Sindicato pide al OIJ investigar presuntos nexos del Ministro de Trabajo con extraditable Celso Gamboa
Gremio sindical presentó denuncia formal contra Andrés Romero
El Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados (Sifupcr) presentó una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por aparentes nexos del ministro de Trabajo, Andrés Romero Rodríguez, con el extraditable Celso Gamboa Sánchez.
Los trabajadores alegan que, en apariencia, los supuestos vínculos entre Romero y Gamboa habrían propiciado "un desmantelamiento técnico-operativo" de la Dirección Nacional de Inspección Laboral, lo que, según sostienen, impide su labor en distintos sectores donde existirían antecedentes por trasiego de drogas.
En la denuncia, el sindicato expone que entre los años 2002 y 2011, el ministro Romero ocupó diversos cargos en el Ministerio de Gobernación, la Policía de Control de Drogas, el Viceministerio de Gobernación y la Dirección General de Migración y Extranjería. Durante ese mismo periodo, Gamboa se desempeñó como fiscal adjunto, viceministro de Seguridad Pública y director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).
"Si bien a estas alturas sería temerario afirmar de forma concluyente la existencia de una estructura conjunta, lo cierto es que ambos compartieron espacio institucional, lógica operativa y jerarquía funcional durante prácticamente una década. Cualquier coincidencia prolongada, sostenida, jerarquizada y con acceso privilegiado a inteligencia estatal no debería ser descartada sin una investigación seria. Al menos no por una institucionalidad que se precie de actuar con responsabilidad", señala el sindicato en su denuncia.
Supuesta reducción institucional
El sindicato afirma que, desde su nombramiento, el ministro Romero instauró un modelo de gestión orientado a "desactivar una estructura técnica sin levantar sospechas".
Denuncian que, desde hace más de un año, no hay subdirector nacional de Inspección Laboral, ya que el titular habría sido suspendido. También señalan que no hay funcionarios nombrados en la oficina regional de San José ni en las sedes rurales de San Carlos, Quepos y Alajuela.
El sindicato alerta que la supresión de estos cargos "impide ejecutar operativos, girar instrucciones coherentes y evaluar alertas internas".
En la denuncia recuerdan que recientes operaciones policiales conjuntas revelaron cómo empresas habrían sido utilizadas como plataformas logísticas para ocultar droga en empaques de piña, tarimas de yuca, bloques de chatarra, estañones refrigerados y sacos de harina.
"Empresas nunca visitadas por inspectores. O visitadas por inspectores sin jefatura. O tal vez con algún informe que ahora ya no existe", sostienen.
"Si los inspectores no visitan empresas, no observan anomalías. Y si no observan nada, no existe nada que denunciar. La inspección laboral no es un cuerpo policial, pero tiene por mandato legal la potestad de ingresar a cualquier centro de trabajo en cualquier momento del día sin orden judicial, levantar actas, entrevistar a trabajadores y observar condiciones estructurales y logísticas. Eso convierte al inspector en un testigo técnico privilegiado, cuyo accionar podría poner en riesgo a cualquier estructura empresarial que opere como fachada para actividades ilegales. ¿A quién incomoda esa figura? A los que requieren oscuridad administrativa, ausencias funcionales y visitas previamente anunciadas", añade la denuncia.
Los denunciantes solicitan la apertura de una investigación formal sobre los supuestos "vínculos jerárquicos, funcionales o de afinidad operativa" entre el ministro Romero y Gamboa.
Además, piden una auditoría de los actos administrativos adoptados desde 2023 en el Ministerio de Trabajo, incluyendo suspensiones de personal técnico, nombramientos directivos, cierres de oficinas, eliminación de expedientes y presuntas circulares operativas contradictorias.
CR Hoy intentó obtener una versión del ministro Romero; sin embargo, no fue posible localizar al jerarca al número registrado a su nombre. Tampoco se logró contacto a través de la Oficina de Prensa del Ministerio de Trabajo.
Los denunciantes enviaron copia de la denuncia a las autoridades de la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica y de la Administración de Control de Drogas (DEA por su siglas en inglés).
El texto completo de la denuncia lo puede ver en este enlace Denuncia Formal DEA
