Recorte ordenado por Hacienda obligaría a cerrar sedes de la Fiscalía

El fiscal general, Carlo Díaz, alertó que el multimillonario recorte al Poder Judicial ordenado por el Ministerio de Hacienda tendría un impacto caótico, con consecuencias que podrían incluir un aumento de los homicidios y el cierre de sedes del Ministerio Público.

El Gobierno busca recortar ₡23.722 millones, de los cuales ₡558 millones serían rebajados directamente a la Fiscalía. Esta situación podría generar el cierre forzoso de algunas oficinas, afectar el acceso a la justicia de poblaciones vulnerables y obligar a tramitar únicamente casos de extrema urgencia, explicó Díaz ante la Corte Plena este lunes.

Pero el grueso de la deducción recaería sobre recursos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), lo que afectaría su operatividad. La falta de recursos, advirtió, amenaza los logros recientes en contener la violencia, en un momento en el que se registraba una disminución de 50 homicidios con respecto al año anterior y existe el riesgo de revertir esa tendencia.

Díaz insistió en que el recorte ocurre en medio de un déficit de recursos que ya existe. El Ministerio Público ya operaba con limitaciones severas, evidenciadas en informes técnicos de planificación, por lo que un nuevo rebajo presupuestario resulta insostenible.

"Eso desde el compromiso del Organismo de Investigación Judicial y del Ministerio Público no va a suceder. Yo ya lo he indicado, vamos a trabajar aunque sea con las uñas, perdón la expresión coloquial, pero eso es lo que vamos a hacer, y no vamos a permitir que el caos reine y, sobre todo, vamos a fortalecer nuestra democracia", aseveró el fiscal.

Para el jerarca judicial, existe una intención deliberada de asfixiar financieramente al Poder Judicial para minar su eficiencia, justificar las críticas públicas en su contra y tomar el control de la última institución independiente.