“Relación” de jueza con investigador y retén a vagoneta entre alegatos de “Pancho Villa” para evitar condena por narco

A la 1:30 p.m. de este martes, el Tribunal Especializado en Delincuencia Organizada emitirá una resolución sobre la supuesta banda de importación y distribución de cocaína que lideraba el empresario Darwin González Hernández de la Zona Sur, conocido como "Pancho Villa".

Esta organización criminal afronta uno de los "juicios del año" desde marzo pasado por los supuestos delitos de trasiego de drogas y legitimación de capitales. Contra toda la agrupación, el Ministerio Público solicitó un total de 346 años de cárcel contra 13 imputados. 

El debate oral y público terminó el pasado 26 de noviembre, luego de una extensa lista de objeciones que presentó la defensa de los imputados en contra de la acusación del Ministerio Público, así como de las indagaciones hechas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), además de otros supuestos defectos en el proceso.

Por esa razón, entre todos los abogados presentaron un total de 28 recursos de actividad procesal defectuosa, en los cuales alegaron presuntos múltiples defectos o irregularidades, con el fin de traerse abajo todo el juicio o inclusive, todo el expediente penal.

"Lo que más preocupa a la defensa es que existen un sinfín de errores dentro de esta causa, errores graves que no podemos dejar pasar por alto, ya que claramente va en contra de los derechos de nuestros representados y en deterioro de nuestro sistema judicial.

Por eso se alega y se presentaron con fundamento probatorio, no de manera antojadiza", explicó la jurista Dayana Alvarado.

De acuerdo con la acusación, el grupo criminal habría operado entre los años 2018 y 2021. Fue en abril de ese año, cuando el Organismo de Investigación Judicial realizó una serie de allanamientos y diligencias para desmantelar la organización.

Al parecer, dirigidos por el empresario Darwin González Núñez, el grupo de personas conseguía importar droga desde países suramericanos.  Principalmente cocaína, por los cantones de Golfito y Puerto Jiménez, al sur del territorio nacional.

Presuntamente, parte de la droga salía del país por medio de exportación, mientras que otra parte era distribuida por el Pacífico Central, en Puntarenas.

Rol y supuesta relación de jueza

El principal alegato radica en la participación de una jueza llamada Hazel Murillo Beita, quien estuvo a cargo de supervisar las intervenciones telefónicas usadas en la investigación, así como de autorizar los allanamientos e inclusive, otros actos como supervisar directamente una de las diligencias el día de los operativos.

De acuerdo con lo expuesto por los abogados defensores, años atrás la jueza tuvo algún vínculo sentimental con Miguel Campos Jiménez, un investigador del OIJ acusado de formar parte de la banda de "Pancho Villa", y quien presuntamente estuvo a cargo de asesorar  a la red narco en materia del transporte de la droga.

El agente judicial además habría colaborado en la movilización desde la Zona Sur hacia el Pacífico central con vehículos punta y en apariencia desalmacenó alijos de estupefacientes en propiedades de los miembros de la banda.

Varios de los abogados defensores señalaron que existió una relación previa entre la jueza Murillo Beita y Campos Jiménez, lo que afectó la imparcialidad de su actuar y por esa razón, se deben anular todos sus actos en el proceso contra la banda, provocando prácticamente que el caso se caiga.

A lo largo del juicio se develó que la juzgadora participó en 3 lugares diferentes durante las diligencias del operativo. El primer punto que se allanó fueron los lockers del OIJ en Corredores y la casa del otro investigador (Concepción Quiel) en Paso Canoas.

Para esa fecha, Hazel Murillo se desempeñaba como jueza penal en Grecia y se habría desplazado hasta Corredores para participar en las 20 intervenciones. Ella explicó cuando testificó ante el Tribunal del caso "Pancho Villa", que por rol le correspondía a ella desplazarse.

Adicionalmente, recordó que el día de las operaciones policiales participaron jueces de Puntarenas, Siquirres, Limón, Heredia, Guápiles y San José.

Durante su declaración semanas atrás, la juzgadora señaló que no tuvo una relación personal con el investigador Miguel Campos y además, señaló que probablemente coincidió con él en los Tribunales de Corredores, así como lo hizo con el otro investigador, Jonathan Concepción.

La fiscal del caso, Patricia Núñez explicó que en realidad transcurrieron 10 años desde los supuestos nexos y no hubo prueba de alguna imparcialidad, pues la jueza cuando rindió testimonio no lo recordaba ni parecía que lo haya conocido.

Por lo tanto, no se evidenció ninguna enemistad ni ánimo de perjudicar o vengarse del exinvestigador, razón por la cual no hubo violación al principio de imparcialidad.

El testimonio de esta jueza fue clave dado que ella reveló el pasado 13 de setiembre, que en apariencia una abogada apellido Arguedas González supuestamente intentó sobornarla a cambio de atestiguar en favor de Darwin González Hernández (conocido como Pancho Villa) y su agrupación. 

La juzgadora fue llevada como testigo de los defensores. Posterior a responder los cuestionamientos de los defensores, la fiscal que lleva el caso procedió a interrogar a la funcionaria con el fin de que aclarase los hechos.

Aunque los abogados de la supuesta banda criminal se opusieron al testimonio porque el supuesto ofrecimiento ilícito está bajo una investigación aparte, las juezas del caso acordaron permitir el testimonio del presunto soborno, dado que el Ministerio Público es quien decide cómo conduce las investigaciones y la fiscal del caso puede determinar qué revelar.

Los hechos se remontan a febrero del 2024, cuando al parecer, una abogada de apellidos Arguedas González buscó a inicios de año a la jueza Murillo Beita, dado que fueron compañeras de universidad en 2005.

Se presume que durante el reencuentro, la imputada aprovechó para solicitar hacer acciones en beneficio de la estructura criminal, a cambio de un pago. Esto luego de eventuales contactos con el grupo de sospechosos.

Las autoridades señalan que la sospechosa pretendía que la jueza Murillo Beita declarara en favor de los acusados en el juicio "Pancho Villa", sobre su supuesta relación amorosa previa. El encuentro entre ambas se concretó en febrero del 2024.

Hazel Murillo relató parte del ofrecimiento de soborno hace 3 meses. Tal como reveló crhoy.com, esto fue lo que dijo:

Ella empieza a decirle a mi hijo que vea alrededor del parqueo cuál carro le gusta. Entonces ella dice: "imagínese si a su mamá le pagaran, podría comprarle un carro, vea aquel (…) imagínese si a su mamá le pagan a usted le podrían comprar ese carro". 

Entonces mi hijo se devuelve y le dice: "mi mamá no tiene que aceptar nada de ninguna banda de narcotraficantes, no va a hacer eso". 

(…) Le vuelve ella a decir nuevamente: "pero vea aquel otro carro, ¿cuánto cuesta uno de esos? Como $150 mil. Imagínese, si a su mamá le pagan le podría comprar uno de esos. 

Decomiso clave

Otra de la estrategia por parte de la defensa fue argumentar que se detuvo de forma ilegal una vagoneta que transportaba una importante cantidad de droga y que fue lo que permitió concretar el caso contra Darwin González y sus supuestos aliados.

Según expusieron los abogados defensores, la retención de este vehículo fue irregular por "falta de una noticia criminis", además que supuestamente los oficiales de la policía que encontraron la droga actuaron sin la presencia ni dirección funcional de un fiscal. 

Sobre este aspecto, el pasado 25 de noviembre la fiscal a cargo en el juicio explicó que la detención no fue ilegal porque no se trató de un "patrullazo", ni fue un retén aleatorio, sino que existió una coordinación previa y no se le informó a todas las policías, para evitar arruinar la operación.

La representante del Ministerio Público explicó que hubo seguimientos y se planificó el retén específico con la organización previa. Además, no existía una obligación de informar como sería el operativo, dado que hay evidencia que el jefe del OIJ de Corredores coordinó con el fiscal de la investigación.

Por ende, la aparición de la droga no fue un hallazgo casual, sino que fue la figura utilizada para hacer la detención, además, hubo un fiscal y una defensora pública presente.

Sobre esta incautación que fue clave para el caso, la fiscal Núñez explicó que la planificación de ese decomiso fue muy cerrada y se orquestó para que no hubiera fuga de información, dado que se trataba de una investigación de crimen organizado muy compleja y la banda tenía informantes.

En el transcurso de las audiencias, los abogados defensores también señalaron que supuestamente la policía abrió un hueco con un cuchillo en el vehículo de carga interceptado para poder encontrar la droga.

Nuevamente, el Ministerio Público se opuso a esta afirmación, explicando que el material de la vagoneta estaba oxidado y lo único que realizaron los agentes fue correr la corrosión e incrustar la cuchilla, que salió con un polvo blanco y posteriormente un perro de la unidad canina detectó la presencia de cocaína.

La fiscal Núñez reiteró que no se necesitaba consentimiento del conductor para revisar el vehículo porque había una investigación previa. Además, había presenta un juez, un fiscal y un defensor público que resguardaron el procedimiento.

Entre otros alegatos, los abogados de los imputados aseguraron que un investigador que no estaba autorizado intervino en la instalación y remoción de un grabador en un vehículo oficial del OIJ, usado supuestamente por los agentes Miguel Campos Jiménez y Jonathan Concepción Quiel, que en apariencia estaban coludidos y formaban parte de la banda. 

También se presentaron recursos de actividad procesal defectuosa sobre las supuestas rupturas en las cadenas de custodia de la vagoneta, de teléfonos celulares y de las memorias SD originales utilizadas en una de las intervenciones.

Los defensores también refutaron dos informes policiales, así como la fundamentación y prórroga de las intervenciones telefónicas.

 

Gran operación

La acusación señala a 13 personas de dedicarse a comprar droga desde Suramérica para meterla al país por las zonas costeras del sur. Posteriormente, las comercializaban con otras agrupaciones para su exportación o bien, venderla dentro del país.

Además, se les acusó de utilizar cerca de ₡810 millones en la compra de vehículos, propiedades y otros bienes, para legitimar las ganancias provenientes de la actividad criminal.

En total fueron alrededor de 30 vehículos adquiridos entre motocicletas, automóviles, pick-ups, tractores, maquinaria, remolques y hasta buques.

Unos 5 traspasos de propiedades en diferentes puntos de la Zona Sur, entre compras, ventas y donaciones, también tendrían ligamen a la actividad ilícita.

Por las transacciones legales, los sospechosos habrían conseguido ganancias que superan los ₡267 millones. La fiscal del caso señaló que los acusados tenían interés en adquirir bienes, para ingresar los recursos al sistema financiero nacional, o como se le conoce popularmente, 'lavar' el dinero.

Durante la primera intervención de todos los imputados hace 7 meses, ellos debieron dar información sobre el origen de sus recursos y cómo los conseguían.

Darwin González Hernández, empresario señalado, reconoció que obtenía ingresos de entre ₡30 y ₡50 millones mensuales. Justificó que el origen de sus ganancias son por la actividad agrícola.

Manifestó que es afiliado a cooperativas dedicadas a negocios de la palma. Adicionalmente, su abogado señaló que el empresario también se dedica a vender arroz, actividad por la que ingresa entre $60 mil o $70 mil mensuales por cosecha.

Quirós Salazar, otro de los principales acusados, también registra millonarias ganancias: entre ₡40 millones y ₡50 millones mensuales, también justificados con la actividad agrícola.

El acusado de apellidos Méndez Mora identificado con el alias "Palomo", manifestó tener ingresos entre $15 mil y $30 mil. Aseguró que las ganancias son por venta de vehículos, comercio y ganadería.

Durante la identificación, al inicio del juicio, cada uno del resto de acusados reportaron ingresos mucho menores, que no superan el ₡1,5 millones por mes.