Sindicato: “Si el Gobierno tuviera vergüenza, dejaría sin efecto decreto sobre 5G”
(CRHoy.com).-Las críticas al reglamento de ciberseguridad para la red 5G promulgado por el presidente Rodrigo Chaves, siguen dando de qué hablar.
Ahora a la cuestionada reglamentación se une el Sindicato de Ingenieros (Siice) del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
"El decreto ejecutivo sobre ciberseguridad adolece de validez jurídica y técnica, al incumplir consulta pública, limitar la libre competencia, basarse en acuerdos internacionales que poco tienen que ver con aspectos técnicos.
Pero lo más relevante es el impacto para la sociedad costarricense es obligar a empresas como el ICE a hacer una reingeniería de su plataforma móvil que llevará a mayores costos que tendrá que asumir gratuitamente el Estado y que llevará a mayores tarifas o pérdidas. Si el Gobierno tiene un poco de vergüenza, dejaría sin efecto el decreto", sentenció la agrupación sindical.
Y es que la actual administración usó como justificación para excluir compañías interesadas en proveer soluciones de infraestructura, el Convenio de Budapest, un acuerdo internacional con recomendaciones para combatir el cibercrimen.
De esta manera, compañías de países que no hayan firmado el tratado, no podrán ofrecer equipamiento en territorio nacional, tal es el caso de la transnacional china Huawei, ya que esa nación no rubricó el convenio que no tiene nada que ver con ciberseguridad.
Inconstitucional, ilegal e inconsulto
Uno de los principales cuestionamientos que se le ha hecho al decreto Nº 44196-MSP-MICITT, es que no se sometió a consulta pública, tal como lo estipula la Ley General de Administración Pública en el Título Noveno de los Procedimientos Especiales en el Capítulo Único de la Elaboración de Disposiciones de Carácter General.
Se preguntó al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) la razón para no someter a un proceso de consulta pública el Reglamento Sobre Medidas de Ciberseguridad Aplicables a los Servicios de Telecomunicaciones Basados en la Tecnología de Quinta Generación Móvil (5G) y Superiores y respondieron que "como se indica en el decreto, el Poder Ejecutivo, dada la naturaleza del anteproyecto de regulación en materia de ciberseguridad, determinó realizar la consulta conforme a lo previsto en el artículo 361 inciso 1) de la Ley General de Administración Pública, consultando únicamente las entidades descentralizadas que por la materia se podrían ver afectadas, por lo que así se indicó a la Sutel cuando se realizó la consulta Micitt".
De hecho, a organizaciones directamente involucradas como la Cámara Costarricense de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic) y la de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) les tomó por sorpresa la emisión del documento, ya que nunca fueron consultadas al respecto.
Precisamente la decisión de no consultar el reglamento, podría significar que el mismo tenga problemas de legitimidad.
Para el abogado constitucionalista Rubén Hernández, "ese requisito es de legalidad, no de constitucionalidad, así lo ha dicho la Sala IV".
En lo que coincide Hernández con Fabián Volio, también jurista especializado en materia constitucional, es en que el reglamento sí tiene roces con la Carta Magna, ya que viola su artículo 182 y los principios sobre libertad de competencia e igualdad de oportunidades en los procedimientos licitatorios.
De igual manera, el país podría enfrentar litigios internacionales por incumplimiento al Tratado de Libre Comercio con China, donde tiene su casa matriz la transnacional Huawei.
Para Juan Manuel Campos, abogado experto en telecomunicaciones, "el hecho de haber omitido la publicación es un problema de legalidad, si eventualmente se alegara en tribunales ordinarios".
Incluso el pasado 11 de setiembre se interpuso el primer recurso de amparo ante la Sala IV por parte de un ciudadano, contra el decreto.
