Este es un extracto de la entrevista.

Usted integra la Comisión de Asuntos Hacendarios. ¿Cómo le explica a la población la situación fiscal del país?

Me gustaría dar buenas noticias, pero no puedo hacerlo. Se avecina una situación complicada.

El Gobierno nos está solicitando aprobar más de $13.500 millones en deuda con el argumento de sustituir deuda cara por deuda barata.

¿Se refiere a los eurobonos?

Sí. Para explicarlo de manera sencilla, los eurobonos son instrumentos de deuda que el Gobierno emite para que inversionistas extranjeros los adquieran a cambio del pago de intereses.

Lo que nos están pidiendo, como nunca antes en la historia del país, es autorizar $13.500 millones en deuda. Si lo hacemos, estaríamos comprometiendo financieramente a esta administración, a la siguiente y a la mitad de una tercera.

Eso significa endeudar gobiernos futuros sin saber cuál será el contexto económico que enfrentarán. Me parece muy peligroso y estamos en contra.

Además, considero que nos están recetando más impuestos, aunque el Poder Ejecutivo diga lo contrario. Lo más preocupante es que se habla de gravar productos de la canasta básica.

El Gobierno asegura que los impuestos los pagarán los ricos, pero eso es un cuento. Todos terminaríamos pagando más por los productos que consumimos si ese paquete fiscal llega a aprobarse.

Probablemente también habrá mayores impuestos sobre la renta. La situación viene difícil.

Lo positivo es que la fracción del Partido Liberación Nacional estará vigilante ante estos cambios.

El PLN ha cuestionado el manejo de recursos públicos y la plataforma Tribu-CR. ¿Considera que el Gobierno ha sido suficientemente transparente en materia fiscal?

No vamos a apoyar ningún proyecto que implique nuevos impuestos y también nos aseguraremos de que se devuelvan los recursos que se hayan cobrado de más.

Un informe de la Contraloría General de la República señala que, bajo la plataforma Tribu-CR, utilizada para el pago de impuestos, se han realizado cobros superiores a los correspondientes.

¿Cómo se devolverán esos recursos? Hacienda no realiza devoluciones en efectivo salvo mediante trámites sumamente engorrosos.

En pocas palabras, estamos pagando impuestos por adelantado en medio de una situación económica muy difícil.

Veo muchas contradicciones y, en ocasiones, me parece que el pueblo no despierta. Creo que estamos fallando en la comunicación y que el mensaje no está llegando.

Vamos a mejorar esa comunicación para que defendamos lo que todavía tenemos de este país maravilloso que es Costa Rica.

El proyecto sobre Crucitas ha provocado intensos debates. ¿Cuál es su posición como diputada de Alajuela y cuáles son las líneas rojas que el PLN no está dispuesto a cruzar en esta discusión?

El tema de Crucitas es de especial importancia para mí porque soy de San Carlos y lo conozco desde hace más de veinte años, cuando la empresa minera Industrias Infinito pretendía realizar una explotación minera a cielo abierto en la zona.

Desde ese momento me dediqué a investigar muchísimo acerca del tipo de extracción que se proponía y todas las investigaciones apuntaban a que la minería a cielo abierto es la técnica más destructiva y la de mayor impacto ambiental para la extracción de minerales. Desde entonces me he opuesto rotundamente a esta técnica tan devastadora.

No es un tema de ahora, sino que ha marcado toda mi trayectoria. Incluso antes me opuse a otra empresa minera, también de origen canadiense, que pretendía extraer azufre en lo que hoy es el Parque Nacional Juan Castro Blanco, que constituye una verdadera esponja hídrica para toda la Zona Norte.

Mi oposición ha sido por la misma razón: estas empresas pretenden eliminar la cobertura vegetal, abrir enormes tajos y construir pilas donde se deposita agua contaminada con cianuro y otros minerales utilizados en la extracción del oro. Al final, no dejan nada más que destrucción y, según el Código de Minería vigente, al país únicamente le correspondería un 2% de las utilidades.

Lo mismo sucede con el proyecto que propuso el Gobierno a finales del 2024, que únicamente eleva ese porcentaje del 2% al 5%. En otras palabras, nos siguen dejando migajas.

¿Qué establecería este proyecto desde su punto de vista?

Hoy se están robando el oro. Con ese proyecto igualmente se lo robarían, pero de forma legal, porque les estaríamos autorizando quedarse con la mayor parte de las ganancias al destinar tan pocos recursos al país.

Del 5% que le correspondería a Costa Rica, un 25% sería para la Municipalidad de San Carlos y un 3% para las asociaciones de desarrollo, lo cual considero positivo porque son las organizaciones que más aportan a las comunidades. Sin embargo, un 72% de ese 5% iría al Gobierno Central.

Esa es precisamente la parte negativa. Más bien, lo que he propuesto es que ese porcentaje se distribuya entre otros cantones que también sufren las consecuencias de la minería ilegal, como Upala, Los Chiles, Guatuso, Sarapiquí y Río Cuarto. Son cantones de toda la Región Huetar Norte que se ven impactados por esta problemática.

¿Por qué no están de acuerdo específicamente con este proyecto usted y la fracción del PLN?

Porque es un proyecto que no resuelve el problema en el corto plazo. No lo digo yo, lo dice nuestra legislación y los trámites que deben cumplirse ante la Setena para desarrollar una explotación minera en el país.

La empresa Industrias Infinito tardó aproximadamente 12 años en completar todos los requisitos exigidos por Costa Rica, que son particularmente rigurosos. Nuestra normativa no le facilita el camino a una empresa minera.

Los estudios que hemos realizado indican que, si mañana se aprobara el proyecto presentado por el Gobierno, tendrían que pasar entre ocho y diez años para que una empresa inicie operaciones en Crucitas. Posteriormente, habría que esperar un año adicional para conocer cuáles fueron sus utilidades y determinar cuánto representa ese 5% para distribuirlo.

Por lo tanto, no es una solución a corto plazo.

Yo misma se lo dije a doña Laura Fernández durante nuestra visita a Crucitas: "Doña Laura, este proyecto tardará entre ocho y diez años en ejecutarse. No resuelve esto en el corto plazo". Ella me respondió: "Por algo hay que empezar". Mi respuesta fue: "Está bien, pero ¿qué hacemos mientras tanto?".

¿Qué va a pasar con la inseguridad que vive la zona? ¿Qué ocurrirá con el tema migratorio, el contrabando de armas, el ingreso ilegal de cianuro y mercurio? Esa es nuestra preocupación.

Por esa razón, en las negociaciones relacionadas con el retiro de las mociones que hemos presentado, hemos puesto estos temas sobre la mesa.

Nuestras zonas fronterizas llevan décadas abandonadas. Esa comunidad no tiene ni siquiera una ruta nacional en buen estado. Sus habitantes no pueden sacar sus productos, no cuentan con agua potable ni tienen suficientes actividades productivas.

¿Cuál es la alternativa que proponen usted y el PLN?

La certificación de minerales, algo novedoso que actualmente no existe en Costa Rica. Este mecanismo se utiliza en países como Brasil, Argentina, Inglaterra y Estados Unidos.

¿En qué consiste esa certificación?

Se llama tokenización, en este caso del oro. Consiste en certificar el oro que existe en cada finca por bloques.

El área que se otorgaría en concesión se certifica internacionalmente para determinar cuánto oro contiene. No es un procedimiento sencillo ni se realiza actualmente en nuestro país. Se trata de una certificación internacional cuyo costo es millonario y constituye la principal inversión que debe realizar la empresa concesionaria.

La otra inversión corresponde a la seguridad, pues la empresa debe garantizar la protección de la finca donde se encuentra el mineral certificado. Fuera de la propiedad, corresponde al Estado costarricense garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.

Con este proyecto se pretende certificar el oro por bloques. La empresa únicamente invierte en la certificación y en la seguridad, sin tener que esperar ocho o diez años para obtener recursos.

Para dejárselo claro a la gente, ¿en esta propuesta no habría extracción de oro?

No la hay.

Quien adquiere estos activos digitales nunca pretende poseer el oro físicamente. Este modelo únicamente funciona para empresas que no requieren el mineral en físico. Se trata de un negocio meramente financiero.

No habría extracción del oro ni de otros minerales que eventualmente puedan certificarse. El Estado recibiría recursos por cada transacción realizada. Es una propuesta muy innovadora.

¿Le preocupa que el creciente enfrentamiento entre el Ejecutivo y otros poderes de la República termine debilitando la institucionalidad democrática del país?

Nosotros iniciamos este periodo con una actitud muy positiva. Nuestra posición nunca ha sido oponernos simplemente por llevar la contraria.

Siempre dijimos que apoyaríamos los buenos proyectos y aquellos que fueran de interés nacional. Sin embargo, a pesar de esa disposición, lo único que hemos recibido han sido ataques.

Durante la primera semana aprobamos más de $1.300 millones en proyectos importantes para el país, relacionados con el tren eléctrico, la Marina de Limón, agricultura sostenible y emergencias.

Nos hubiera gustado construir consensos en otros proyectos, como el de Armonización Eléctrica, pero no se nos permitió. Nos extraña que en algunos proyectos sí exista apertura al diálogo y en otros no.

Siempre hemos estado dispuestos a negociar. Ahora, más bien, he sentido desconfianza.

¿Cómo evalúa la política de seguridad de la actual administración?

La política de seguridad, tanto de la administración anterior como de esta, es pésima. No tiene otra calificación.

Son alarmantes los recortes presupuestarios al Poder Judicial. No se ha hecho nada. Ni el Gobierno anterior ni este cuentan con un plan para resolver la inseguridad.

Hace pocos días vimos cómo anunciaron nuevamente la apertura del control antidrogas en las fronteras, un mecanismo que fue eliminado durante la administración del expresidente Rodrigo Chaves. ¿Qué ocurrió durante estos tres años en los que nuestras fronteras estuvieron abiertas al narcotráfico?

Ahora, con bombos y platillos, anuncian el restablecimiento de ese control. Revirtieron una decisión que ellos mismos tomaron. Son señales contradictorias que nos preocupan.

En agosto inician las sesiones ordinarias en el Congreso. ¿Hacia dónde deben dirigirse los esfuerzos?

Sin duda alguna, hacia el combate a la inseguridad, el narcotráfico y el crimen organizado.

Necesitamos un país seguro porque eso repercute directamente en otras actividades, como el turismo. No podemos esperar la llegada de más visitantes a un país que no les ofrece seguridad.

Los proyectos relacionados con estos temas tendrán toda nuestra atención.

¿Qué valoración hace del primer paquete enviado por el Poder Ejecutivo en materia de seguridad?

Hemos estado analizando las iniciativas presentadas por doña Laura Fernández. Diversas instancias también las han estudiado y consideran que no resolverán la crisis que vivimos.

Incluso hay proyectos que me generan preocupación porque podrían colocarnos a todos en una situación de desventaja.

¿Cuál le preocupa particularmente?

El que plantea que, si en algún momento somos detenidos, prácticamente el oficial de la Fuerza Pública podría actuar sin los contrapesos que actualmente existen. Eso me preocupa muchísimo.

Hoy contamos con mecanismos que nos protegen frente a posibles arbitrariedades y considero que deben mantenerse.

Usted fue una de las voces más críticas sobre la suspensión de garantías individuales como estrategia contra el crimen organizado.

Tenemos líneas rojas. Eso significa que podemos negociar algunas cosas, pero hay otras que no se negocian.

No vamos a negociar valores y principios que nos han caracterizado como país. No vamos a negociar el debilitamiento de nuestras instituciones ni de nuestra democracia.

Jamás permitiremos el levantamiento de las garantías individuales. Creemos que sería una puerta muy peligrosa y que no constituye la solución al problema.

Diputómetro