Recorte a pensiones de lujo arrancó mucho antes de Chaves: Alvarado firmó ley en 2019

No es correcto que la Administración Chaves Robles (2022-2026) fuera la primera en presentar propuestas o iniciativas para concretar un recorte a las denominadas “pensiones de lujo”.

Este miércoles 22 de enero, en el programa televisivo semanal, Casa Presidencial anunció un proyecto de ley para “eliminar” las “pensiones de lujo” con cargo al Presupuesto Nacional (Régimen Transitorio de Reparto y Dirección Nacional de Pensiones) y el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial con montos mensuales entre los ₡3 millones y los ₡15 millones (en algunos casos recibidos por exdiputados, familiares de exdiputados y otros funcionarios públicos).

El plan presentado por el gobierno de Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República, pretende topar todas las pensiones al monto máximo que otorga el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Hoy, ese monto ronda hasta por ₡1,7 millones por mes.  

Según el gobierno de Chaves, para rebajar las "pensiones de lujo" también se harían reducciones progresivamente en un plazo de 6 meses y las limitaciones no podrán ser menores al 40% del salario de referencia usado para calcular el beneficio que devenga el beneficiario.

La propuesta ya fue presentada a la Asamblea Legislativa y sería impulsada por el Poder Ejecutivo en las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa (vigentes hasta finales de enero).

Durante campaña, Chaves hizo énfasis en que lucharía contra las “pensiones de lujo” y en los primeros días de gobierno presentó algunas gestiones (como procesos de lesividad contra “pensionados de lujo”). No obstante, la presentación de este proyecto de ley tardó casi 3 años en llegar. El mandatario se justificó este miércoles alegando que el estudio actuarial contratado a una empresa privada tardó casi 2 años en concretarse. 

Ya el gobierno de Carlos Alvarado Quesada (2018-2022) había firmado el jueves 5 de diciembre de 2019 la Ley No. 9796 que recortó las pensiones de lujo en los regímenes del Magisterio Nacional, Gobierno y el Poder Judicial. Incluso, lo hizo cuando para entonces Chaves era el ministro de Hacienda.

La propuesta fue presentada por Xiomara Rodríguez Hernández, del Partido Restauración Nacional (PRN) en el período 2018-2022 y fue aprobada por unanimidad por los diputados.

La legislación permite desde entonces aplicar el cobro de contribuciones solidarias a jubilados que superen los ¢2,2 millones en el caso del Magisterio y Gobierno, y los ¢2,6 millones en el Poder Judicial. En ese momento, se preveía un ahorro de ¢12 mil millones anualmente.

La Administración de Alvarado estimaba que al momento de entrar a regir la ley el Estado estaría facultado para aplicar las contribuciones solidarias a 4.118 “pensiones de lujo”, 3.198 adicionales a las 920 que ya estaban gravadas por ese concepto. “Con ello, se verá triplicado el ahorro generado actualmente por las leyes vigentes que recortan las pensiones de lujo, al pasar de ¢5.341 millones anuales a ¢17.538 millones”, alegó el gobierno de ese entonces.

El 8 de octubre de 2020, la Sala Constitucional resolvió una serie de consultas de inconstitucionalidad planteadas contra la ley aprobada por la Asamblea Legislativa, avaló la eliminación del incremento anual del 30% y validó las leyes que impusieron la contribución solidaria en las “pensiones de lujo”.

Durante la Administración Solís Rivera (2014-2018) también se realizaron algunos esfuerzos para poner freno a las pensiones más altas pagadas con cargo al presupuesto nacional. Por ejemplo, la eliminación de la revalorización de un 30% anual de la pensión de los exdiputados, la reforma sobre las caducidades en las pensiones administradas por la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la ampliación de la cotización en regímenes especiales y el incremento de los montos según el costo de vida.

¿Qué más dice el plan del gobierno de Chaves?

El proyecto de ley presentado este miércoles ante la corriente legislativa señala que el plan parte a partir de un estudio actuarial efectuado por Kemly Arias Sandí, identificada como directora de servicios actuariales de la empresa Dinámica Actuarial, en el cual concluyó que hay problemas de sostenibilidad en el sistema de pensiones debido a aquellas que son ampliamente superiores al resto de la población.

“La sostenibilidad de estos regímenes está en riesgo debido a la desproporción entre los beneficios otorgados y las contribuciones realizadas, privilegios otorgados al amparo de leyes injustas, lo que genera una carga significativa para el presupuesto nacional, no únicamente en aquellos regímenes con cargo al presupuesto nacional, sino también en aquellos en los cuales el Estado contribuye obligatoriamente en una doble condición: como patrono y como Estado”, se lee en la exposición de motivos.

Con respecto a los regímenes administrados por la Dirección Nacional de Pensiones, existen 916 que son mayores al régimen de IVM de la CCSS.

El estudio, según el proyecto de ley, reveló que algunos de estos beneficios llegan hasta ₡13,9 millones; es decir, 324 veces la pensión mínima de los regímenes administrados por la Dirección de Pensiones.

Con respecto al Fondo de Jubilaciones del Poder Judicial y del régimen de Pensiones, enfatiza que estas jubilaciones son 200 veces más la pensión mínima que contemplan los respectivos sistemas.

Según el informe, hay 3.911 pensiones del Magisterio Nacional que superan el tope máximo de la Caja, la más alta siendo de ₡14,9 millones.