Diputados intentan legalizar permuta de terrenos en Escazú con proyecto cuestionado por Contraloría

(CRHoy.com). La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa mantiene viva la discusión de un proyecto de ley que desde junio de 2021 fue cuestionado por la Contraloría General de la República (CGR).

Se trata del texto 22.256, presentado en ese año por el entonces legislador Carlos Ricardo Benavides, del Partido Liberación Nacional (PLN), el cual propone otorgar a la Municipalidad de Escazú una autorización para permutar un terreno destinado a facilidades comunales, en la urbanización Trejos Montealegre, por 2 terrenos con la "misma cabida e idéntica finalidad" en esa misma urbanización.

El plan procura desafectar del uso público de facilidades comunales, la finca matrícula de folio real número 1-695211-000 propiedad de la Municipalidad de Escazú, ubicada en la Urbanización Trejos Montealegre, en San Rafael de Escazú, y permutarla por 2 propiedades particulares pertenecientes a Inmobiliaria Magenta S.A. y Rollins S.A., cuyas matrículas de folio real son las números1-500917-000 y 1-629521-000, respectivamente.

Según la descripción del texto inicial, el área total a permutar "cuenta con idéntica cabida métrica y el mismo destino", pero con una "ubicación geográfica más accesible y provechosa en favor de la municipalidad y los vecinos de Trejos Montealegre". Apunta que las tierras que serían recibidas en permuta cuentan ya "con un anfiteatro debidamente construido y equipado" y con un "parqueo público construido y habilitado".

El proyecto insistía en que los 2 terrenos que se recibirían en la permuta contemplan un "valor agregado" solicitado por los vecinos de la misma urbanización a la hora de la negociación y que ya la Administración Municipal había gestionado lo pertinente ante la Procuraduría General de la República (PGR), para contar una ley especial que desafectara el bien público del municipio y se  les permitiera permutarlo. En ese momento, se indicó que se contaba con un estudio realizado por la alcaldía interesada y que existía anuncia del Concejo Municipal.

En junio de 2021, la CGR anotó 2 imprecisiones de forma en el texto del proyecto: la primera es que en el título no se contempla la desafectación respecto al inmueble a permutar y, la segunda, que se menciona que tanto en el título como en el Artículo 1 propuesto, que el inmueble de la Municipalidad de Escazú y los inmuebles de los sujetos privados que se pretenden permutar tienen la misma cabida. Sin embargo, según el ente contralor, tras revisar la información que consta en el Registro Nacional hay una diferencia de 41 decímetros cuadrados. Es decir, es inexacta la afirmación.

Además, la División Jurídica de la CGR mantiene abierta una investigación contra el alcalde Arnoldo Barahona, jerarca municipal de Escazú, por la aparente explotación privada de uno de los terrenos públicos que se permutarían con el proyecto de ley.  Uno de esos terrenos se ubica cerca del complejo comercial Avenida Escazú.

En marzo de 2019, la CGR ordenó al municipio garantizar el acceso libre y gratuito por la vía ubicada en el sector entre Avenida Escazú, tras constatar que una empresa privada estaba explotando un terreno del ayuntamiento. En ese momento, se señaló que las autoridades cantonales hicieron caso omiso a las especificaciones y en una inspección, la CGR volvió a comprobar el paso regulado (con aguja) y el cobro de un peaje por medio de un sistema "quick pass".

¿Cuáles son los antecedentes? Sobre la permuta del predio con número de folio real 1-695211-000 perteneciente a la Municipalidad de Escazú, la CGR determinó que, en ese terreno público, se construyeron por parte de entes privados un puente vehicular, un puente peatonal, infraestructura vial (calle, cordón, caño y aceras), una caseta de control de acceso con las respectivas barreras de uso privado y otras obras conexas.

También, se identificó que la finca madre del terreno en cuestión era la determinada por el plano catastrado  SJ-1093990-2006 con un área de 7.882,56 metros cuadrados (m2), el cual fue donado a la municipalidad , por la Compañía de Urbanizaciones Comerciales Sociedad Anónima (Cucsa), para facilidades comunales. Una donación que no se vio reflejada en el Registro Público de la Propiedad al momento de construirse la Urbanización Trejos Montealegre, pues no se realizó el procedimiento legal correspondiente para traspasarlo de manera inmediata a nombre del municipio.

A finales de 2015 e inicios de 2016, la empresa Portafolio Inmobiliario S.A. (desarrollador de Avenida Escazú), hizo del conocimiento del municipio, un plan para adquirir una parte de esa propiedad, destinada a facilidades comunales, la cual fue aceptada por el Concejo Municipal.

Posteriormente, en el año 2018, esa empresa de común acuerdo con Cucsa, que aún era el dueño registral de la finca madre, procedió a segregar el lote en 2 predios. Uno de los cuales fue registrado como la finca 1-695211-000, con una cabida de 3.479 m2 y que actualmente es analizada para permutar dentro del proyecto de ley.

"La propuesta legislativa de referencia, en alguna medida, pretende subsanar a futuro, asuntos sobre los cuales la CGR ha tenido conocimiento, y en el ejercicio de su función, ha emitido los productos de fiscalización respectivos (los cuales se adjuntan para su conocimiento). Asimismo, en la actualidad se mantiene abierta investigación sobre el tema", advirtió la autoridad contralora, en el análisis emitido en 2019

¿Qué sucede ahora? El proyecto sigue vivo y  en la Comisión de Asuntos Jurídicos se han efectuado discusiones al respecto. Incluso, en ese foro legislativo se han planteado actualizaciones al texto original que no modifican las advertencias hechas por la CGR.

Rocío Alfaro, diputada del Frente Amplio (FA), planteó en la sesión del pasado 21 de marzo mociones para retomar las discusiones en torno a las advertencias hechas por la autoridad contralora sobre este proyecto.

"Es tener presente las características conflictivas de este proyecto, que es un proyecto que ha sido señalado por la CGR como irregular en todo su procedimiento (…) "Nos preocupa que se utilice el recurso de legislar posterior a los hechos para tratar de librar de responsabilidades legales a los representantes legales de la municipalidad, en un procedimiento que, por un lado, terminó favoreciendo a una entidad de carácter privado y que después hace parecer que la comunidad recibe una obra que no corresponde con las necesidades de la comunidad", citó la diputada, quien advirtió que en el plenario el proyecto se debe rechazar.

La legisladora indicó que desde su despacho se comunicaron con la Asociación Cívica de la Urbanización Trejos Montealegre y en el comité vecinal denuncian que la situación "ha sido tremendamente irregular".

La propuesta sería acuerpada por legisladores del PLN y del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).