Sala IV ordena a universidad privada entregar certificación a estudiante tras alegar deuda inexistente

La Sala Constitucional le dio la razón a un estudiante de la Universidad Internacional de las Américas (UIA) y ordenó a ese centro educativo entregarle una certificación de notas y materias aprobadas, luego de que la institución se la negara alegando una morosidad que no estaba demostrada.

El recurso de amparo fue tramitado bajo el expediente 25-011522-0007-CO, del 24 de julio de 2025.

"La misma indica que no se me puede facilitar el documento debido a que mi nombre aparece como moroso. A la vez, se indica que, al apersonarme a hacer la solicitud, aceptan mi pago, pero me informan que no pueden darme el documento ni reintegro del dinero y que será utilizado para diferentes cancelaciones que ellos estimen. Esto se contradice con una de mis pruebas, ya que me señalan en primera instancia que no tengo deuda con dicha institución, sino con un bufete de abogados, el cual desconozco", expuso el recurrente.

Agregó además: "que ya no les pertenece la deuda a ellos, sino a un bufete de abogados, la cual suma más de dos millones de colones, de lo cual se adeudan aproximadamente novecientos mil colones". Por ello, consideró que el proceder reclamado vulneraba sus derechos fundamentales y solicitó que se declarara con lugar el recurso.

Ángel Marín Espinoza, presidente de la UIA, respondió al Tribunal que, tras una investigación interna, no fue posible determinar qué funcionario negó la certificación solicitada con fundamento en pagos pendientes. Señaló que consta en el expediente del estudiante tanto la solicitud formal de certificación como el pago correspondiente, lo que también se refleja en los registros financieros.

El Tribunal, integrado por los magistrados Fernando Castillo —quien lo preside—, Fernando Cruz, Luis Fernando Salazar, Anamari Garro, Paul Rueda, Jorge Araya e Ingrid Hess, declaró con lugar el recurso.

La Sala ordenó a la universidad disponer y coordinar lo necesario para que, en un plazo de ocho días a partir de la notificación de la sentencia, se emita y entregue la certificación solicitada. Asimismo, condenó a la institución al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados por los hechos que dieron lugar a la declaratoria.