Sala IV recibe primer recurso contra extradición: piden liberar a Celso Gamboa y otros extraditables
Recurso plantea que la reforma del 2025 no puede aplicarse retroactivamente y cuestiona la legalidad del tratado vigente con EE. UU.
La Sala Constitucional recibió este viernes la primera acción de inconstitucionalidad contra la reforma que autorizó la extradición de costarricenses hacia otros países, como Estados Unidos.
La presentación del recurso ocurre tan solo cuatro días después de la captura de los primeros tres extraditables ligados a un caso de narcotráfico internacional: el exministro Celso Gamboa Sánchez, el exconvicto narco Edwin López, alias Pecho de Rata, y Jonathan Álvarez Alfaro, sospechoso de legitimación de capitales.
Todos ellos son requeridos por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), agencia antinarcóticos estadounidense, para ser llevados ante un tribunal en Dallas, Texas, donde enfrentarán una acusación por conspiración y distribución internacional de cocaína.
La Sala IV confirmó a CR Hoy la recepción del expediente 25-018436-0007-CO, en el cual se impugna la constitucionalidad de la Ley de Extradición (N.º 4795) y del Tratado de Extradición con Estados Unidos (Ley 7146).
Los recurrentes alegan que estas normas, tal como están redactadas, violan el artículo 34 de la Constitución Política al permitir la extradición retroactiva de nacionales.
La demanda señala que la reforma constitucional recientemente aprobada —el 20 de mayo de 2025, mediante la Ley 10730—, que modificó el artículo 32 para habilitar la extradición de costarricenses, no puede aplicarse con carácter retroactivo a hechos anteriores a su entrada en vigencia.
En particular, critican el artículo 22 del Tratado de Extradición, el cual dispone su aplicación a conductas cometidas antes y después de su entrada en vigor, pues esto desconocería derechos adquiridos y podría afectar casos ya prescritos según la legislación nacional.
Los peticionarios argumentan que, pese a la reforma constitucional, ni la Ley 4795 (del 16 de julio de 1971) ni la Ley 7146 (del 21 de mayo de 1990) han sido modificadas expresamente para autorizar la extradición de nacionales.
Asimismo, consideran inconstitucional el artículo 22 de la Ley 7146, que establece la aplicación del tratado a hechos cometidos antes y después de su vigencia, ya que ello permitiría extraditar a costarricenses por hechos pasados que podrían estar prescritos, en perjuicio de sus derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas.
Sostienen que someter a un costarricense a juicio o a la entrega a una jurisdicción extranjera por hechos anteriores a la reforma resulta contrario al principio de irretroactividad de la ley penal y procesal, consagrado en la Carta Magna.
Además de solicitar que se declare la inconstitucionalidad parcial de las leyes señaladas, los recurrentes piden la suspensión inmediata de cualquier proceso de entrega a Estados Unidos de Gamboa y los demás implicados, mediante la adopción de medidas cautelares.
En su lugar, solicitan que se ordenen alternativas menos gravosas que la prisión preventiva, como la presentación periódica ante un juez, la prohibición de salida del país o el depósito de una fianza.
