Queda en firme pena de prisión de entre 2 y 4 años por introducir celulares a cárceles
Este jueves, de manera unánime, los 41 congresistas presentes en la sesión del plenario legislativo aprobaron, en segundo y último debate, el proyecto de ley que busca penalizar la introducción de teléfonos celulares y otros dispositivos de telecomunicaciones en las cárceles.
El proyecto, presentado por el Poder Ejecutivo en febrero anterior, fija penas de prisión de entre 2 y 4 años por esta práctica.
El texto de la propuesta también establece que la pena se agravará en un tercio si la introducción del aparato celular en una prisión es realizada por funcionarios públicos, proveedores de servicios o productos a centros penitenciarios, abogados en el ejercicio de su función, o personas a quienes se les haya autorizado de manera especial el ingreso a un centro penitenciario.
La iniciativa legislativa, bajo el expediente 24.162, busca adicionar el artículo 257 quáter al Código Penal para procesar a aquellas personas que introduzcan teléfonos celulares y otros aparatos de comunicación en los centros penitenciarios.
La introducción ilegal de celulares y chips en las cárceles permite a los reclusos coordinar actividades criminales fuera de las instalaciones, tales como el tráfico de drogas, extorsiones, estafas informáticas y homicidios.
Estadísticas oficiales indican que, durante 2023, la Policía Penitenciaria logró interceptar el ingreso de 2.683 teléfonos celulares a las cárceles del país. Además, se incautaron 3.592 chips o tarjetas SIM, así como unos 4.954 artículos electrónicos, como cargadores, cables y dispositivos similares.
