San José, Cartago y Heredia perderán un diputado a partir de febrero de 2026
Alajuela, Puntarenas y Guanacaste ganarán un representante en el Congreso
En la nueva Asamblea Legislativa del período constitucional 2026-2030, las provincias de San José, Cartago y Heredia perderán un diputado cada una. Por su parte, Alajuela, Puntarenas y Guanacaste sumarán una nueva curul cada una, mientras que Limón mantendrá la misma cantidad de congresistas.
Este jueves, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) anunció que ya quedaron definidas las diputaciones por provincia, según lo dispone el artículo 106 de la Constitución Política. Semanas atrás, el órgano electoral había dudado en utilizar el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para cumplir con dicha disposición constitucional (ver nota abajo).
Así cambiará la conformación del Congreso para 2026:
• San José pasará de 19 a 18 diputados (−1)
• Alajuela pasará de 11 a 12 diputados (+1)
• Cartago pasará de 7 a 6 diputados (−1)
• Heredia pasará de 6 a 5 diputados (−1)
• Puntarenas pasará de 5 a 6 diputados (+1)
• Guanacaste pasará de 4 a 5 diputados (+1)
• Limón se mantendrá con 5 diputados
¿Qué dudaba el TSE?
Semanas atrás, el TSE había expresado dudas sobre la utilización del censo de 2022 del INEC, ya que este tuvo una cobertura de apenas un 60,7 %, en comparación con el 91 % alcanzado en el censo anterior, realizado en 2011.
Ante ello, la autoridad electoral decidió tomar como base, para la distribución de los escaños legislativos, las estimaciones poblacionales oficiales del año 2022 (publicadas en 2023), elaboradas por el INEC.
"Esos datos corresponden a las cifras obtenidas del ejercicio censal 2022, complementadas, mediante técnicas estadísticas rigurosas, con registros administrativos, lo que permite determinar —con alto grado de fiabilidad— la población total y por provincia. Según el INEC, esas estimaciones poblacionales se consideran datos confiables y pueden ser utilizados para la toma de decisiones en distintos ámbitos", explicó el TSE.
El tribunal añadió que, con esta decisión, cumple el referido mandato constitucional y hace justicia a las variaciones demográficas ocurridas en el país.
"No actualizar la asignación de plazas legislativas por provincia hubiera provocado una discordancia entre la distribución actual de la población en el territorio y la cantidad de representantes que cada provincia tiene derecho a elegir, pues la anterior repartición se había realizado según el resultado del censo de 2011", agregó.
