultades para continuar con el proceso y aportar pruebas más allá de su testimonio.
En cualquiera de estas resoluciones, el Ministerio Público debe presentar una solicitud ante el Juzgado Penal para cerrar el caso o, en su defecto, para que avance a juicio.
El Juzgado Penal es la fase intermedia del proceso, donde un juez o jueza de garantías evalúa si el expediente debe continuar o cerrarse, con base en los elementos de prueba recabados por la Fiscalía.
Cifra de condenas es incluso menor
De la ya pequeña fracción del 14 % de los casos de violencia contra mujeres en los que el Juzgado Penal dicta apertura a juicio, el 48,8 % concluye con una sentencia absolutoria y solo el 32,8 % de los procesos termina en condena.
Un 4,5 % se resuelve mediante un procedimiento especial abreviado. Además, en un 13,8 % se dictan sobreseimientos definitivos, lo que puede implicar riesgos de tutela por prescripción de los delitos.
Según el informe, en 2022 la principal causa por la que las mujeres acudieron al sistema penal fue el incumplimiento de medidas de protección, con 1.931 expedientes.
También destacan los abusos sexuales (721 casos) y los maltratos físicos o psicológicos (823 casos) como delitos recurrentes atendidos por los despachos judiciales.
Otros ni siquiera llegan a juicio
El Estado de la Justicia también evidencia un número significativo de casos que ni siquiera alcanzan la etapa de juicio y se cierran en la etapa intermedia.
En 2022, el Ministerio Público solicitó desestimar 2.720 casos vinculados a la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres y delitos sexuales. En 2.172 de esos casos —más de siete de cada diez— el sobreseimiento se fundamentó en la falta de elementos de prueba.
Esto no significa necesariamente que los imputados fueran inocentes, sino que las limitaciones institucionales y las dificultades propias del proceso impidieron reunir pruebas suficientes para solicitar apertura a juicio.
Una alerta destacada en el informe es la cantidad de sobreseimientos por prescripción de delitos sexuales. En total, 123 expedientes fueron cerrados de manera definitiva por vencimiento de plazos legales.
Esto significa que, al no tramitarse a tiempo, los expedientes se cerraron sin que se pudiera determinar la responsabilidad penal. Aunque estos casos representan un porcentaje pequeño del total, implican un grave riesgo para la tutela efectiva de derechos de las víctimas, que no acceden a la justicia por la lentitud del sistema.
Los datos también reflejan un aumento en las solicitudes de sobreseimiento por extinción de la acción penal.
En resumen, la mayoría de los casos de violencia contra las mujeres que se canalizan a través del Ministerio Público no superan la etapa preparatoria con una acusación formal. Por el contrario, gran parte de las denuncias se resuelven con sobreseimientos o desestimaciones.
Algunas causas responden en menor medida a hechos externos —como el fallecimiento o fuga del imputado—, pero otras obedecen a la tardía respuesta del sistema judicial, como la prescripción o el vencimiento de los plazos de investigación.
De acuerdo con el informe, entre 2017 y 2022 se implementaron 221 medidas —entre leyes, normativas y políticas judiciales— para combatir la violencia contra las mujeres. No obstante, persisten debilidades procesales.
Un muestreo detallado de 286 expedientes permitió analizar con mayor precisión el comportamiento de los procesos después del impacto de la pandemia. Entre los principales hallazgos destacan el escaso uso de pruebas periciales, la falta de información a las denunciantes, riesgos constantes de revictimización y dilaciones atribuibles a la gestión judicial.
Estos factores reducen la probabilidad de que las investigaciones avancen hacia el esclarecimiento de los hechos, lo que explica el bajo porcentaje de casos que llegan a juicio y el alto número de denuncias que terminan sin condena.
En 2022, el Poder Judicial recibió 34.637 denuncias por delitos sexuales y otros tipificados en la Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer, vigente desde 2007. Si se suman los registros de la jurisdicción de violencia doméstica, la cifra supera los 80.000 casos anuales.
El dato evidencia que las mujeres acuden masivamente al sistema judicial en busca de protección, aunque el informe también reconoce un probable subregistro de agresiones que nunca se denuncian.
Los delitos de violencia contra las mujeres constituyen el principal motivo de denuncias penales en el país, representando el 18 % de los expedientes terminados en materia penal durante 2019. Sin embargo, presentar una denuncia es apenas el primer paso de un proceso que muchas veces no culmina en justicia.
