Reformas de Supremos Poderes no resuelven criminalidad, según abogados penalistas

(CRHoy.com).- Las reformas propuestas por los Presidentes de los Supremos Poderes no resuelven la criminalidad que afecta al país y son medidas que se aplican en sede judicial, que además deberán pasar por la Asamblea Legislativa y que no tendrán un efecto en la disminución de los delitos que se cometen y menos en el récord de homicidios en el corto plazo, por lo que todavía se reciente la ausencia de acciones concretas para disminuir los crímenes, por parte de las autoridades, en específico, por parte del Ministerio de Seguridad Pública. 

Esa es la conclusión de algunos abogados penalistas consultados por CRHoy.com, luego de que el viernes 17 de marzo del 2023, el Presidente de la República, Rodrigo Chaves; el Presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, y Orlando Aguirre, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, anunciaron dichas reformas con el fin de atacar la problemática de criminalidad.

Pero ¿Qué impacto tendrán dichas reformas en la criminalidad ante las altas cifras reportadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en diferentes delitos?.

CRhoy.com consultó al Presidente de la República, Rodrigo Chaves; el Presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, y Orlando Aguirre, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, lo siguiente:

• ¿Cuál es el impacto que tendrán las reformas propuestas en la lucha contra la delincuencia y cuándo la población civil notará el impacto de estas reformas?
• Estas reformas, ¿contribuyen a la disminución de los delitos? ¿En qué porcentaje considera que se dará dicha reducción?

Sin embargo, al cierre de esta nota no habíamos obtenido respuesta.

No son la respuesta

Rodolfo Brenes Vargas, abogado penalista, indicó que las medidas que se anunciaron son pertinentes; sin embargo, aseguró que "hay que tener claro que no son la respuesta al fenómeno de criminalidad que, actualmente, estamos sufriendo".

"Esto porque, en primer lugar, son reformas legislativas que requieren un trámite en la Asamblea, es decir, no regirán en un corto plazo. Luego, son medidas que se van a aplicar en sede judicial, es decir, en el trámite de los procesos penales, donde lo que se busca es sancionar a quien ya cometió una ofensa y en este contexto lo que ocupamos son medidas que permitan evitar y prevenir el crimen y ahí el gobierno está debiendo porque no han anunciado ningún tipo de medida destinada a prevenir o evitar que la ola de criminalidad siga creciendo", comentó.

Brenes Vargas dijo que para combatir y prevenir la criminalidad se debe diseñar una política criminal, que son una serie de medidas que van a adoptar instituciones estatales y sociales para prevenir y reprimir el crimen. "Tienen que tomarse acciones coordinadas por todos los actores que pueden participar y tiene que tener medidas de corto plazo, en lo inmediato; de mediado y largo plazo. Y como la experiencia demuestra, la criminalidad no se desaparece con más represión y con más cárcel ; la prueba está en Estados que han recurrido a sus ejércitos y no han podido disminuir el fenómeno de la criminalidad", dijo.

José Luis Campos, abogado penalista, dijo que son propuestas de carácter procesal, no de leyes de fondo. "Tradicionalmente, sí ha existido la tendencia a que lo que se dé es un aumento de penas, de fondo, de carácter penal, y aquí tenemos una primera variación en el sentido de que no se están proponiendo aumento de penas", comentó.

Campos explicó que algunas cosas no tendrán tanto impacto en el combate a la criminalidad. Por ejemplo, la reforma a la ley de registro y archivo judiciales, en cuanto a la cancelación de asientos de las personas sentenciadas.

Calificó como un trato privilegiado a los procesos donde se va a dar prioridad a la protección de víctimas y sujetos procesales, "simplemente está dando un trato privilegiado, que está bien, pero con las demás situaciones, con las demás causas donde no haya esta protección, va a seguir siendo todo de la misma manera, con plazos muy extendidos de la investigación, con señalamiento a audiencias preliminares y a debates a muy largo plazo y entonces no tendría mucha incidencia en la prevención de la criminalidad", dijo.

Más represión, más criminalidad

Simón Angulo, abogado penalista y exjuez de la República, señaló que las reformas que se están planteando no están encaminadas a disminuir los delitos violentos como los homicidios y, por el contrario, a más represión, más criminalidad; "son reformas procesales muy pasajeras, por ejemplo, las anotaciones que cambian los términos de los años para estar anotadas en el registro judicial viene a limitar algunas medidas alternas, pero no va a evitar que las personas cometan o no delitos relacionados con homicidios o delitos violentos".

"El tema de las intervenciones telefónicas por femicidios, no se permite las intervenciones telefónicas de homicidios simples solo agravados, ese cambio a femicidio es razonable, pero sigue abriendo un plazo muy amplio en las intervenciones telefónicas y requiere mayoría calificada en la Asamblea Legislativa", indicó.

En cuanto al tema del delito de soborno internacional, cuestionó la cantidad de procesos que investiga el OIJ y el Ministerio Público, "igual creería que es una reforma que no es tan necesaria".

Sobre el anticipo de prueba, Angulo cuestionó que es una reforma que viene a limitar las garantías individuales y sobre todo el derecho de defensa porque es una resolución que no va a atener recurso de apelación y eso limita el derecho a segunda instancia.

El Exjuez de la República indicó que la Corte debería volver sus ojos a las contravenciones y a los valores ciudadanos, a la educación y a la salud, "y en ese entendido, reforzar los juzgados contravencionales y aplicar con mayor rigor las contravenciones, pero además de eso cambiar el destino específico de las multas, es decir, las multas van al Patronato de Construcciones de Adaptación Social, se supone que para construir obras o repartirlas a centros educativos, pero a eso no se le ha dado importancia y si se logra cambiar y se pasa a crimen organizado, creo que eso sí traería un impacto económico, a tener una competencia especializada para ese tipo de delito e investigaciones", comentó.

Carlos Cartín, abogado penalista y exjuez superior de la República, explicó que el trato prioritario a víctimas y testigos, generaría un colapso dentro del sistema judicial, "es imposible, hay multitud de casos que tiene tienen prioridad, casos de menores, casos de personas detenidas, casos de personas indígenas, y poner esta circunstancia de que están en un sistema de protección se le tenga que dar una prioridad, es un problema muy serio porque genería un mayor colapso del que ya tienen los tribunales en materia penal", dijo.

Cartin indicó que sí estaba de acuerdo con el endurecimiento de los beneficios carcelarios por medio del decreto que firmó el Presidente de la República y el Ministro de Justicia; sin embargo, está en contra de la intervención telefónica en casos de femicidios, ya que considera que podría existir una violación de la intimidad por parte de oficiales del OIJ.

Humberto Méndez, abogado penalista, comentó que la prioridad para el país y el Poder Judicial debería ser la puesta en funcionamiento de la jurisdicción de crimen organizado.

"El Presidente de la Corte le indica al Presidente de la República que es urgente porque, efectivamente, la ley está derogada, pero para ellos mismos, para los tribunales, no está derogada. Esta nueva ley de delincuencia organizada, lo único que permite es que todos los casos sean tramitados en San José, pero no trae nada novedoso porque ya existe como tal; si el Ministerio Público investiga un caso de narcotráfico, le pide al juez del lugar que le permita la intervención telefónica y de mensajes, que no es nada nuevo", manifestó.

Méndez calificó como un error el tema de los archivos judiciales porque consideró que es devolverse en el tiempo.

"Es aquí donde entra el Ministerio de Justicia y es aquí donde debería renunciar Gerald Campos (Ministro de Justicia) porque está participando en la terna de Director del OIJ y esa es una policía represiva y el Ministerio de Justicia tiene el deber de reinsertar a los privados de libertad a la sociedad; en segundo lugar debería renunciar porque él está siendo juzgado, tiene una causa penal y no puede ser más duro con los que están condenados, ante la firma del decreto que endurece los beneficios carcelarios", comentó.

Abogado pide salida del Ministro de Justicia: