Sala III ordenó abrir causa separada a Marta Esquivel por caso Barrenador
Mandatario la nombró como ministra de Planficación y le otorgó inmunidad después de que juez la apartó como presidenta de la CCSS
La Sala Tercera de Casación Penal ordenó separar del caso Barrenador a Marta Eugenia Esquivel, expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), dos meses después de que el presidente Rodrigo Chaves Robles le otorgara inmunidad al nombrarla ministra de Planificación.
Los cinco magistrados de ese alto tribunal ordenaron a la Fiscalía General de la República disponer un testimonio de piezas —es decir, abrir una investigación paralela y separada— para que los otros siete imputados se procesen por la vía judicial ordinaria.
Esto debido a que, gracias a que el presidente Rodrigo Chaves la nombró ministra de Planificación, Esquivel adquirió inmunidad y, por lo tanto, goza de un fuero especial y privilegios constitucionales, como la realización de un antejuicio previo para poder ser procesados penalmente.
De esta forma, la Sala III negó la posibilidad de mantener a los ocho sospechosos en un solo expediente. Además de Esquivel, en la causa figuran seis exdirectivos y la gerente general, Marielos Gutiérrez.
El fiscal general, Carlo Díaz, había solicitado expresamente mantener el trámite de forma conjunta. No obstante, el artículo 400 del Código Procesal Penal ordena la separación de causas:
(…) Cuando el hecho sea atribuido a varios imputados y sólo alguno de ellos debe ser sujeto a antejuicio, la causa deberá separarse para que se continúe en la jurisdicción ordinaria contra quienes no proceda el antejuicio. Se remitirá testimonio de piezas ante el Fiscal General contra los restantes (…).
Pese a ello, el Ministerio Público indicó ante la consulta de CR Hoy que los equipos de trabajo —la Fiscalía General y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA)— continuarán trabajando de manera coordinada, ya que se trata de los mismos hechos bajo investigación y la separación de expedientes responde únicamente al procedimiento especial aplicable a miembros de los Supremos Poderes.
La investigación del caso Barrenador se destapó a inicios de octubre y se centra en un presunto escándalo de corrupción y posibles presiones para adjudicar a varias cooperativas la administración de diez áreas de salud, con un sobrecosto estimado en unos ₡12.400 millones por año.
Intento del fiscal
El fiscal general, Carlo Díaz, solicitó mantener unificadas las causas penales, debido a la clara vinculación entre Esquivel Rodríguez y el resto de imputados del caso Barrenador, quienes “de forma conjunta y unísona, entre 2023 y 2024, han venido realizando diversos actos como miembros de la Junta Directiva de la Caja” que desembocaron en la aprobación colegiada de adjudicar una licitación para la administración de diez áreas de salud.
Esto, a pesar de contar con un estudio de razonabilidad emitido por el área técnica de la CCSS, el cual evidenciaba precios excesivos en las ofertas que no se ajustaban a los elementos esenciales del concurso, según señala el documento judicial.
El fiscal argumentó, en síntesis, que debido a la multiplicidad de personas investigadas, el asunto debía tramitarse como una sola causa penal.
Sin embargo, de acuerdo con la Sala de Casación Penal, el Código Procesal Penal establece un mandato legal expreso que impone ineludiblemente la obligación de separar la causa, para que se continúe en la jurisdicción ordinaria contra quienes no requieran antejuicio. Por ello, se rechazó la petición.
Resolver lo contrario implicaría dictar una resolución contraria a derecho, según los magistrados, ya que no puede desconocerse una norma taxativa y especial que contiene un imperativo legal en ese sentido.
La Sala Tercera fue justamente la que extendió las medidas cautelares en contra de Marta Eugenia Esquivel este 3 de abril, ante la petición del fiscal general.
En ese sentido, se dictó la imposibilidad de ejercer el cargo en la CCSS, la prohibición de comunicarse, influir, amenazar e intimidar o perturbar de cualquier forma o de conocer de cualquier situación de los testigos y la prohibición de conocer cualquier asunto relacionado con la licitación bajo escrutinio.
Todas estas restricciones se dispusieron por el lapso de un año, a contar desde el 6 de abril del 2025 al 6 de abril del 2026.
Apertura a volver a unificar casos
En su resolución, la Sala de Casación Penal aclaró que existe la posibilidad de volver a unificar los expedientes penales para encausar a Marta Esquivel junto con el resto de los directivos y funcionarios sospechosos.
Los magistrados recordaron que la acumulación de una causa penal contra un ministro con otra tramitada por la vía ordinaria es procedente si la Asamblea Legislativa autoriza la prosecución del procedimiento.
Si los diputados levantan la inmunidad de Marta Esquivel, entonces las causas deberán acumularse para ser conocidas por la Sala Penal.
La Fiscalía General asumió en su totalidad el caso Barrenador, luego de que el presidente Rodrigo Chaves Robles, sabiendo que Marta Eugenia Esquivel estaba señalada en al menos diez causas penales, la nombrara ministra de Planificación, cargo que a diferencia de la Caja, sí le otorga inmunidad y complica significativamente los trámites judiciales ordinarios.
Al formar parte del gabinete directo de Chaves, la expresidenta de la CCSS ya no puede ser juzgada como una ciudadana común, al haber pasado a ser integrante de los Supremos Poderes.
La apuesta del Ministerio Público era mantener la causa íntegra, aunque ello implicara mayores retrasos; sin embargo, la Sala ordenó su división.
Caso Barrenador
El escándalo de supuesta corrupción y tráfico de influencias por sobreprecios excesivos de contratos en la Caja para la administración de ebais, fue nombrado por los agentes judiciales a cargo como el “Caso Barrenador”.
Fueron 28 allanamientos ejecutados por las autoridades en oficinas centrales de la CCSS, casas de habitación y sedes de cooperativas contratadas. La causa se tramita bajo el número de expediente 24-000267-1218-PE.
En total, confiscaron ₡2 millones, $5.400 y €875, sin embargo, no se detallaron los montos por cada sospechoso.
Adicionalmente, los agentes judiciales decomisaron los celulares de Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS, así como los 7 funcionarios y exdirectivos que fueron arrestados.
Oficinas de la Caja Costarricense de Seguro Social en San José fueron el foco de los operativos que realizó la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) y la Oficina Anticorrupción del OIJ, para investigar los supuestos delitos en los cuales aparentemente incurrieron directivos de la entidad, al adjudicar contratos para la administración de Ebais.
La oficina de la presidenta ejecutiva Esquivel Rodríguez, la gerencia general y la gerencia médica, las Direcciones de TI y Proyección de Servicios de Salud, así como una oficina en el hospital de San Ramón, eran parte de las locaciones allanadas.
También se realizaron diligencias en la sede principal de Coopesalud (cooperativa que administra dos clínicas del Área de Salud de Pavas y el Área de Salud de Desamparados 2); en las instalaciones de Coopesana (a cargo de los centros médicos de Escazú, Santa Ana y San Francisco); en Coopesiba (administrador de clínicas en San Pablo y Barva de Heredia); en Coopesain de Tibás; así como Asemeco, empresa encargad de los Ebais de La Carpio, San Sebastián y Paso Ancho, según consta en la denuncia presentada por la Auditoría de la CCSS ante el Ministerio Público.
Adicionalmente, se allanó la residencia donde vive Marta Esquivel en una torre de apartamentos en Barrio Escalante y 11 viviendas más en San José, Alajuela, Cartago y Heredia. Como la jerarca no fue encontrada en su residencia y se entregó en los Tribunales de Pérez Zeledón, fue trasladada en "perrera" hasta el circuito judicial de Goicoechea, donde fue procesada.
