Sala IV da 6 meses al MOPT para que ponga reductores en vía propensa a choques mortales

(CRHoy.com). La Sala Constitucional dio un plazo de 6 meses a la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y a la Dirección General de Ingeniería de Tránsito (DGIT) del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para que implementen medidas ante la inseguridad que achacan los usuarios de la ruta nacional 155, entre Santa Cruz y Carrillo, provincia de Guanacaste, a la altura de Lorena.

El 3 de febrero ese tribunal declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por un vecino de la zona, quien reclamó que la carretera no cuenta con la demarcación horizontal requerida y ante casos de exceso de velocidad, en años recientes, se han presentado numerosos accidentes. Algunos de ellos resultaron mortales.

Incluso, el accionante detalló que un informe del MOPT, elaborado en mayo de 2022, estableció la necesidad de colocar reductores de velocidad sobre la carretera. Esta última tarea es competencia del Conavi.

En el reclamo, el vecino señaló que desde el 23 de marzo de 2022 acudió ante las autoridades del ministerio para exponer la problemática y exigir soluciones. Los alegatos fueron reiterados luego de que el 7 de agosto de 2022 sucediera un accidente mortal en esa carretera. Posterior a esto, las autoridades prometieron efectuar intervenciones entre setiembre y octubre de 2022 (nada sucedió).

"Relata que el 9 de agosto de 2022 recibió vía correo electrónico el oficio DVT-DGIT-OR-L-2022-303, donde se le indicó que el señalamiento en la ruta mencionada se realizaría en setiembre y octubre del año 2022 y que la construcción de los reductores de velocidad le corresponde al Conavi. Señala que el 1° de noviembre de 2022, el Conavi le indicó que realizaría las gestiones para programar la construcción de los reductores de velocidad a inicios del año 2023. Sin embargo, no se especificó fecha de ejecución de las obras.

"Alega que graves accidentes de tránsito, que incluso han cobrado la vida de una persona, siguen ocurriendo en la zona, pero las autoridades recurridas no han ejecutado acciones concretas para resolver la problemática expuesta, lo cual vulnera sus derechos fundamentales", puntualizó el expediente del caso, ante la Sala Constitucional.

"El gerente de Conservación de Vías y Puentes de Conavi (Jason Pérez Anchía) coincide con el recurrente en que el 1° de noviembre de 2022 se le indicó que la construcción de los reductores de velocidad se programaría para inicios del 2023. Sin embargo, informa que realizarán las obras una vez se cuenten con los contratos de obra materializados -que se encuentran en trámite en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) y con la orden de inicio respectiva", detalla el expediente.

Según los magistrados, si bien las autoridades accionadas han realizado algunas gestiones para acatar las recomendaciones contenidas en el informe nro. MOPT-03-05-01-0375-2022 del 31 de mayo de 2022 denominado "Estudio técnico para verificar la colocación de reductores de velocidad en Lorena de Santa Cruz, ruta nacional N.º 155", han transcurrido 8 meses "sin que hayan siquiera iniciado los trabajos de colocación de señales verticales y demarcación horizontal, así como la construcción de reductores de velocidad y aceras en la calle nacional en cuestión".

Para la Sala Constitucional, las autoridades han sido omisas en notificar a los interesados el cronograma de trabajo que solicitó, pues en el caso de la oficina regional de Liberia de la DGIT se le indicó que el señalamiento estaba programado para setiembre y octubre de 2022, sin que pueda constatarse que se haya llevado a cabo, y en el caso de la  Gerencia de Conservación de Vías y Puentes se le indicó que la construcción de los reductores de velocidad se programaría para "inicios del próximo año", sea el 2023, sin indicar fecha siquiera probable para ello.

Así las cosas, para el tribunal es contundente que la problemática aquejada por el recurrente, no ha sido atendida efectivamente por las autoridades accionadas. "Ergo, lo procedente es declarar con lugar el recurso en los términos consignados en la parte dispositiva de este pronunciamiento".

Consultado al respecto, Pérez Anchía dijo que "actualmente estamos a la espera de la adjudicación de la contratación directa 145CD, la cual se encuentra en el proceso de apelaciones".

"Tan pronto esté adjudicada, estaríamos entrando a ejecutar esos trabajos", expuso el funcionario.

Pérez añadió que instruyó al director de la Región Chorotega, Eddy Baltodano Araya, para que programen y ejecuten los trabajos objeto de la sentencia tan pronto se dé la orden de inicio al contrato de mantenimiento correspondiente a esa región.