Sindicato pide a Sala IV resolver acción contra impuesto solidario a pensiones del Poder Judicial
Acción de inconstitucionalidad es contra impuesto solidario a pensión
El Sindicato de la Judicatura (Sindijud) envió una carta a los magistrados de la Sala Constitucional, pidiendo resolver una acción de inconstitucionalidad que tiene 4 años en trámite.
Se trata de una acción contra la ley 9796, que creó un impuesto solidario sobre la pensión que reciben parte de los exfuncionarios. Consideran que esa ley estableció una doble carga impositiva a los jubilados del Poder Judicial.
"Además de esa contribución, los jubilados del Poder Judicial contribuyen al mismo fondo con un 13% de su jubilación, eso es, de la prestación recibida deben entregar al Fondo de Pensiones un 13% por concepto de aporte como jubilado y un porcentaje adicional variable por concepto de contribución especial solidaria, todo dirigido al mismo fondo de pensiones", cita la misiva enviada a la Sala IV.
De acuerdo con el sindicato, muchos de los pensionados contaban con un monto a la hora de pensionarse, que bajó considerablemente cuando se aprobó la ley. En muchos casos, la disminución de su ingreso le impidió a los retirados, cumplir con sus compromisos y sufragar sus gastos.
A noviembre de 2023, tres accionantes murieron esperando resolución, 99 de los accionistas son adultos mayores y gran parte estaban próximos a cumplir los 65 años.
En total, existen más de 300 personas entre accionantes y coadyuvantes que se incorporaron al proceso desde que se interpuso la acción de inconstitucionalidad en 2024.
Sindijud ha presentado solicitudes de Pronto Despacho y solicitudes hasta frente la Corte Plena. No obstante, estas petitorias han sido rechazas, porque la acción de inconstitucionalidad no fue interpuesta inicialmente por el sindicato.
La carta dirigida a los magistrados, señalan desidia, letargo e insensibilidad de la Sala Constitucional hacia los jubilados que refutan el impuesto solidario.
"¿A cuántos accionantes tendremos que enterrar sin que hayan obtenido justicia pronta y cumplida?", señala el escrito.
Sala IV responde
Sala Constitucional, en San José.
Consultados por CRHoy, la Sala Constitucional argumentó que la gran cifra de expedientes que tramitan genera retrasos en la resolución de las acciones de constitucionalidad: aseguran que el circulante sobre pasa la capacidad de los magistrados y personal de apoyo.
"En el año 2023, entraron 31.537 asuntos, lo que constituye una cifra superior en 2.985 al total de expedientes que ingresaron en el año 2022. A pesar de lo anterior, la Sala dictó 33.834 resoluciones. Como puede verse los asuntos votados superan en 2297 a los asuntos entrados", manifestaron.
Además, por ley deben priorizar otro tipo de recursos. Aproximadamente el 40% del total de recursos de amparo que ingresan anualmente están relaciones con violaciones al derecho a la salud y estos tienen atención prioritaria.
"De conformidad con el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y las normas que están en la Ley de Jurisdicción Constitucional, esta instancia debe darles prioridad a los recursos de habeas corpus y de amparo, que en el año 2023 representaron más del 98% del circulante de la Sala Constitucional", señala la respuesta brindada.
Por otra parte, los magistrados constitucionales también son miembros de la Corte Suprema de Justicia y deben destinar todos los lunes a las sesiones de Corte Plena, así como asistir a las distintas comisiones que integran, lo que le resta tiempo para resoluciones.
"Finalmente, el tema que se discute en esta acción es complejo, de gran impacto y demanda de un análisis reposado de parte del Tribunal", señala la réplica solicitada.
Esta respuesta no sentó bien para el sindicato. Para Silvia Arce, secretaria general de Sindijud, los magistrados tienen un plazo como los demás jueces en el país, de acuerdo con la Ley de Jurisdicción Constitucional.
"Si cualquier otro juez que no fuera magistrado dice que no cumple los términos porque tienen muchísimo trabajo, lo que hacen abrirle una causa disciplinaria.
La Sala Constitucional tiene a su disposición muchos recursos para diseñar un plan remedial para atender el tema de su mora y entrabamiento", , señaló Arce.
