Reglamento 5G implicaría aumento de casi $1500 millones en inversiones de operadores

(CRHoy.com).-De aplicarse el reglamento de ciberseguridad para redes 5G emitido por el Gobierno, el impacto para los operadores de telecomunicaciones sería de casi 1.500 millones de dólares adicionales en sus inversiones estimadas.

De acuerdo con un análisis académico económico dado a conocer este miércoles, el monto total adicional en que tendrían que incurrir las empresas a las que se les concesione espectro radioeléctrico para redes de quinta generación es de $1474 millones en un plazo de 5 años, versus los $447 millones que tendrían que dedicar en inversiones de infraestructura si no se aplica el Decreto No.  44196-MSP-MICITT.

Según el estudio Evaluación del Impacto Económico de la Exclusión de Proveedores en las Inversiones de las Redes 5G en Costa del Centro Internacional de Política Económica Para el Desarrollo Sostenible (CINPE) de la Universidad Nacional (UNA), la aplicación de la normativa también tendría un impacto con una reducción de $1.360 millones menos el Producto Interno Bruto (PIB), cifra que representa lo que el país obtendría por la emisión de eurobonos.

"Cuando salimos del escenario sin el decreto del Gobierno, es decir, ya con esa infraestructura instalada, las inversiones en 5 años son de alrededor de 500 millones de dólares, exactamente $447 millones que deben hacer los operadores.

Y con el escenario del decreto, acumulando estos 2 efectos, el costo de inversión por la necesidad en infraestructura adicional por instalación de torres y además de eso de un precio mayor, las inversiones sí suben muchísimo más, tienen que hacer un esfuerzo de casi 2 mil millones de dólares más en 5 años, estamos hablando que ese costo de inversión para los operadores es de $1474 millones en un periodo de 5 años", explicó Emanuel Agüero, economista del Cinpe, sobre el resultado de la exclusión de proveedores asiáticos.

Él calcula que la contribución de 5G en los próximos 5 años en el escenario sin decreto es de $1.550 millones, lo que representa un 1,3 % del PIB; sin embargo, con el decreto del Gobierno, ese monto disminuye sustancialmente por las mayores inversiones que deben hacer los operadores, es decir, ese costo en que incurren por no usar la infraestructura ya instalada y ese mayor precio, generando solo $190 millones al PIB en ese mismo periodo de un lustro.

"Si consideramos la perspectiva individual de un operador de telefonía celular y sus requerimientos de inversión, los costos financieros de implementar la tecnología 5G sin contar con los proveedores asiáticos será mucho mayor y el plazo para atender los requerimientos aumentará significativamente.

Consideramos que el valor de estas inversiones podría poner en riesgo a algunos de los proveedores de telecomunicaciones por no poder enfrentarse a esta nueva condición", detalla el estudio de la UNA.

En cuanto a precios de los equipos de infraestructura tecnológica, de igual manera se elevarían los costos como se muestra en la siguiente imagen –indica la investigación- para un promedio de 3,5 veces más caro que si se contratara con Huawei.

El Reglamento Sobre Medidas de Ciberseguridad Aplicables a los Servicios de Telecomunicaciones Basados en la Tecnología de Quinta Generación Móvil (5G) incluye el Convenio de Budapest, que impide a empresas basadas en países que no lo hayan firmado, participar como proveedores de infraestructura a nivel nacional, tal es el caso de Huawei, compañía con casa matriz en China, nación que no ratificó el tratado internacional que es una serie de recomendaciones sobre lucha contra el cibercrimen.

El estudio

De acuerdo con representantes de la UNA, durante la presentación, el análisis para investigar la exclusión tecnológica en el despliegue de las redes 5G en el país es fundamental para identificar si, con esta acción, más bien se están creando barreras de acceso a grupos de la población, o si se corre el peligro de ensanchar la brecha digital.

"Esta investigación se realiza con toda rigurosidad técnica, basada en datos confiables y la información disponible, con ética profesional y como trabajamos siempre, con la esperanza de que nuestra investigación sirva para que Costa Rica pueda aprovechar plenamente los beneficios de las nuevas tecnologías de manera equitativa y sostenible, promoviendo el desarrollo económico, la inclusión social y la competitividad internacional", señalaron los académicos.

Mediante un análisis macroeconómico se buscaba responder la pregunta de ¿Cómo se afecta el mercado de las telecomunicaciones ante barreras de entrada?

Además, se investigó el impacto económico en los operadores (kölbi, Claro y Liberty) en caso de una probable exclusión de empresas asiáticas en el desarrollo del 5G en Costa Rica. Mientras, a nivel microeconómico se analiza cómo impactaría económica y digitalmente a la sociedad costarricense el aumento en los costos de los servicios IMT 2020.