Reconocido medio mexicano detalla negociación de Gobierno de Chaves con carteles narco

NARCOTRÁFICO SE AFIANZA EN COSTA RICA

El país vive la peor crisis de seguridad debido a la violencia de los cárteles; en ese contexto, fuentes expertas en crimen organizado aluden a un presunto diálogo del gobierno con el narco José Meléndez Corresponsal San José. –

Costa Rica llegó en 2023 a una de las más graves crisis por la penetración de los cárteles mexicanos del narcotráfico internacional, en un escenario que provocó un incesante aumento del número de asesinatos y un imparable y generalizado deterioro de la inseguridad.

Una información que se procesó con extrema confidencialidad o sigilo deslizó la eventualidad de que el gobierno del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, habría decidido abrir negociaciones con redes mafiosas costarricenses ligadas a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

El dato fue obtenido por EL UNIVERSAL tras varios meses de investigaciones en fuentes costarricenses con acceso privilegiado a los escenarios secretos de seguridad, crimen organizado y justicia.

Las fuentes, que hablaron con este diario en anonimato por temor a represalias, dijeron que a las contrapartes costarricenses de las mafias mexicanas del contrabando global de drogas se les habría pedido reducir la creciente violencia callejera y dejar de mostrar el fracaso de la seguridad, pero a cambio de proseguir con el narcotráfico.

Las fuentes revelaron que los contactos con narcotraficantes fueron realizados por personajes claves de las estructuras costarricenses de seguridad, algunos con funciones dentro del gobierno de Chaves y otros sin responsabilidades gubernamentales, pero con nexos en la criminalidad por su trabajo como abogados defensores en procesos de delincuencia organizada.

Los datos señalaron que un ambiente de tirantez surgió en instancias del Poder Ejecutivo de la seguridad por la decisión de avanzar con estos encuentros con criminales de Costa Rica que se afianzaron como enlaces de los dos cárteles mexicanos para el transbordo de estupefacientes del sur al norte de América.

Fuentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), policía técnica del Poder Judicial e independiente del Ejecutivo, indicaron que esa dependencia nunca aceptaría una componenda con criminales.

Según informaciones filtradas a este periódico, una figura de alto rango del gobierno optó por alejarse de cualquier lazo con las mafias y evitar contaminarse. Entre subalternas allegadas a ese funcionario quedó la idea que “él comentó” que prefería “no meterse”, aunque a sabiendas de que sufriría consecuencia laboral. Acorralado por el revés de sus planes de seguridad, por las cifras sin precedentes de homicidios, por un incesante avance de la inseguridad y por el impacto de la violencia en turismo y otras actividades socioeconómicas, el gobierno de Chaves entró a un terreno de alto peligro político: entablar diálogos con el crimen organizado.

“Eso fue hace más de un año”, subrayó un informante, al citar que en algunos sectores empresariales se presiona al gobierno para que contenga el golpe al turismo. Chaves asumió el 8 de mayo de 2022 y gobernará por cuatro años.

Al buscar la versión del gobierno de Costa Rica, EL UNIVERSAL preguntó al ministro costarricense de Seguridad Pública, Mario Zamora, aseveró sobre la información que tiene de las negociaciones: “Ninguna. Noticia nueva para mí”.

¿No ha habido negociaciones con los grupos del crimen organizado para negociar un ambiente de seguridad?, se le insistió a Zamora, cuya gestión empezó el 10 de mayo anterior.

“Jamás. Eso en Costa Rica es un delito. Procesaríamos a cualquier persona que participe en un escenario de esos. Es una línea roja que el país tiene claramente definida desde su legalidad, desde su práctica policial y, por supuesto, égida central en este ministerio”, respondió.

Usted asumió en mayo. ¿A partir de mayo eso no ha ocurrido?, se le replanteó. “No”, contestó. ¿Usted puede dar garantías de que a partir de mayo eso no ha ocurrido?”, se le recalcó. “No (ha ocurrido´)”, asintió.

¿Pero usted no sabe qué pasó antes de que usted asumió su cargo?, se le volvió a insistir.

“Bueno…es decir, esas cosas yo no las puedo saber, porque yo opino desde que llegué. Yo estaba en otras labores. Pero sí garantizo que desde que estamos acá en el cargo, eso es inadmisible”, ratificó.

A usted se le escuchó decir que eso sería como un suicidio, se le recordó.  “No se puede negociar con el diablo”, advirtió.

Zamora sustituyó a Jorge Torres, ministro de Seguridad Pública desde el inicio de la administración Chaves.

Torres retornó a su puesto de jerarca de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), policía política del Ministerio de la Presidencia, ensamble esencial del aparato de seguridad y nexo con estructuras como la Agencia Central de Inteligencia (CIA), de Estados Unidos. La denunciada negociación tampoco fructificó. El número oficial de homicidios subió de 570 en 2020 y 588 en 2021 a 654 en 2022 y 666 a ayer y llegaría a unos 900 al final de 2023. La mayoría de casos fue atribuida al narcotráfico.

Retroceso criminal

Costa Rica que tiene una posición geográfica estratégica como punto intermedio entre Colombia, principal productor mundial de cocaína, y EU, mayor consumidor global de esa droga, registró un imparable aumento en los homicidios, ligados casi en su totalidad a las actividades de narcotráfico y sus elementos afines, como legitimación de capitales.

“El gobierno parece que ha cumplido con su parte: facilitar el paso de cocaína” de Colombia, vía Ecuador, Venezuela o Panamá y mar, tierra y aire, a Centroamérica, México y EU, señaló una de las fuentes. “Los narcos no han cumplido su parte: los asesinatos continuaron, la guerra entre narcos, en vez de mermar, se agudizó y la inseguridad es cada día más grave”, alegó.

El número de homicidios subió de 570 en 2020 y 588 en 2021 a 654 en 2022. El dato a ayer llegó a 666, con perspectivas del OIJ de que podría acercarse a los 900 a diciembre de 2023. “Si algún gobierno en América Latina ha negociado con el narcotráfico lo ha hecho más grande y convertido en actor político. Es un gravísimo error y jamás saldrá nada bueno de eso”, afirmó a este periódico el abogado e historiador costarricense Álvaro Ramos, analista político y de seguridad.

“El gobierno que negocia con narcotraficantes apoya al narcotráfico, hace todo lo posible por la supervivencia de los narcotraficantes y del poder que tienen en la sociedad. Es una bofetada al pueblo, que sufre la violencia, la criminalidad, la adicción, la corrupción, de esas estructuras criminales”, dijo Ramos a este periódico.

“En Costa Rica sería imposible hacerlo: la ley no lo permite. Es un delito clásico, estructural, grave y una traición al país y al pueblo costarricense. Espero que se investigue cualquier evento de estos y se meta a la cárcel a las personas que se hayan involucrado en eso, sobre todo a los funcionarios públicos”, añadió.

Al indicar que el gobierno negocia “para que los narcotraficantes pasen la droga y se la está pasando a gobiernos amigos, a estados con los que tenemos relaciones: está permitiendo que los narcotraficantes tengan mayor capacidad de exportación”, adujo que “abrirle puertas al narcotráfico, al perseguirlo menos, es una triple traición a la sociedad”.

Es una traición “al sistema institucional y a la legalidad, a la sociedad en la que se debe gobernar correctamente y evitarle los males y a los gobiernos amigos. Es un completo desastre porque convierte al país en un centro en el que se negoció con los narcotraficantes para que tuvieran más libertad a cambio una paz relativa y falsa”, puntualizó.

“El crimen organizado”, prosiguió, “es una institución que destruye la democracia y las instituciones. Negociar con criminales nunca va a resultar en algo bueno. Decía mi bisabuela que no hay trato bueno con hombre malo ni trato malo con hombre bueno. Y aquí estamos tratando con hombres y mujeres malas y el trato va a resultar mal”.

A consulta de este periódico, el abogado costarricense Gustavo Mata, ministro de Seguridad Pública de Costa Rica de 2015 a 2018, señaló, por su parte, que “es un tema muy delicado” porque “sería empoderar a los grupos criminales para que ellos sean los que vayan a administrar la seguridad del país y la institucionalidad”. “Países que han hecho esa negociación, como Colombia, México, Ecuador, no han llegado a nada, sin ningún resultado.

Debemos de apostar a una política de seguridad de Estado para que los próximos ministros (de Seguridad Pública) sepan lo que tienen que hacer para no arriesgarse a pensar en estas tentaciones que el crimen organizado les puede generar”, agregó. Mata y Ramos coincidieron en que tratos similares con criminales fracasaron en México, Colombia, Ecuador y Guatemala. ¿Narco—Estado?

“La situación de seguridad es alarmante en Costa Rica”, lamentó el abogado costarricense Francisco Dall’Anese, exfiscal general de Costa Rica y exjefe de la disuelta Comisión Internacional Contra la Impunidad y la Corrupción en Guatemala (CICIG)´, al destacar que “nunca” se llegó a un monto de homicidios “en toda la historia” como el de 2023. En declaraciones a este diario, denunció que “el gobierno pareciera no tener interés en prevenir los homicidios.

La lucha contra la criminalidad se gana evitando los homicidios y no teniendo condenas por homicidios.

Si hay condenas por homicidios quiere decir que la seguridad ya fue vencida, que la seguridad no funcionó y que el país avanza hacia el abismo”. “El presidente no escucha, no pone manos a la obra para la seguridad ciudadana. Lo que dijo últimamente es que los homicidios son entre grupos criminales y que se matan entre ellos, como restándole importancia. Como si la vida de los seres humanos, sean quienes sean y de donde vengan, no fueran una responsabilidad del presidente y del ministro de Seguridad”, reclamó.

“Es grave que el presidente haya dado estas declaraciones, porque lo que deja para pensar es que le da el corredor abierto a los grupos criminales que se disputan el territorio nacional, sin tomar en cuenta las balas perdidas que han matado a personas inocentes de todas las edades y en algunos casos niños de corta edad”, acotó. Al recalcar que “esto es muy grave”, describió que “significa una renuncia a darle seguridad ciudadana al país”, mencionó los informes del gobierno de EU acerca de que “los narcotraficantes prefieren a Costa Rica que a otros países”.

“Obviamente: no hay contención, no hay prevención, no hay desarticulación de bandas por parte de Seguridad Pública. Se salva el OIJ”, apuntó, tras reiterar que “es una situación de alarma (de) un gobierno al que no le importan los homicidi0s.

El crimen organizado, especialmente el narcotráfico, en un avance constante hacia el país. Lo dice el gobierno de EU”.

De seguido, sentenció: “Prefiero pensar que el avance del narcotráfico en Costa Rica se debe a la ignorancia de las autoridades gubernamentales y no a sus malas intenciones. Pero con unas o con otras, vamos camino a un narco—Estado y el país está sentado viendo lo que pasa. Y lo peor, le está aplaudiendo a esa inercia presidencial sin saber que estamos perdiendo el Estado de derecho, la democracia y la paz que siempre disfrutamos”.

El escenario coincidió con un sorpresivo desmontaje que ocurrió este mes de puestos antidrogas de Seguridad Pública en fronteras terrestres, marítimas y aéreas. Zamora justificó el cambio como nueva estrategia policial. Costa Rica emularía al gobierno colombiano en negociar con criminales, acto severamente reprochado por la (estatal) Defensoría del Pueblo de Colombia. El abogado colombiano Carlos Camargo, jerarca de la Defensoría, exhibió la realidad: “El gobierno (de Colombia) dio la mano y los grupos (criminales) se han tomado el brazo”.