En la conversación, Ramírez también aseguró que el PLN rechazará la posibilidad de aplicar un eventual estado de excepción en zonas del país afectadas por la violencia y el narcotráfico, propuesta que ha sido mencionada por la presidenta, Laura Fernández, como parte de la discusión sobre seguridad nacional.

El legislador aseguró que existe un bloque de 26 diputados "radicalmente en contra" de limitar libertades y garantías individuales, y calificó esa eventual medida como "inefectiva, absurda y peligrosa". Además, cuestionó que la estrategia del Gobierno esté enfocada principalmente en la represión y no en programas preventivos.

A continuación, un extracto de la entrevista

¿Qué lectura hace la fracción de la decisión de la presidenta del Congreso, Yara Jiménez Fallas, de archivar el caso contra el exdiputado y excandidato presidencial de Nueva República, Fabricio Alvarado Muñoz, ¿por aparente acoso sexual?

Eso fue un grave error.

¿Por qué un error?

Primero, fue una decisión absolutamente dañina para la credibilidad del Poder Legislativo. Da la señal de que aquí- en el Congreso- hay impunidad en casos tan graves como el acoso sexual.

¿Fue blindaje político a Fabricio Alvarado?

Lo que siento es que aquí lo que ha habido es continuidad de la impunidad. Esto no es nuevo. Esto hace rato lo vienen haciendo.

Al finalizar la legislatura anterior, primero ocurrió el atraso de los exdiputados oficialistas con el almuerzo y entonces no vinieron a hacer quórum. Al día siguiente se fueron de paseo a Puntarenas. O sea, hubo una acción deliberada del partido oficialista y sus aliados para no votar este expediente en la legislatura anterior.

Yo pensé que eso iba a cambiar y que ahora iban a venir con una actitud distinta, y doña Yara había dado señales de que así iba a ser. Ella nos confirmó que lo iba a hacer y que iba a pedir el criterio de la Asesoría Legal de la Asamblea para definir el mecanismo de votación.

La Asesoría Legal respondió que sí, que no había ningún problema y que, aunque el señor Fabricio Alvarado ya no fuera diputado, sí se podía continuar, concluir el proceso y votar los informes.

Ella nos anunció que iba a darnos los detalles sobre el momento en que se votarían esos informes.

Luego llegó con la noticia de un informe, que nadie conocía, de Servicios Técnicos del Congreso, que no era el departamento al que le correspondía resolver sobre esto, y nos dijo lo contrario de lo que indicó el Departamento de Asesoría Legal de la Asamblea.

Se sacaron ese informe de la manga. Entonces, realmente lo que hicieron fue un montaje para justificar algo injustificable: darle impunidad a un diputado que cometió aquí una grave falta ética y que esta Asamblea no va a sancionar.

Ese es el mensaje equivocado hacia la población.

Peor aún, quienes apoyan este acto de impunidad son los diputados del partido que llevó a Laura Fernández Delgado a la Presidencia, a pesar de que ella también denunció públicamente, en televisión nacional, que este señor la había acosado.

Yo no entiendo qué le deben a Fabricio Alvarado. Esa es la gran pregunta. ¿Qué es lo que le deben a Fabricio Alvarado? ¿Por qué esta obsesión por proteger a una persona que fue cuestionada por la propia presidenta de la República en un evento transmitido por televisión nacional?

¿La presidenta del Congreso, Yara Jiménez Fallas, queda políticamente debilitada con esta decisión?

Yo creo que esto le hace daño porque ella tuvo que cambiar su posición, porque claramente venía en una línea de que íbamos a llevar esto a votación y, en el camino, la obligaron a cambiar.

Eso no le beneficia en su proyección ni en su liderazgo. Pero bueno, ella tendrá que apechugar las consecuencias de esa decisión.

¿Quién la obligó?

Eso habría que preguntárselo a ella.

Conversemos del arranque de esta Asamblea. Los expresidentes del Congreso Rolando Laclé Castro y Francisco Antonio Pacheco Fernández ven desventajas en que la nueva Asamblea Legislativa sea inexperta en la labor parlamentaria. ¿Cómo ha sido este proceso de arranque para la fracción opositora mayoritaria en el Congreso?

En realidad, ha sido un excelente arranque para la fracción y para la Asamblea. La fracción está muy unida. Son personas muy trabajadoras.

Hicimos un buen trabajo de preparación y además tenemos equipos de apoyo muy buenos.
Por ejemplo, Óscar Izquierdo Sandí, exjefe de fracción del PLN, es ahora nuestro jefe de asesores. Es una persona con experiencia en negociación y conoce muy bien el Reglamento Legislativo.

Vamos a ser firmes defensores de la democracia y vamos a hacer una oposición constructiva en todo aquello que le convenga a Costa Rica.

Un tren eléctrico, por supuesto. Una marina y una terminal de cruceros en Limón, por supuesto, pero dentro del marco de la transparencia y de los principios de contratación que deben existir.

Entonces, hemos estado dando señales muy claras de que, en aquellas cosas que le convienen a Costa Rica, vamos a ser una fracción positiva.

Además, hicimos una negociación muy positiva para construir un bloque democrático de 26 diputaciones con cuatro fracciones distintas. Eso también muestra la capacidad política de nuestra fracción y la capacidad de tender puentes.

La primera convocatoria de proyectos de ley de esta administración, durante el período de sesiones extraordinarias, ¿responde a las necesidades puntuales y a la coyuntura que atraviesa el país?

Estamos conversando para incorporar algunos temas que nos interesan, por ejemplo, en materia de seguridad, que es una prioridad en Costa Rica por lo que estamos viviendo.

Deberíamos priorizar proyectos relacionados con el combate al crimen organizado, el control de armas y el ataque al narcotráfico desde el seguimiento al dinero.

La agenda ha incluido algunos temas importantes, como el financiamiento del tren y la marina de Limón, y en eso hemos estado de acuerdo, pero hay otros asuntos en los que quisiéramos poner mayor énfasis porque son urgentes.

En temas de seguridad, la presidenta Laura Fernández Delgado mencionó la posibilidad de analizar la vía legal para realizar una sesión privada con los diputados y abordar un eventual estado de excepción en algunas zonas del país consideradas "zonas calientes". ¿Qué lectura hace la bancada de esta propuesta?

Nosotros le hemos reiterado a doña Laura, con todo respeto, que eso no va a pasar.

Porque hay 26 diputaciones que estamos radicalmente en contra de limitar la libertad y las garantías individuales.

Eso es un falso dilema. Usted no tiene que sacrificar la libertad para garantizar la seguridad de los costarricenses.
Eso se hace con más tecnología y con leyes que acaben con la alcahuetería, y en eso van a tener nuestros votos.

Tenemos propuestas específicas para aumentar el número de efectivos y aumentar la inversión no solo en la Fuerza Pública, sino también en el Organismo de Investigación Judicial y en el Ministerio Público.

Pero también son necesarios programas de prevención y eso no lo vemos. Vemos una agenda centrada en la represión, pero no iniciativas más concretas en materia preventiva.

Esa agenda de seguridad jamás va a significar el sacrificio de la libertad de los costarricenses.

Es una medida que no tiene sentido, porque si usted restringe o levanta las libertades en un barrio específico, ¿usted cree que los delincuentes se van a quedar esperando a que llegue la policía? No. Se van a mover a otro barrio, a otra provincia o a la costa.

Entonces, ¿Qué van a hacer? ¿Levantar las libertades de los costarricenses en todo el territorio? Esa es una medida inefectiva, absurda y peligrosa.

¿En materia de crecimiento económico y generación de empleo, qué propone el PLN?

Vamos a impulsar condiciones para aumentar la inversión del régimen definitivo, porque en Costa Rica hemos hecho mucho por el régimen de zonas francas y le hemos puesto alfombra roja al que viene de afuera, y eso está muy bien porque hay 250.000 empleos gracias a eso.

Pero el resto de los empleos, el 80%, los produce el mercado interno, el régimen definitivo. Entonces tenemos que buscar la manera de apostar también por el fortalecimiento de ese régimen.

También tenemos que enfocarnos en fortalecer la oferta educativa y para eso hay que reforzar la educación dual y la educación técnica.

¿Qué posición tiene el PLN frente a la discusión de los retiros anticipados del ROP, tema sobre el cual existe gran expectativa en un sector de la población?

Nosotros estamos absolutamente de acuerdo.

Estuve hablando con un señor de 63 años con un problema de desgaste en la columna y está a punto de perder la casa. Él tiene ₡9 millones y eso es lo que realmente le va a dar paz. No le va a dar paz un crédito gota a gota.

A personas como él necesitamos darles calidad de vida y tranquilidad en su etapa de retiro.

Este es el tipo de soluciones que son justas, porque además no le están quitando nada a nadie. Es su dinero y nos parece que es una decisión con un elemento de justicia social muy claro, y nosotros estamos radicalmente a favor de esa idea.

El oficialismo habla de reformas profundas al Estado y utiliza el término "Tercera República". ¿Dónde pone la fracción del PLN las líneas rojas que no está dispuesta a negociar?

En la defensa de la democracia y la libertad.

Ni la democracia ni la libertad van a sufrir retrocesos en estos cuatro años, porque hay 26 diputados comprometidos con resguardar esas libertades y esos principios que sostienen la democracia de Costa Rica.

Le menciono varios: la libertad de prensa y las garantías individuales.

Nosotros no vamos a poner votos jamás para levantar garantías individuales, tampoco para cambiar el equilibrio de poderes.

Esa idea absurda y peligrosa que algunos plantean de sacar el Ministerio Público del Poder Judicial para trasladarlo al Poder Ejecutivo sería el fin de la democracia en Costa Rica.

Si usted hiciera eso, pondría la Fiscalía al servicio del poder político para perseguir adversarios, como ya lo están haciendo. Si han perseguido adversarios con Tributación, imagínese lo que harían con la Fiscalía.

Realmente esas son líneas rojas que jamás podríamos aceptar.

Afortunadamente, la buena noticia para los costarricenses es que hay 26 diputaciones democráticas que no vamos a permitir que eso ocurra.

¿Han valorado los proyectos que impulsa el Ejecutivo para reformar la elección y reelección del contralor, subcontralor y magistrados tanto del Poder Judicial como del Tribunal Supremo de Elecciones?

Esos son temas que sí podemos estudiar.

Lo que nos interesa analizar en esas ideas es lo que la misma Corte ha planteado acerca de cómo podría variar el mecanismo de elección, de modo que blindemos todavía más al Poder Judicial de la influencia de los partidos políticos.

Entonces, en ese tema sí estamos de acuerdo en abrir esa discusión, por supuesto.

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