Sala IV da la razón a vecinos de Turrubares a los que le quitaron servicio de Internet
Tribunal resolvió que esto afectaba el desempeño laboral y escolar de los vecinos
(CRHoy.com).-La Sala Constitucional dio la razón a un hombre quien presentó un recurso de amparo en contra del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) para restablecer los servicios de internet y telefonía en la zona de La Pavona, ubicada en el cantón Turrubares.
El recurso de amparo fue presentado en nombre de los habitantes de la zona de La Pavona, Carara, Turrubares y San José.
Se argumentó que el ICE no había cumplido con su deber de proporcionar un servicio de calidad y continuo, lo que había afectado negativamente a la población durante más de una década.
La infraestructura utilizada por el ICE en la zona se mostró inadecuada para satisfacer las necesidades de telefonía móvil, lo que limitaba la velocidad máxima de internet a 1.5 Mbps. Esto resultó en un aislamiento digital significativo para la población, excluyéndola de las nuevas tecnologías de la información.
A pesar de los esfuerzos anteriores, que incluyeron solicitudes a otros operadores de telecomunicaciones, como Telefónica de Costa Rica TC SA (Liberty) y Claro, no se obtuvo ninguna propuesta viable para resolver el problema.
También detalla que el ICE había indicado previamente que se esperaba restablecer los servicios en la zona para diciembre de 2022, pero esta fecha pasó sin que se produjera una solución.
Además, se reportó que los números de teléfono de la zona habían sido dados de baja por el ICE, lo que generó aún más inconvenientes para los residentes.
El tribunal decidió que su falta o interrupción afectaba la vida cotidiana y el desempeño laboral y escolar de las personas, por lo que como consecuencia, se ordenó al ICE que, dentro de un plazo de doce meses, restableciera el servicio telefónico básico tradicional en la zona.
Además, se instruyó a la Superintendencia de Telecomunicaciones a coordinar y tomar las medidas necesarias para proporcionar servicios de internet en la misma zona dentro de un plazo de veinticuatro meses. Las autoridades fueron advertidas sobre las posibles sanciones si no cumplen con esta orden judicial.
El ICE y la Superintendencia de Telecomunicaciones fueron condenados al pago de las costas, daños y perjuicios causados por los hechos que llevaron a esta decisión, los cuales se liquidarán en la vía de ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
