Sindicato exige salida de Douglas Soto de la gerencia del BCR por presuntas irregularidades en la SAFI

Solicitando transparencia, probidad, sana administración y el correcto uso de los recursos públicos que debe vigilar la junta directiva del Banco de Costa Rica (BCR), la Unión de Empleados del BCR (Unebanco) exigió la salida de Douglas Soto Leitón como gerente general de la entidad financiera.

El sindicato alegó que Soto y otros directivos han sido omisos y pasivos para investigar a lo interno las presuntas irregularidades en la compra de al menos 10 propiedades con sobreprecio por parte de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del BCR (BCR SAFI) desde 2017 a la fecha.

Informes elaborados por la Oficina de Investigaciones del Banco de Costa Rica (BCR) y que fueron revelados por este medio el pasado 29 de julio, revelan que BCR SAFI habría pagado $92 millones (más de ₡48.486 millones, según el tipo de cambio vigente al 29 de julio de 2024) en sobreprecios por esos bienes inmuebles.

Debido a que Soto y varios funcionarios que actualmente ostentan altos cargos en el banco participaron en el Comité de Vigilancia o en el Comité de Inversiones que estuvieron a cargo de monitorear estas adquisiciones, solicitan acciones más efectivas para sentar responsabilidades sobre las personas que habrían permitido estos negocios que calificó como ruinosos para los intereses del BCR.

"Reiteramos que esta pasividad e inacción por parte de la junta directiva BCR, es la que nos hace hoy para exigirle como sindicato a los miembros de esta junta directiva que se destituya de manera inmediata al señor Douglas Soto Leitón, gerente general del Banco de Costa Rica. Y que se abran los procesos administrativos correspondientes para los miembros del Comité de Inversiones de la SAFI que participaron en la toma de decisiones de las inversiones en investigación", explicó Jonathan Blanco, secretario general de Unebanco.

Una de las compras más polémicas es la del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) en Puntarenas, por la cual la SAFI desembolsó $70 millones en el 2020 a una sociedad vinculada con Vargas y en el último avalúo oficial se tasó su precio en $28 millones.

Según el informe de la unidad interna del banco, en el caso del PEP la sociedad ligada al exdiputado lo habría comprado por $16 millones y la habría vendido al SAFI con una diferencia adicional de $54 millones.

En medio del escándalo del PEP, dos altos jerarcas de apellidos Camacho y Bolaños renunciaron a sus puestos, luego de que se les cuestionara por supuestamente destruir discos duros de computadoras institucionales que en apariencia contenían información del proceso de adquisición del complejo de bodegas ubicado en Caldera.

Sobre la intervención con los aparatos del Estado y que estaban en custodia de los exgerentes, el sindicato señala que el Soto Leitón deben responder, pues la denuncia indica que él fue uno de los artífices de los hechos investigados.

"Consideramos que la orden de eliminar la información y destrucción de los discos duros, más lo que está investigando en este momento el Ministerio Público, existe la sospecha que fue ejecutada por la autoridad en este momento que representa al banco, que es el señor gerente general, Douglas Soto", dijo Blanco.

Sobre los 9 inmuebles restantes, que fueron objeto de análisis por parte de la Oficina de Investigaciones del BCR, se conoció que también estuvieron relacionados con sociedades ligadas al exlegislador Vargas. 

Las propiedades bajo la lupa se ubican en Guadalupe (centro educativo), Santa Ana (edificio Madrid), La Uruca, Ciudad Colón, Pavas y el ya conocido PEP. En el caso de La Uruca, Ciudad Colón y Pavas se manejaron fideicomisos con varios lotes. 

Por eso, Blanco insistió en que desde el 3 de junio pasado solicitaron a la junta del BCR, mediante el oficio SJD-0131-2024 que se analizara mediante un asesor jurídico y una auditoría externa la lista de compras que están bajo estudio. Pese a que se les dijo que en un plazo de 3 semanas tendrían una respuesta, el sindicato asegura que a la fecha no existe ningún avance.

Por esa razón son enfáticos en que la directiva es "pasiva y omisa" en su accionar sobre los posibles delitos que pudieron cometerse y que se describen en los informes de que Oficina de Investigaciones del Banco de Costa Rica, los cuales ya están en manos de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), en el  expediente 24-017883-0442-PE, donde se investiga presunta compra con sobreprecio, destrucción de equipos del banco y administración fraudulenta.

"La junta directiva del banco de forma pasiva y omisa en su accionar como máximo órgano resolutor, ante lo indicado por este sindicato, remarcando la existencia de una denuncia penal en la Fiscalía por estos hechos, misma investigación que nace precisamente porque se cree o existe algún grado de probabilidad de que se haya dado la orden de eliminación de información de discos duros, con la finalidad de que no se pudiesen recabar pruebas sobre estos actos", dijo Jonathan Blanco, secretario general de Unebanco.

Según el sindicato, existe un grupo de interés económico, propiedad del exdiputado, que promovió la venta de esas fincas a la SAFI y que para las decisiones de aprobación de dichas inversiones, Soto Leitón habría participado bajo la figura de presidente del Comité de Inversiones de la SAFI.

"Nosotros esperaríamos que esta junta ya hubiese hecho un auditoraje en la SAFI, un auditoraje profundo con órganos externos que no tengan amiguismos, compadrazgos, ni que tengan deudas políticas con los representantes tanto de la Junta como de la SAFI, para que sea un criterio objetivo, sin embargo, al día de hoy no vemos nada de eso", añadió.

A su criterio, el banco no puede ser liderado en este momento por alguien "cuestionado tanto administrativamente como judicialmente".

Informes reveladores

Los informes, elaborados a principios de este mes de julio, fueron remitidos a la FAPTA, donde ya existía una causa abierta para investigar la compra con sobreprecio del Parque Empresarial del Pacífico (PEP).

Esa dependencia investiga presuntas anomalías en la adquisición del complejo de bodegas ubicado en Caldera de Esparza, Puntarenas. Dicha propiedad fue adquirida a una sociedad vinculada a Humberto Vargas Corrales, exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) por la provincia de San José entre 2014 y 2018.

Por esa finca, la SAFI le pagó $70 millones a la sociedad del exlegislador y desde la apertura del parque se han presentado infinidad de problemas con permisos de operación, accesos, agua, cumplimiento de requisitos, entre otras cosas.

En el caso del PEP, cuya adquisición es investigada por la FAPTA, la sociedad ligada a Vargas lo habría comprado por $16 millones y la habría vendido al SAFI con una diferencia adicional de $54 millones.

Algunos de los 9 inmuebles restantes que fueron objeto de análisis por parte de la Oficina de Investigaciones del BCR también estuvieron relacionados con sociedades ligadas al exdiputado Vargas. 

Las propiedades bajo la lupa se ubican en Guadalupe (centro educativo), Santa Ana (edificio Madrid), La Uruca, Ciudad Colón, Pavas y el ya conocido PEP. En el caso de La Uruca, Ciudad Colón y Pavas se manejaron fideicomisos con varios lotes. 

Los bienes adquiridos en los últimos años por la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI) son sometidos a estudio por parte del ente financiero a raíz de solicitudes enviadas por diferentes inversionistas de los fondos, por supuestas anomalías que pudieron ocurrir en los procesos de compra.

Douglas Soto, gerente general del BCR, aseguró que atendieron las inquietudes de quienes confiaron su dinero a su subsidiaria y están en un proceso de análisis de todos esos negocios, sin especificar desde qué año se está haciendo esa investigación.

"Se tomó la decisión de revisar todas las compras que la SAFI ha hecho, (…) está en estudio de momento", confirmó.

Sobre lo expuesto por Unebanco, el BCR envió un comunicado sobre su posición con los siguientes puntos:

• El Banco de Costa Rica (BCR) es respetuoso de la posición que manifiesten los señores de UNEBANCO, como Sindicato de la entidad están en su derecho de emitir los criterios que consideren, aun cuando estos no agrupen el de todos los colaboradores del Conglomerado Financiero BCR
• Lamentamos los comentarios y sugerencias del Sindicato sobre la administración del BCR, los cuales no tienen ningún fundamento
• Sobre las investigaciones en curso, siguiendo la legislación vigente y en aras de no entorpecer los procesos investigativos que llevan a cabo las autoridades competentes, el BCR no se referirá al respecto. Reiteramos que el BCR es respetuoso de los comentarios que, sin fundamento, pueda emitir UNEBANCO
• Desde el primer momento en que surgieron dudas sobre los procesos para la adquisición de inmuebles en BCR SAFI, el BCR inició procesos de investigación internos que se mantienen en curso y develarán la verdad real de los hechos
• Se reitera que las utilidades de BCR SAFI ni del BCR se verán afectadas por las medias impuestas recientemente por SUGEVAL