Sala IV condena a Conavi por negar informe de ruta 32 a periodista
(CRHoy.com).-La Sala Constitucional falló por unanimidad un recurso de amparo a favor de la periodista Vilma Ibarra, directora del espacio radiofónico de opinión Hablando Claro, que obligó al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) a entregarle el informe de una auditoría externa realizada al consorcio supervisor de la ruta 32 de enero a mayo del año en curso.
Los resultados de ese informe de auditoría externa, contratado con dineros públicos, fueron usados por el presidente de la República Rodrigo Chaves Robles y el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, para señalar en una conferencia de prensa -el pasado 7 junio- supuestos malos manejos en servicios de comunicación de los que el mandatario señaló de manera indirecta pero inequívoca a Ibarra Mata, quien debido a la negativa del CONAVI a entregarle el documento, debió ampararse en la Sala Constitucional.
"Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Mauricio Batalla Otárola, en su condición de director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad, o a quien ejerza ese cargo, que de manera inmediata disponga lo necesario dentro del marco de sus competencias para que se entregue a la tutelada una copia del informe de auditoría…" señaló la resolución N. 2023026760 del 20 de octubre anterior.
Los magistrados estimaron contradictorio que el Conavi hubiera caracterizado el procedimiento como "interno" para negar el acceso a la auditoría, cuando terceros privados y ajenos a la Administración sí hubieran tenido acceso a la información, tal y como resultó evidente por publicaciones en redes sociales.
La Sala IV fue clara en establecer que la legislación costarricense otorga el carácter de confidencial a los informes que son rendidos por auditorías internas, pero que, "en lo tocante a las auditorías externas, como la que atañe al sub lite, y salvo norma específica en contrario, se establece que ellas son efectuadas por sujetos de derecho privado y pagadas con fondos públicos. En ese tanto rige la fiscalización de su sano manejo y la transparencia, lo que conlleva al acceso al documento final de la auditoría".
Para la periodista Ibarra, este es el punto central de la argumentación que tiene enorme validez para efectos de fiscalización y transparencia, pues aun cuando ya la Sala Constitucional había establecido jurisprudencia al respecto, fue necesaria una orden del alto tribunal para que el Conavi se obligara a entregar el documento en cuestión.
"Ahora teniéndolo en mi poder puedo constatar que mantenerlo bajo el velo de una falsa confidencialidad les resultaba necesario para cumplir con los fines mal intencionados con los que altas autoridades del Poder Ejecutivo manipularon información para intentar manchar mi nombre y con ello afectar mi reputación y credibilidad. Es un hecho que, desde el inicio de su gestión, la actual Administración ha implementado tácticas de persecución política en mi contra. Tanto así que ya el 8 de julio del 2022, el Ejecutivo emitió una directriz a ministros y presidentes ejecutivos para intentar prohibirles acudir a entrevistas en Hablando Claro. Esa afrenta al derecho constitucional a la libertad de expresión me motivó a acudir a la Sala IV. Sorprendentemente, pese a la prueba presentada, funcionarios de la Casa Presidencial mintieron a los magistrados negando la autoría de la directriz bajo el alegato que no había sido una instrucción formal, sólo porque se había girado vía WhatsApp", dijo Ibarra.
La periodista señaló que su caso no es único y que otros de sus colegas y medios de información "han sufrido acciones persecutorias para intentar desalentar el ejercicio profesional independiente".
"… y es justamente por ello que hemos debido acudir a solicitar protección constitucional. Dichosamente para nuestro régimen de libertades públicas, en todos los casos esos derechos se han resguardado. En lo que nos toca, seguiremos adelante en la defensa de nuestro buen nombre, tanto como en la necesidad de adecentar la gestión política en la conducción de los asuntos públicos", agregó Ibarra.
CRHoy.com solicitó una reacción al Ministerio de Obras Públicas y Transportes por medio de su oficina de prensa. A la hora de esta publicación no se había obtenido respuesta.
