Reviven proyecto para sancionar a diputados por corrupción
(CRHoy.com) El pasado 6 de julio, 28 diputados enterraron el expediente 21.515, una propuesta del exdiputado José María Villalta que pretendía establecer un régimen sancionatorio para los legisladores.
La mayoría no quiso darle cuatro años más de vida a ese proyecto de ley, a pesar de que casi todos afirman que es necesario establecer una ley que castigue las faltas de probidad de los congresistas.
La actual bancada del Frente Amplio (FA) volvió a presentar la iniciativa de ley, ahora con el expediente 23.855.
El proyecto, según el frenteamplista Jonathan Acuña, podría llevar a un legislador incluso a perder la curul, según el grado de la falta que cometa.
Desde el año 2010 la Sala Constitucional determinó que la Asamblea Legislativa debía proceder a crear el régimen de responsabilidad de los diputados y diputadas por violación al deber de probidad.
En mayo de 2018 se aprobó una reforma constitucional para establecer la posibilidad que un diputado incluso pierda la credencial, pero a falta de una ley, no hay un procedimiento establecido para este propósito.
La entidad encargada de investigar a cualquier diputación bajo sospecha sería la Procuraduría de la Ética Pública y emitirá una recomendación a la Asamblea Legislativa, encargada final de tomar una decisión sobre la denuncia.
Si el Congreso establece que sí hubo una violación al deber de probidad, siendo la falta clasificada como muy grave, el Tribunal Supremo de Elecciones retirará las credenciales de las diputaciones sancionadas de conformidad con lo establecido en la ley.
El proyecto establece que tanto la Contraloría como la Procuraduría estarán obligados a denunciar, al ser el primero el responsable de velar por la hacienda pública y el segundo el encargado por velar por el comportamiento de funcionarias y funcionarios del sector público.