(CRHoy.com) -Un proyecto de ley pretende echar mano a dineros del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) para financiar parcialmente la operación de una nueva burocracia estatal sobre economía social solidaria.

Se trata de una iniciativa -que se tramita bajo el expediente 21970 en la Comisión de Alajuela de la Asamblea Legislativa- impulsada por un grupo de 13 legisladores.

La propuesta la lidera el diputado Daniel Ulate, del Partido Liberación Nacional (PLN), y fue firmada por Paola Valladares, de la misma agrupación política, Carmen Chan, Marulin Azofeifa, Ignacio Alpízar, Harllan Hoepelman, Nidia Céspedes y Jonathan Prendas, de Nueva República, María Inés Solís y Erwen Masís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), José María Villalta, del Frente Amplio (FA), Welmer Ramos, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y Melvin Núñez, del Partido Restauración Nacional (PRN).

Según la iniciativa, se crearía una compleja estructura estatal a nivel central y local para financiar a pequeñas organizaciones comunales, municipales y cooperativas y cualquier "otra empresa de la economía social solidaria".

El proyecto -Ley de Fomento Socioeconómico Local- propone la creación de un Consejo de Desarrollo Socioeconómico Local que se financiaría con una voluminosa suma de recursos públicos, casi ¢106 mil millones.

De acuerdo con el texto, el Gobierno giraría, por una única vez, un monto idéntico al presupuestado en 2019 para el Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad y las asociaciones de desarrollo. Esa cifra fue de ¢37.097 millones que provienieron del impuesto sobre la renta.

Además, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, por una única vez, dispondría del 10% de sus utilidades reportadas el año pasado: ¢3.300 millones.

El Fondo de Desarrollo Socioeconómico Local también se financiaría de manera permanente con un nuevo impuesto del 1% sobre las ventas brutas de las empresas del régimen de Zonas Francas.

Además, el Banco Popular quedaría obligado a girar en forma permanente un 5% de sus utilidades.

Desfinanciar a Fonatel

El proyecto de ley también abriría la puerta para que se tomen recursos de Fonatel, un fondo destinado a poblaciones vulnerables y cierre de la brecha digital.

En el artículo 2 de la iniciativa se establece el acceso universal a las telecomunicaciones, pero no sujeta este principio a la Ley de Telecomunicaciones y, por lo tanto, lo libera del Plan Nacional de Telecomunicaciones.

Además, en el artículo 16 de la propuesta se pretende agregar un párrafo final al artículo 36 de la Ley General de Telecomunicaciones para obtener de manera indirecta los recursos de Fonatel.

El artículo 36 señala que los recursos de Fonatel serán asignados por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones para los proyectos dirigidos a poblaciones vulnerables.

Pero con la propuesta se exceptuaría de esta obligación a las transferencias realizadas a los entes y empresas municipales, así como a las empresas creadas al amparo de la Ley de Fomento de Asociaciones de Desarrollo.

También incluye un transitorio IV para que en el plazo máximo de dos años a partir de la publicación de la ley, Fonatel pueda subsidiar el pago del servicio de Internet a pequeñas y medianas empresas o a las asociaciones de desarrollo comunal.

Vanessa Castro, presidenta de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom), sostuvo que la propuesta pretende tomar recursos de Fonatel de una manera solapada.

"A diferencia de otros proyectos que pretenden llevarse los recursos de Fonatel, este proyecto lo que hace es ingresar digamos por la cocina. Entra de manera muy sigilosa modificando en su parte final del proyecto y el artículo 36 de la Ley de Telecomunicaciones", aseguró.

Explicó que con la modificación planteada se podrían tomar recursos de Fonatel para los objetivos de la iniciativa.

"Se podrían distribuir para las empresas que se formen o las asociaciones (…) Lo que quieren es, a través de una modificación, es poder tomar los recursos y sin ningún tipo de control de contratación administrativa. Eso es falta de transparencia y no se vale", añadió.

Objetan el proyecto

Los diputados Yorleny León y Wagner Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN), objetaron la iniciativa y expresaron su preocupación por la intención de tocar recursos de Fonatel.

"En el caso particular de la propuesta para tomar fondos de Fonatel me parece totalmente improcedente. La primera razón es porque nosotros en las regiones más alejadas tenemos una brecha digital, una deuda con esos ciudadanos en el tema de brecha digital", dijo.

Sostuvo que con el surgimiento de la pandemia se ha evidenciado la necesidad del país de disminuir la brecha digital.

"Tomar los recursos de Fonatel para atender los requerimientos de las micro y pequeñas empresas significa un doble castigo para esas poblaciones que están vulnerables, alejadas y desconectadas. Quieren tomar los recursos para atender otras necesidades. Es como decir, que la condición de brecha digital de esas poblaciones no es preocupante", agregó.

Un criterio similar expresó Jiménez, quien preside la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación del Congreso.

"Los recursos de Fonatel tienen su destino específico y no puede existir una distorsión y un fin específico que no sea combatir la brecha digital", declaró.

También se pronunció en contra de la creación de nueva burocracia estatal en momentos en que es indispensable bajar el gasto público.

"Nos encontramos en un contexto financiero muy difícil en el cual todas las propuestas dirigidas a incrementar el gasto público deben ser revisadas con microscopio", manifestó.

Aseguró que crear más burocracia, remuneraciones y gasto corriente va en contra de la lógica de la reforma fiscal y la contención del gasto público.

"Es un proyecto de ley que debe ser ampliamente consultado", indicó.

El 29 de mayo pasado, Luis Adrián Salazar, renunció a su cargo como Ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, tras reconocer diferencias con el presidente de la República, Carlos Alvarado, sobre el uso de recursos de Fonatel.

"No puedo estar de acuerdo con el uso de los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones para otros propósitos que no sean el acceso universal y solidario a los servicios de telecomunicaciones, para que lleguen a las personas más vulnerables del país", dijo en su carta de renuncia al mandatario.