Reglamento de arriendo sigue enfrentando a Japdeva con organizaciones comunales
El reglamento de arriendo que impulsa la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) sigue causando conflicto con algunas organizaciones comunales limonenses.
En 2024, la entidad encargada de los puertos en Limón publicó un reglamento para cobrar arriendo en terrenos ubicados en la finca propiedad de Japdeva.
Se trata específicamente de terrenos ubicados en la finca matrícula N° 7-096658-000, ubicada en el Caribe noreste. Solo esta finca abarca un 2% del territorio nacional y está repartida entre los cantones de Limón, Matina, Siquirres, Guácimo, Pococí, Sarapiquí y San Carlos.
La Comisión Vertiente Atlántica, una de las opositoras al reglamento, calcula que en esa finca habitan unas 60.000 personas.
El reglamento transforma el concepto de cánon que se venía trabajando por el uso de la tierra al de un alquiler por vivir en esa finca, aún cuando las familias hayan construido sus propias casas y habiten allí incluso antes de que Japdeva se creara.
Por ejemplo, para el uso habitacional el cobro sería del 1% del valor del terreno, partiendo de la base mínima de ₡10.000 anuales. Se incluyen otras tarifas también para usos agropecuario, hotelero, comercial, industrial, mixto o público.
Lo recaudado por estos arriendos, según la Junta, se dirigirá a gastos corrientes y proyectos de mejoramiento.
El texto es defendido por la actual administración y la presidenta ejecutiva, Sucy Wing, y plantea algunos puntos que la Comisión cuestiona.
Japdeva y organizaciones chocan
Entre los planteamientos más polémicos está que la entidad se reserva el derecho de rescindir de forma unilateral los contratos suscritos. Los motivos puede ser de caso fortuito, fuerza mayor o por conveniencia institucional.
Además, ningún arrendatario podrá modificar el uso o destino del terreno, ni de sus edificaciones o instalaciones, a menos que cuente con la recomendación técnica de la institución.
La Comisión, que reúne a diversas organizaciones comunales, reclama que la elaboración del reglamento excluyó la participación ciudadana y estudios técnicos, y que es inconstitucional. Además, señala que la entidad busca sacar a los habitantes para concesionar tierras.
Para ese argumento se apoyan en unas declaraciones del 2023 del ministro de Turismo, William Rodríguez. Ante una consulta, el jerarca comentó que deseaban juntar tierras de Japdeva, del Instituto de Desarrollo Rural (Inder)
y del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) para hacer un plan costero de desarrollo turístico desde Tortuguero hasta Limón centro.
Wing reconoció anteriormente que no se consultó a las familias para la redacción de este documento.
"El reglamento violenta el que esa persona, que con sus propios recursos construyó la casa, y Japdeva le dice que va a enviar un perito para valorar cuánto vale y que la casa le pertenece a Japdeva. El cambio de naturaleza de cánon a cobro de arriendo privatiza. Quieren que las personas renuncien a esos derechos de posesión", señaló a CR Hoy Yajaira Rojas, coordinadora de la Comisión.
Otro punto de discordia es el plazo de extensión de los contratos. Inicialmente se firmarán por un período de 10 años, prorrogables por tres periodos iguales. Es decir, el plazo máximo será de 40 años.
No obstante, en caso de que el arrendatario fallezca, un heredero podrá asumir ese contrato, siempre dentro el plazo de 40 años. Más allá de eso, Wing ha dicho que sería necesario renovar el contrato.
Al menos 14 comunidades han expresado por escrito su malestar con la propuesta. Entre ellas Puerto Lindo, Linda Vista, Tortuguero y Cuatro Millas.
"Tenemos 40 años de vivir aquí con mi esposo y tenemos una casa que nos dio el Gobierno por 99 años y solo muertos nos pueden sacar", expresa una vecina de Barra del Colorado en un video difundido por la Comisión.
El tema ha llegado hasta la Asamblea Legislativa. En una audiencia realizada en mayo con la coordinadora de la Comisión y la presidenta de Japdeva, dos diputadas también cuestionaron algunos elementos del reglamento.
"40 años pasan muy rápido. Entiendo la seguridad jurídica que le queremos dar a los pobladores, ¿pero qué va pasar con esas familias que crecen en esas comunidades? No van a poder heredar a sus familiares", planteó a legisladora socialcristiana María Marta Carballo.
Ante consulta de CR Hoy, la diputada limonense Katherine Moreira afirmó que, en su criterio, el reglamento no genera
inseguridad jurídica para más de 4.000 familias, al eliminar los convenios de ocupación por 99 años y sustituirlos por contratos de arrendamiento con posibilidad de cancelación unilateral.
"Limitar el acceso a bonos de vivienda solo a quienes firmen los nuevos contratos excluye injustamente a familias históricamente asentadas, lo que no es aceptable desde el punto de vista social y comunitario", comentó Moreira.
La diputada agregó que se está coordinando una nueva mesa de trabajo entre pobladores y Japdeva para llegar a un consenso y dar resolución a este tema.
Japdeva defiende reglamento
La entidad limonense sostiene que el reglamento se creó para dar seguridad jurídica a esos pobladores, muchos de los cuales no tienen títulos de propiedad. No obstante, Wing ha asegurado que no es obligatorio la firma de los contratos.
La jerarca ha manifestado también que, para poder dar escrituras a esos pobladores, se necesita una ley que debe ser aprobada en la Asamblea Legislativa.
También ha argumentado que el cambio de cánon a arriendo se debe a que así lo habilita la Ley Orgánica de Japdeva de 1963. El artículo 2 de dicha norma faculta a la Junta a arrendar, vender, adjudicar o explotar las tierras que le confiere esa ley. No obstante, el artículo 17 le permite dar permisos de usos y prestación de servicios sujetos a cánones, aunque se especifica que será sobre espacios y actividades portuarias.
"Yo no puedo dar títulos, pero el reglamento de arriendo lo que hace es que, si usted quiere sacar un contrato de arriendo para pedir una ampliación con el bono al Banhvi, lo puede hacer; si quiere hacer un negocio con esa tierra, con el contrato de arriendo lo lleva al IMAS y le ayudan", dijo Wing en un video circulado por Japdeva en junio.
Mientras tanto, la Comisión asegura que ningún contrato se ha firmado. Por el contrario, busca espacios con el Ejecutivo para reformular el reglamento a uno consensuado con las comunidades.
Rojas afirmó que hubo un intento de mesa de diálogo entre Gobierno y comunidades, pero fracasó ante la insistencia del Ejecutivo de aplicar la normativa publicada.
La Comisión elaboró un documento con propuestas y peticiones entre las que están suspender el reglamento, censar a los habitantes de la finca y zonificar la propiedad.
"Las comunidades no es que quieren estar ahí sin pagar, lo que no queremos es que nos violente y nos pongan un reglamento que sea de 10 años, extendibles por 30. ¿Y después qué, para dónde van esas personas?", cuestionó la dirigente comunal.
Pendiente histórico
La cuestión de las tierras de Japdeva es un tema histórico pendiente de la institución. Cuando se creó la entidad se le encargó una franja de 10 kilómetros paralelos a la costa, desde el mar hacia el interior, y tres kilómetros de ancho, paralelos a ambos lados de los ríos y canales que administre la Junta. Esto a pesar de que ya existían habitantes en esas zonas.
El tema se hace más complejo por la multiplicidad de actores involucrados. Con el paso del tiempo, en esas mismas tierras se han creado zonas protegidas cuya responsabilidad es del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac). Además, la zona marítimo terrestre es de administración de las municipalidades.
En el pasado ha habido proyectos de ley que intentaron poner orden en este tema, sin éxito. También, como un intento de solución, se dieron permisos de uso precario para que las personas pudieran tener acceso a un bono.
Para Andrea Centeno, expresidenta de Japdeva, el desafío requiere una solución integral.
"Eso hay que ordenarlo porque no se vale que las poblaciones hayan quedado en medio del ordenamiento territorial que le corresponde al Estado con las municipalidades. (…) Es una situación complejísima la de tierras. Los reglamentos de este tipo en organizaciones como Japdeva tienen que pasar por el conocimiento de los grupos y líderes comunales. Entiendo que el proceso pudo hacerse mejor", comentó.
CR Hoy consultó a Japdeva por la situación actual de aplicación del reglamento, si mantiene su intención de aplicarlo y las quejas de las comunidades, pero se está a la espera de respuesta.