Sindicato pide a Sala IV resolver recurso de amparo sobre suspensión de directivos
Amparo fue puesto en diciembre y acogido para estudio en enero
(CRHoy.com) El Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae) pide a los magistrados de la Sala Constitucional resolver el recurso de amparo sobre la suspensión de directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El amparo fue interpuesto el pasado 13 de diciembre a nombre de los directores cuestionados por Chaves: José Luis Loría, Maritza Jiménez, Martha Rodríguez, Carlos Salazar, y Jorge Hernández.
"Se solicita que se le de curso al presente recurso de amparo en defensa de la institucionalidad del país, y en aras de mantener el orden constitucional y el respeto de la autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social", reza el documento presentado en esa oportunidad.
Desde enero pasado, la Sala Constitucional acogió, para estudio, el amparo; sin embargo, a esta fecha los magistrados no han resuelto la queja del sector que pide la restitución.
"Desde Sinae hacemos un llamado vehemente a los magistrados de la Sala Constitucional para que se pronuncie respecto a nuestro recurso de amparo presentado desde diciembre de 2022. Es urgente que la autonomía de la CCSS sea resguardada", manifestaron este miércoles.
Recordemos que los directivos fueron suspendidos en diciembre anterior, luego de que el presidente de la República Rodrigo Chaves, y la jerarca de la institución, Marta Esquivel, acusaron a los directores de caer en conflicto de intereses en la toma de acuerdos sobre el aumento salarial retroactivo, y el salario mínimo inembargable.
El mandatario y la ejecutiva anunciaron que a los 5 directivos se les abrió un órgano administrativo en el Consejo de Gobierno, en el que se les suspendió mientras se desarrolla el proceso investigativo.
Sin embargo, recientemente salió a la luz un criterio de la Procuraduría General de la República (PGR) que se trajo abajo el argumento utilizado por el presidente y Esquivel, para llevar los casos al Consejo.
El ente procurador, en su papel de abogado del Estado, determinó que no cabe el conflicto de intereses en las discusiones y acuerdos como en los que se suspendió a los directivos.
