Sindicatos exigen al Gobierno el cumplimiento del 8% del PIB a educación
Sala Constitucional aseguró que el no cumplimiento viola el artículo 78 de la Constitución
Los sindicatos de educación exigen al Gobierno que se cumpla el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) que debe ser asignado al presupuesto educativo de 2025.
De acuerdo con la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), el presupuesto asignado al sector este año incumple —igual a los presupuestos anteriores— en el mandato constitucional, esto tras la reciente resolución de la Sala Constitucional.
Durante el 2024, ANDE desplegó múltiples acciones de incidencia y presión dirigidas tanto al Poder Ejecutivo como a la Asamblea Legislativa, con el propósito de exigir el cumplimiento de este mandato en favor de la niñez y la juventud costarricense.
Estas gestiones forman parte de la lucha histórica de nuestra organización por garantizar un presupuesto justo, que permita condiciones dignas y una educación pública de calidad, detalló la agrupación.
El pasado martes 7 de enero, la Sala emitió una resolución tras una consulta planteada por la Defensoría de los Habitantes sobre el Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2025.
Por unanimidad, la Sala Constitucional concluyó que la omisión de asignar al Ministerio de Educación Pública (MEP) el 8% PIB destinado a la educación constituye una violación al artículo 78 de la Constitución Política.
La resolución 2025-380, refuerza el mandato constitucional de garantizar recursos suficientes para la educación pública.
Mientras tanto, ANDE reitera su llamado urgente a las autoridades para que, a la mayor brevedad posible, presenten los presupuestos extraordinarios necesarios para atender las demandas urgentes de los centros educativos en todo el territorio nacional, agregó el gremio sindical.
Para este año el presupuesto asignado al sector educativo (MEP, universidades, etc) es de ¢2.61 billones, es decir, un 4.98% respecto al PIB.
Lo anterior quiere decir que el Gobierno está presupuestando un 3,1% del PIB menos de lo que ordena la Constitución.
