¿Qué se investiga en el caso por el cual detuvieron a Batalla?
El monto inicial de la licitación fue de aproximadamente $40 millones
Esta mañana, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público (MP) ejecutan una serie de 22 allanamientos en distintas zonas del país, en los cuales se detuvo al exministro de Transportes Mauricio Batalla y varios funcionarios del actual gobierno.
¿En qué consiste el caso?
Los allanamientos son por varios delitos relacionados con las reparaciones en la pista del aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia, tras los efectos de las ondas tropicales 11, 12 y la tormenta tropical Bonnie.
La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción detuvo a:
- Alejandro Picado, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias;
- Mauricio Batalla, exministro de Obras Públicas y Transportes;
- Marcos Castillo, actual director de Aviación Civil; y
- Henry Villalobos, ingeniero de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
Todos figuran como sospechosos de los delitos de influencia en contra de la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
De acuerdo con la información preliminar, a estos imputados se les vincula con hechos que habrían iniciado el 21 de junio de 2023, cuando uno de ellos, como integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, solicitó al Poder Ejecutivo incluir el cantón de Liberia entre los sectores afectados por los fenómenos climáticos antes mencionados.
En apariencia, el objetivo era gestionar procesos licitatorios bajo el régimen de excepción contemplado en la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo.
Se presume que esta acción buscaba adjudicar el contrato denominado "Rehabilitación por emergencias de pista de aterrizaje y obras pluviales del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós" a una empresa privada dedicada a la construcción, para que se encargara de ejecutar las obras.
La adjudicación quedó en firme el 29 de enero de 2024.
A raíz de esto, se iniciaron las reparaciones en la pista del aeropuerto con base en los términos establecidos en el cartel elaborado por la Unidad de Infraestructura Aeronáutica de la Dirección General de Aviación Civil.
Dichas especificaciones contemplaban la reparación no solo de la superficie, sino también de las capas subyacentes, con el fin de extender la vida útil de la pista.
Además, se incluía la atención de todos los daños atribuidos a causas climáticas.
Durante la ejecución del proyecto, la empresa constructora propuso una ingeniería de valor, que planteaba que algunas de las capas subyacentes no requerían intervención porque se encontraban en buen estado. Esta propuesta habría modificado el objeto contractual original de la licitación.
Sin embargo, tanto el encargado de la unidad ejecutora como los miembros de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica de Aviación Civil se opusieron a esta modificación. Aparentemente, a partir de ese momento, empezaron a recibir presiones por parte de los sospechosos.
Incluso, se habría sustituido al encargado de la unidad ejecutora —quien se oponía a la variación del proyecto— para colocar a otra persona que sí avalara la ingeniería de valor y facilitara la modificación contractual en beneficio del contratista.
Según la investigación, el monto inicial de la licitación era de aproximadamente $40 millones, y con la modificación propuesta mediante la ingeniería de valor, el contrato habría variado en cerca de $4 millones.
Las pesquisas se desarrollan en los sectores de Curridabat y Pavas (San José), Oreamuno (Cartago) y Santa Bárbara (Heredia), con el fin de detener a los imputados y decomisar evidencia relacionada con el caso.
Los detenidos quedarán a la orden del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.
