Sí hay alternativas: Las otras propuestas para negociar con el FMI

(CRHoy.com).- Carlos Alvarado retiró de la mesa de negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) una propuesta cargada hacia el aumento de los de impuestos a todas las familias y empresas.

Y, presionado por las manifestaciones en rechazo a esa hoja de ruta, anunció el domingo pasado que abrirá un espacio para armar un nuevo bloque de compromisos, con la esperanza de que el organismo multilateral lo acepte para girarle al Gobierno un préstamo de $1.750 millones.

Desde antes que Alvarado diera un paso atrás, ya múltiples actores le había sugerido alternativas más balanceadas que las construyó el equipo económico del Gobierno y que se presentó el 17 de setiembre en medio de un rechazo casi total.

Ideas de la academia

La alternativa más parecida a la del Gobierno que se ha presentado la redactó un grupo de economistas de la Universidad Nacional (UNA). Aun así, se distancia del plan del gobierno al proponer, como piedra angular del plan, que se eche a andar un agresivo plan de reactivación económica y de reestructuración del Gobierno.

Ambos elementos apenas se mencionan en el planteamiento que Alvarado defendió durante las últimas tres semanas a capa y espada.

También se diferencia la idea de la UNA al proponer que el país toque la puerta del FMI con un planteamiento donde figure la moratoria total o parcial del pago de intereses y amortizaciones de la deuda pública durante 36 meses. El Ministerio de Hacienda estima que este año el servicio de la deuda le costará ¢13.000 millones diarios.

Olman Segura, economista de esa universidad pública, consideró que el plan también debe contener el aumento de plazos y reducción de intereses que obligan al Gobierno a hacer un esfuerzo económico que fuerza la maquinaria de pagos de Hacienda.

La UNA planteó, la semana pasada, que la administración debería incluir en su listado de compromisos al FMI una potente iniciativa para acabar con la evasión y la elusión fiscal. Los economistas citaron que, según la Contraloría General de la República, en el 2018 la evasión en el pago del impuesto de ventas (actual IVA) fue de ¢650.000 millones.

La Universidad propuso que el impuesto sobre las transacciones financieras que el Gobierno impulsa se cobre solo sobre los movimientos bancarios mayores a ¢1.000.000 con la misma tasa de un 0,3% durante los primeros dos años y la de un 0,2% durante dos años más.

Planteó también un impuesto de un 10% a las sucesiones que superen los ¢100 millones. Los académicos también sugieren un aumento de ¢0,25 en el impuesto por cada mililitro de cerveza y de ¢0,30 sobre cada mililitro de otras bebidas alcohólicas.

El plan contempla solicitarles una contribución solidaria a las empresas instaladas en el régimen de zonas francas durante 12 meses; la eliminación de las exenciones fiscales y, en caso de extrema urgencia, que el Ministerio de Hacienda realice una emisión de bonos de emergencia por $1.600 millones que compraría el Banco Central de Costa Rica (BCCR), o que este último ente utilice un 20% de las reservas monetarias internacionales del país, que también sería equivalente a ese mismo monto.

No más impuestos: la otra vía

Otros actores, políticos, principalmente, plantea al Gobierno una alternativa donde el aumento de la carga de impuestos estaría casi ausente. Sus sugerencias incluso van encaminadas a eliminar tributos o bajar las tasas de los existentes.

Eli Feinzaig, economista y fundador del Partido Liberal Progresista, consideró que la nueva presentación al FMI debe enfocarse en un 80% en medidas de reforma estructural del Estado y del gasto público, además de buscar la venta de activos estatales con mayor valor y que despierten mayor apetito para que el Gobierno use el dinero para amortizar la deuda pública con el objetivo de bajar inmediatamente el gasto en intereses.

Otro componente de esta ruta es que el Gobierno se comprometa a echar a andar un programa de simplificación tributaria para eliminar la mayoría de los impuestos. Actualmente, el grueso de la recaudación se enfoca en menos de diez tributos, siendo el IVA, el impuesto sobre la renta y el impuesto al combustibles los primeros tres.

"Al hacer que los impuestos sean de base más amplia, al bajar las tasa de los impuestos para fomentar la reactivación de la economía se dará una mayor recaudación por el doble efecto de amplitud de base y mayor actividad económica", explicó.

Pedro Muñoz, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), piensa parecido. El legislador sugiere que el Gobierno se presente ante el FMI con un proyecto que implique:

• Eliminación del gasto superfluo como publicidad y viajes.
• Renegociación de la deuda interna, que es el 77% de la deuda total del Gobierno y que está en manos de instituciones públicas. Opina que se debe renegociar la tasa de interés de esa deuda.
• Apoyo a los emprendedores y trabajadores independientes para facilitar la reactivación económica
• Explorar nuevos mercados para las exportaciones costarricenses.
• Bajar las cargas sociales que deben pagar las empresas y los trabajadores.
• Una reforma profunda al empleo público.
• Aprobar una ley de incentivos para el turismo que otorgue beneficios fiscales y no fiscales para las empresas del sector y crear un fondo de fomento a la actividad turística.
• Bajar los costos de los servicios públicos revisando las metodologías que usan las empresas para fijar las tarifas, entre otras propuestas.

Juan Carlos Hidalgo, experto en políticas públicas, analista y militante del PUSC, consideró que la propuesta original del Gobierno era poco realista al pretender aumentar la recaudación de impuestos es cinco puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) a pesar de que la economía costarricense atraviesa por su peor ahogo en los últimos 40 años.

"Ningún plan fiscal anterior ha logrado recaudar más de un 1,5% del PIB en un año. Entonces, lo que sugería el Gobierno era simplemente delirante", afirmó.

Por otra parte, Hidalgo considera como deseable que el país sí llegue a un acuerdo de servicio ampliado con el FMI, solo porque obtendría recursos por $1.750 millones que le permitirían asumir los cambios internos con mayor tranquilidad, sino porque le abriría la puerta al país a un mayor endeudamiento externo y tranquilizaría a las calificadoras de riesgo y a los tenedores de bonos de las deuda soberana.

Sin embargo, cree que la propuesta para convencer al FMI se debe sentar sobre un profundo recorte del gasto y no sobre la creación de más impuestos para aumentar los ingresos del Gobierno.

De hecho, indicó que la única propuesta para robustecer la carga tributaria que consideraría como aceptable hacerle al organismo, sería un aumento de 2 puntos porcentuales en la tarifa del IVA, para subirla de un 13% a un 15%.

Por lo demás, opina que un ajuste interno basado en el recorte del gasto del Gobierno tendría hasta un efecto estimulante en la economía.

"Con base en esto, hay que preguntarse cuál es el rubro más importante en el gasto. Para el año entrante, un 42% del Presupuesto Nacional se va a destinar al servicio de la deuda. Entonces, debería estar sobre el tapete qué hacer con esto. Hay que proponer una reestructuración de la deuda interna, tratando con sumo cuidado aquella que esté en manos de los bancos, pues son ahorros de los costarricenses, o de las operadoras de pensiones, pues se trata de futuros beneficios para los ciudadanos", consideró.

 

Salario único ya para todo empleado público

Hidalgo también le recomienda al presidente Carlos Alvarado que se comprometa con las autoridades del FMI a aprobar durante el primer semestre del año entrante una ley de empleo público que permita aplicarles a los actuales empleados del Estado el salario único, que no devenga pluses salariales.

Aunque consideró que la apuesta es polémica, pues podría provocarle una cascada de demandas laborales al Gobierno, hay criterios de reconocidos abogados constitucionalistas que avalan ese cambio inmediato.

También opina que el Gobierno debería respetar la Regla Fiscal de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y no pagar el salario escolar del 2021.

Ese mecanismo le pone un tope al gasto del Gobierno en circunstancias apremiantes de endeudamiento y cuando la deuda supera el 60% del PIB, como ya ocurrió, ordena no girarles aumentos salariales a los empleados públicos.

"Según el último voto de la Sala Constitucional, el salario escolar es un aumento salarial diferido que reciben los empleados del sector público, por esto debería de estar sujeto a la regla fiscal, e implicaría un ahorro inmediato de un 0,4% del PIB en el caso del Gobierno Central, que sería de hasta un 0,8% del PIB en caso de que se aplicara al resto del sector público", sugirió.

Su planteamiento al Gobierno incluye el compromiso con el FMI de unificar todas las compras públicas en el Sicop, medida que según el Ministerio de Hacienda le ahorraría al Gobierno un 1% del PIB.

Para Hidalgo, es necesario que Carlos Alvarado se comprometa también a pasar una reforma, con plazo perentorio para que las pensiones con cargo al presupuesto no superen ¢1,6 millones mensuales, que es el mismo monto de la pensión más alta que paga el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La reactivación económica es fundamental en la ruta que sugiere a Zapote. Según él, con datos del Ministerio de Hacienda y del Banco Central, el momento en el que el Estado recaudó más impuestos fue durante el periodo 2004-2006, cuando el crecimiento económico promedio fue de un 5,6%, lo cual permitió que Hacienda gozara de un superávit primario durante varios periodos.

"Cuando la economía está creciendo, está pujante, se generan recursos frescos y por eso es que debemos apostar por un ajuste fiscal que no torpedee la economía, como sería aumentar los impuestos.

"Por eso es tan importante comprometer al Instituto Costarricense de Electricidad a que aplique en un cien por ciento las Normas Internacionales de Información Financiera, que permitiría una reducción hasta de un 30% en las tarifas de electricidad y hacer un reajuste en las cargas sociales, de ahí que yo rescate de la propuesta original del Gobierno la reducción de un 5% en la contribución patronal, además de abrazar la moratoria en la creación de nuevas regulaciones", detalló.

Hidalgo dijo que está de acuerdo con la propuesta que hizo el exministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, destituido por Carlos Alvarado en mayo pasado, de rebajar la tasa del impuesto de renta sobre las empresas a un 25%.

En su plan original, sin embargo, el Gobierno incluyó un incremento de ese tributo para ese sector que habría subido la tarifa a un 36%, lo cual provocó el rechazo inmediato de las cámaras empresariales a la propuesta de Zapote.