Sala IV rechazó petición de Celso Gamboa de liberarlo y cancelar extradición: Esta es la razón
La mañana de este jueves, la Sala Constitucional rechazó de plano una acción de inconstitucionalidad interpuesta por el equipo legal de Celso Gamboa Sánchez, con la cual se solicitaba la suspensión del proceso de extradición y su libertad inmediata.
Tal como dio a conocer CR Hoy el pasado 29 de julio, el exministro y exmagistrado presentó ese tercer recurso al considerar que no existía "fundamento legal válido para su privación de libertad", mediante el expediente 25-021062-0007-CO.
Entre los principales argumentos presentados por el equipo de defensa de Gamboa, se alegaba una supuesta violación al derecho a "no ser desarraigado de la patria", la prohibición de regresividad en materia de derechos humanos, el principio de soberanía y territorialidad, la garantía del juez natural y la prohibición de retroactividad de las leyes.
Sin embargo, los magistrados recordaron que a la Sala Constitucional no le corresponde pronunciarse sobre el fondo de las reformas constitucionales.
Es decir, el Tribunal tiene la capacidad y competencia para verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la Constitución para aprobar una reforma, o bien, para determinar si existió un vicio de competencia por parte del poder reformador.
Por ejemplo, los magistrados podrían analizar si la Asamblea Legislativa tiene o no la facultad real de aprobar la extradición de nacionales, o si se rebasan los límites cuantitativos o cualitativos que otorga la Carta Magna.
La Sala solo puede tramitar los alegatos de inconstitucionalidad sobre el procedimiento seguido para aplicar una reforma, siempre que esta modifique los aspectos esenciales de la organización política, del modelo económico, de la organización administrativa territorial, o bien, conculque, ampute o elimine el contenido esencial de un derecho fundamental, situación que no se da en este caso.
Dado que Celso Gamboa y sus abogados no alegaron ni acreditaron la existencia de vicios en el procedimiento o de competencia, la acción fue rechazada de plano.
La sentencia se mantiene en redacción, por lo que los abogados Natalia Gamboa y Michael Castillo optaron por no referirse al fallo del Tribunal Constitucional, ya que no habían sido notificados al cierre de esta edición.
¿Qué refutaron?
Los abogados sostuvieron que la extradición de nacionales contraviene el artículo 22.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que prohíbe la expulsión de nacionales del territorio del Estado.
Según la acción presentada, la reforma se aprobó sin haber denunciado previamente este tratado, lo que la hace incompatible con una norma de jerarquía supraconstitucional.
Además, alegaron una violación al principio de no regresividad en materia de derechos humanos, indicando que la reforma representa un retroceso en la protección de derechos previamente reconocidos, en contravención del principio de progresividad.
También argumentaron una violación al principio de soberanía y territorialidad, señalando que la competencia penal sobre delitos cometidos por costarricenses en territorio nacional debe ser exclusiva de los tribunales costarricenses, y que esta reforma cede indebidamente esa competencia a autoridades extranjeras.
En este caso, al Tribunal del Distrito Este de Texas, ubicado en Dallas, Estados Unidos, el cual requiere a Gamboa para enfrentar cargos por conspiración para traficar y distribuir cocaína a nivel internacional.
La acción también planteaba una supuesta violación al principio de legalidad y a la prohibición de retroactividad, indicando que los hechos de narcotráfico atribuidos a Gamboa ocurrieron antes de la entrada en vigor de la reforma constitucional que permitió la extradición de nacionales, en presunta contravención al artículo 28 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que establece la irretroactividad de los mismos.
Asimismo, se alegó una violación al principio del juez natural, bajo el argumento de que la extradición a una jurisdicción extranjera sustrae a una persona costarricense de la autoridad judicial ordinaria nacional, afectando el derecho al juez natural y al debido proceso.
Normas y derechos alegados como vulnerados según el recurso presentado ante la Sala IV:
- Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH): artículos 8.1, 22.5, 29 y 75.
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: artículo 12.4.
- Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados: artículos 4, 26, 27, 28, y del 54 al 62.
- Constitución Política de Costa Rica: artículos 1, 2, 5, 7, 32, 34, 35, 39, 48, 129 y 153.
- Código Penal: artículos 4 y 6.
Tercer intento
El extraditable también ha presentado otras gestiones ante la Sala Constitucional. Dos de los recursos más recientes objetaron su reclusión en una celda de máxima seguridad del centro penal La Reforma.
El más reciente es un recurso de amparo en el que, por medio de sus abogados, se alega que se está "vulnerando la intimidad" de Gamboa y que está siendo sometido a "tratos crueles y degradantes", así como a una presunta afectación de su integridad psíquica y física.
Además, se solicitó su traslado urgente, al alegar que se encuentra bajo custodia de funcionarios que habrían cometido actos ilegales —como la filtración de información— y cuya presencia representaría un "riesgo concreto e inminente" para su vida. Este recurso se tramita bajo el expediente 25-020390-0007-CO.
A este se suma otro amparo, también presentado en favor de Gamboa, en el que se denuncian vulneraciones al derecho de defensa, a la privacidad de las comunicaciones y a la dignidad humana.
En este caso, se solicitó una medida cautelar para que el privado de libertad pueda disponer de un cuaderno en el que tomar notas relacionadas con su defensa.
Por la forma en que fue presentado, y conforme con lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Constitucional y en la Constitución Política, este segundo amparo fue transformado en un recurso de hábeas corpus, bajo el expediente 25-020009-0007-CO, pero fue rechazado la semana anterior.
Ambos recursos fueron presentados contra el Ministerio de Justicia y Paz, entidad responsable de la administración del sistema penitenciario costarricense. Los dos expedientes fueron admitidos para trámite y están en curso.
Semanas atrás, hubo otros dos intentos previos, también promovidos en favor de Gamboa pero presentados por otras personas.
La Sala IV rechazó un recurso de hábeas corpus que también pretendía anular la reforma constitucional recientemente aprobada por la Asamblea Legislativa, que habilita la extradición de costarricenses requeridos por la justicia internacional.
A finales de junio, la misma Sala había recibido otra acción de inconstitucionalidad —expediente 25-018436-0007-CO— contra la reforma que permite la extradición de costarricenses a otras jurisdicciones, como la de Estados Unidos. Ese primer recurso fue igualmente rechazado de plano.
Tanto Gamboa, como el exconvicto por narcotráfico Edwin López —alias Pecho de Rata— y Jonathan Álvarez Alfaro, sospechoso de legitimación de capitales, fueron capturados a solicitud de la justicia estadounidense.
Todos están vinculados a un caso de narcotráfico internacional y enfrenta un proceso de extradición. Las autoridades estadounidenses señalan a Gamboa como coordinador del Cártel del Golfo —de origen mexicano—, y lo vinculan también con el Clan del Golfo, de Colombia, y el Cártel de Sinaloa.
Se le acusa de facilitar el ingreso de cargamentos de cocaína a Costa Rica, presuntamente con colaboración desde el propio Gobierno actual, para luego enviarlos hacia Centroamérica y Norteamérica.
Tal como reveló CR Hoy en primicia, en septiembre de 2023 Gamboa aseguró a dos supuestos socios —en realidad, informantes de la DEA— que el Gobierno de Rodrigo Chaves Robles le daba acceso para introducir cocaína al país.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el exfuncionario costarricense fue acusado de delitos federales relacionados con narcotráfico en el Distrito Este de Texas.
La acusación sostiene que Gamboa conspiró y colaboró con narcotraficantes internacionales para fabricar, distribuir y transportar grandes cantidades de cocaína, buena parte de la cual transitó por Costa Rica con destino final hacia Estados Unidos.
