Si cree que el 2020 ha sido un año malo económicamente, los que vienen podrían ser peores

(CRHoy.com).- ¿Espera que acabe el 2020 para celebrar que se ha ido un año muy malo? Pues las proyecciones para el 2021 no son nada halagüeñas en materia económica. Y tampoco para el 2022. Debe saber que la incertidumbre financiera se alargará.

En su Informe Técnico sobre el Presupuesto Nacional 2021, la Contraloría General de la República (CGR) anticipó que la desaceleración económica que experimenta Costa Rica en el 2020 implicará fuertes recortes en el gasto a futuro.

Lo anterior debido a la aplicación de la Regla Fiscal que le pone un tope al crecimiento del gasto público. Al tomar todas las variables que influyen en la rigurosidad de ese instrumento de control, como el porcentaje que alcanza el endeudamiento del Gobierno Central y el crecimiento económico, la Contraloría determinó que el gasto total para el 2022 podrá crecer un máximo de un 1,7%.

Ese porcentaje de crecimiento será 2,4 puntos porcentuales menor que el estipulado para el 2021, que será de un 4,13%, aunque en realidad el gasto corriente en el 2021 crecerá solo un 1% por decisión del Poder Ejecutivo.

Origen del problema

Para el 2022, se aplicará la regla fiscal que delimitará el gasto observando el crecimiento promedio anual del producto interno bruto (PIB) nominal de los últimos cuatro años anteriores a la formulación del presupuesto.

Es decir, que usará para dicha tarea los datos del PIB del periodo 2017-2020 y el de endeudamiento del Gobierno como porcentaje del PIB correspondiente al cierre del 2020, un 70,4% del PIB.

Así que, para montar el presupuesto del 2022, el Gobierno deberá aplicar el cuarto escenario contemplado en la Regla Fiscal, en el que se establece que el crecimiento del gasto total no podrá superar un 65% del crecimiento promedio del PIB nominal para el periodo antes mencionado.

Y aquí es donde entra a jugar el mal panorama financiero y económico que ha vivido el país en este 2020. Durante este año, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) ha hecho tres proyecciones sobre el crecimiento económico. La primera fue en enero, cuando estimó que el PIB crecería en un 2,5%.

Después, cuando la pandemia impactó al país, en abril el Central previó una contracción de la economía en un -3,6%. La última estimación la hizo en julio, cuando determinó que la caída en la producción sería por el orden de un 5%.

Entonces,  la estimación del crecimiento del gasto total en el Presupuesto Nacional del 2022 deberá incluir la contracción de un 5% que se pronostica para el 2020, a no ser de que haya una cuarta.

Con las proyecciones del PIB y del endeudamiento para este año, aplicaría en el 2022 el cuarto escenario que prevé la regla fiscal a la hora de calcular el crecimiento del gasto.

Según el artículo 11 del capítulo II de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que dicta los rangos de deuda que deben considerarse para determinar el crecimiento del gasto corriente, deberá aplicarse el escenario del inciso d) del artículo 13 de la Regla Fiscal, que textualmente dispone:

"El Poder Ejecutivo no podrá efectuar rescates financieros, otorgar subsidios de ningún tipo, así como realizar cualquier otro movimiento que implique una erogación (gasto) de recursos públicos, a los sectores productivos, salvo en aquellos casos en que la Asamblea Legislativa, mediante ley, declare la procedencia del rescate financiero, ayuda o subsidio a favor de estos".

Consecuencia de lo que hoy sucede

Desde ahora, la Contraloría advierte que la aplicación del porcentaje de crecimiento mínimo en el gasto proyectado en el presupuesto del 2022 repercutirá en la inversión de capital que pretenda hacer el Gobierno. Parte de esa inversión, por ejemplo, es el desarrollo de infraestructura pública.

La reducción en el porcentaje de crecimiento del gasto también detonará en los bolsillos de los pensionados y de los funcionarios públicos.

Esto, porque el artículo 13 antes mencionado, también dispone que, al verse obligado el Gobierno a aplicar medidas extraordinarias en el caso de que se cumpla el escenario del inciso d), tampoco se ajustarán por ningún concepto las pensiones, excepto en lo que corresponde a costo de vida.

También indica que no se realizarán incrementos por costo de vida en el salario base, ni en los demás incentivos salariales. 

Esos beneficios, además, no podrán ser reconocidos durante la duración de la medida o de forma retroactiva, salvo para lo relacionado con el cálculo para determinar las prestaciones legales, jubilaciones y la anualidad del funcionario.

Además, obliga al Gobierno a no suscribir préstamos o créditos, con excepción de aquellos que sirvan para paliar la deuda pública o se utilicen para gastos de capital.

Es así como las peores consecuencias de la actual crisis no se verán todas durante el 2021. El 2022 también reserva un escenario presupuestario lleno de tensión para el Gobierno y para la ciudadanía.