¿Cuál es su valoración preliminar acerca de los seis proyectos de ley que presentó la presidenta Laura Fernández en materia de seguridad ciudadana?

Nos hace falta estudiarlos un poco más. Sin embargo, hemos revisado estas iniciativas y vemos que apuntan más a lo que el gobierno anterior y el actual han insistido: la mano dura.

Son proyectos de ley que pretenden aumentar las penas y ser más represivos.

Lo que sí notamos es una gran carencia de proyectos de ley dirigidos al combate del crimen organizado y del narcotráfico. Por ejemplo, extrañamos mucho que el proyecto de ley de capitales emergentes no venga dentro del paquete.

Este proyecto lo que pretende es rastrear los dineros provenientes de actividades ilícitas y que se puedan retener.

A este tipo de delincuencia, tanto al narcotráfico como al crimen organizado, lo que más les duele es la bolsa.
También extrañamos mucho que no presentaran el proyecto de ley de sujeción de bienes al registro, que busca precisamente que aquellas transacciones de bienes que se inscriben en el Registro, como propiedades o vehículos, tengan que realizarse mediante una entidad bancaria para justificar de dónde provienen esos dineros.

No vemos proyectos de mejora en el sistema penitenciario.

Hablamos de meter a la cárcel a cientos de personas y por muchos más años, pero sin dar las facilidades en centros penitenciarios para acoger a toda esta población delincuente.

Entonces, es complejísimo.

Hay preocupación en varios sectores por los tipos penales que se contemplan en estos proyectos y por eventuales roces con la Constitución Política. Usted es abogada de profesión. ¿Qué piensa al respecto?

Los tipos penales están mal construidos.

Vimos un caso, por ejemplo, en el que se presume que una autoridad policial tiene la razón y que la persona manifestante es la culpable de todo. Si ese policía dice que hubo resistencia a la autoridad, entonces se parte de que eso es cierto. Se invierte la carga de la prueba.

Se censura el derecho a la manifestación y a la protesta social, que en realidad es una de las formas más sanas que tienen los Estados para escuchar a sus pueblos.

Por otro lado, no presentaron el proyecto de ejecución de la pena que han venido anunciando.

¿En dónde puede haber roces con la Constitución en estos proyectos de ley desde su punto de vista?

En la desproporcionalidad de las penas.

Por ejemplo, la pena más alta que nosotros tenemos es la del homicidio, que llega a 35 años. Pero si usted pretende imponer una pena equivalente a la de un homicidio simple o un homicidio calificado a un delito menor, existe una desproporcionalidad porque los delitos se califican de acuerdo con la peligrosidad hacia la sociedad.

No se puede aumentar una pena de manera desproporcional respecto al nivel de peligrosidad que tienen otras sanciones y otras penas.

Eso es una violación a la Constitución. Restringir derechos y libertades, que incluso las personas privadas de libertad conservan, presenta también roces constitucionales.

En materia penal todo tiene que estar muy justificado. Los tipos penales deben ser adecuadamente creados. No se pueden dejar portillos.

Se tiene que decir exactamente cuál es la conducta que se va a sancionar.

Los verbos y las acciones que vamos a sancionar tienen que estar claramente determinados.

Este tipo de cosas son las que generan roces con nuestra Constitución y con los convenios de derechos humanos.

Hace algunas semanas usted manifestó que percibía un ambiente de hostilidad en la relación entre el Poder Ejecutivo y la oposición. Incluso, en un espacio en el plenario usted exhortó a una diputada oficialista porque pasó esa línea e hizo alusiones en el plano personal a otra diputada. ¿Qué otros hechos concretos identifica para haber hecho esa afirmación sobre la hostilidad en la relación entre la bancada oficialista, el Poder Ejecutivo y la oposición? ¿Cómo describe esa relación en poco más de un mes?

Como fracción sentimos que las reuniones a las que nos ha convocado la señora presidenta con las fracciones legislativas, por lo menos en el caso del Frente Amplio, han sido encuentros a los que llegamos con la ilusión de ser escuchados, de poder hacer nuestros planteamientos, conversar sobre la problemática del país y construir propuestas en conjunto, pero se nos ignora totalmente.

En la reunión se nos trata de una forma, pero al momento de actuar el Poder Ejecutivo nos ignora por completo.
Por ejemplo, nosotros ya tenemos avanzado un proyecto en la corriente legislativa para el combate al crimen organizado y el Poder Ejecutivo decide presentar uno nuevo, similar al nuestro, en lugar de mantener el proyecto que ya existe y que ha recorrido parte del camino, incorporándole algunas modificaciones.

Por otra parte, una diputada de gobierno se fue al plano personal contra otra diputada que ni siquiera era de mi fracción.

Yo viví, como asesora legislativa del periodo anterior, un plenario donde había muchas ofensas y mucho ataque personal entre diputaciones. Las discusiones a este nivel deberían darse con argumentos y no tratando de desacreditar al contrincante o al adversario político mediante ofensas e insultos personales, incluso pasados de tono, porque tenemos una representación y una imagen no solo hacia nuestro pueblo, sino también hacia el mundo.

Se lo planteo de esta manera. ¿Existe actualmente disposición del oficialismo de negociar con la oposición o usted cree que prevalece una lógica de confrontación?

Es una pregunta un poco complicada porque, desde el Ejecutivo, yo siento que no hay disposición de negociar.
Le pongo un ejemplo muy claro. El Poder Ejecutivo tiene un proyecto de ley sobre Crucitas para permitir nuevamente la minería a cielo abierto y entregarle a una empresa extranjera la solución de toda la situación que se da en esa zona. Frente a eso, nosotros tenemos una propuesta del Frente Amplio en la que planteamos un modelo de saneamiento y recuperación de ese oro.

Nosotros creemos que se puede negociar e incluso reformar esta propuesta, pero no existe la posibilidad de sentarnos a conversar porque el Gobierno simplemente se cierra en que su propuesta es la que va y punto.

Sin embargo, desde la fracción legislativa de gobierno hemos tenido algunos acercamientos interesantes. Por ejemplo, con el proyecto de ley para la Marina de Japdeva. Logramos sentarnos, conversar, corregir algunas cosas que estaban mal y construir una propuesta conjunta.

También tuvimos la grata sorpresa, digámoslo así, de que en la Comisión de Asuntos Hacendarios una moción presentada por el Frente Amplio para destinar ¢800 millones a la Red de Cuido recibió el voto favorable de los diputados del Gobierno.

Entonces creemos que sí hay posibilidades de conversar a nivel legislativo.

Usted, antes de llegar a la curul, tenía una larga trayectoria como asesora legislativa y conoce la importancia que tiene para cualquier administración, sobre todo al inicio, una buena labor de diálogo y apertura por parte del Ministerio de la Presidencia. ¿Cómo ha sido la relación con el ministro Rodrigo Chaves?

No, don Rodrigo Chaves no se acerca.

Quien se acerca es el viceministro Barrantes, a quien incluso le llaman viceministro parlamentario.
Pero no es un acercamiento directamente con nosotros, sino para indicar si una iniciativa de ley va o no va y cuál es la posición respecto a aceptar o no una negociación.

Es para eso únicamente que hemos tenido algún acercamiento con el Ministerio o el Viceministerio de la Presidencia.

¿Qué piensa de esa ausencia de diálogo?

Es extraño, porque la negociación es la única forma de avanzar.

Yo creo que, si existiera esa capacidad de sentarnos a conversar, podríamos avanzar en muchas iniciativas de manera más veloz y mejorar condiciones que el país requiere. Pero al no escucharse, se genera un gran conflicto.

El Frente Amplio es una de las agrupaciones que más oposición ejerce sobre el proyecto de ley de armonización eléctrica. ¿Por qué tanta oposición?

Creemos que se van a encarecer las tarifas.

Si se abre la competencia, sabemos que los entes privados se ponen de acuerdo y fijan un precio, y vamos a tener que pagar utilidades porque empezarían a regir las reglas del mercado.

Ya ha habido apertura en materia de electricidad, pero existe una parte que está reservada al ICE, institución concebida para regular la distribución eléctrica.

Se le quiere quitar esta facultad y crear una nueva institución pública: el Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (Ecosen).

Además, crear una nueva entidad es algo a lo que el gobierno anterior y este se han opuesto, porque han insistido muchísimo en que no deben crearse más instituciones.

Creemos que el ICE hace bien su trabajo.

Hay que mejorar lo relacionado con el mercado eléctrico. Hay que buscar otras fuentes alternativas que le permitan al país subsanar los faltantes que puedan darse por fenómenos climáticos, pero no debilitando lo que tenemos. El ICE es una empresa exitosa.

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