¿Qué hará la DEA contra personas relacionadas con crímenes que aparezcan en celular de Celso Gamboa?
El mensaje fue claro: la Administración de Control de Drogas (DEA) investigará y actuará contra todas las personas que hayan mantenido vínculos criminales con el exmagistrado y exministro Celso Gamboa Sánchez, actualmente en proceso de extradición a Estados Unidos a solicitud de esa agencia, por los delitos de conspiración y tráfico internacional de drogas.
"Es para el mejor interés de todas las personas que están en comunicaciones en el teléfono del señor Celso Gamboa que se comuniquen con la DEA, aquí en las oficinas centrales, lo más pronto posible", aseveró el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, quien transmitió el mensaje el martes pasado.
El jefe policial brindó detalles sobre las acciones que va a emprender la agencia antidrogas de EE. UU. contra posibles socios o aliados de Gamboa, con base en la revisión que realicen los investigadores a los archivos, contactos y comunicaciones almacenadas en su teléfono celular, el cual permanece bajo custodia desde el día de su captura.
La DEA ha indicado que emitirá warrants conforme a lo que encuentre en ese dispositivo. Aunque en inglés el término puede tener varios significados, en esencia se refiere a una orden judicial emitida por un juez o magistrado estadounidense que autoriza a la policía a actuar.
Estas órdenes pueden abarcar desde allanamientos y registros hasta detenciones o capturas internacionales. Es decir, si la DEA detecta a alguna persona conspirando o colaborando con Gamboa en actos ilegales, actuará en consecuencia.
"En dos ocasiones la DEA, la semana pasada y esta, me indicaron que ellos eventualmente cuando abran ese teléfono celular, van a abrir cargos contra las personas que encuentren ahí en una comunicación delictiva.
Me indicaron que sería en el mejor interés de esas personas que saben que tienen esa comunicación y que efectivamente la DEA va a abrir ese teléfono celular, que se comuniquen con ellos mejor para negociar algo antes de que ellos emitan estas órdenes, porque una vez que emitan esos ‘warrants' que llaman en inglés, pues ya difícilmente se va a poder mejorar algún tipo de beneficio", recalcó Zúñiga.
En cuestión de hora y media tras la detención de Gamboa, la DEA ya tenía en su poder el teléfono celular del exministro, a quien perfila como un aparente líder criminal en Latinoamérica.
El OIJ confiscó el aparato la noche del lunes 23 de junio, en el momento de su captura, como parte del proceso de extradición solicitado por el Tribunal del Distrito Este de Texas, con sede en Dallas. El dispositivo fue entregado de inmediato a la agencia estadounidense.
Gamboa y dos de sus presuntos cómplices enfrentan una acusación penal por dos cargos: conspiración para traficar y distribución internacional de cocaína.
Actualmente, el exjerarca permanece recluido en el módulo de máxima seguridad del centro penitenciario La Reforma, donde cumple dos meses de prisión preventiva mientras se resuelve la solicitud de extradición presentada por la DEA ante la justicia costarricense.
El caso forma parte de una investigación internacional conjunta entre el OIJ y la DEA. La acusación lo señala como presunto cabecilla de una red de narcotráfico con ramificaciones en Colombia, Panamá, Honduras, México y Estados Unidos. Se le atribuye el rol de coordinador del Cártel del Golfo, de origen mexicano.
También se le vincula con el Clan del Golfo, de Colombia, y con el Cártel de Sinaloa. Las autoridades estadounidenses lo acusan de facilitar el ingreso de cargamentos de cocaína a Costa Rica, supuestamente con colaboración desde el propio Gobierno, para luego enviarlos hacia Centro y Norteamérica.
Además, fue detenido su presunto cómplice, excliente y coimputado Edwin Danney López Vega, alias Pecho de Rata, exconvicto por narcotráfico y originario del Caribe Sur, además del empresario Jonathan Álvarez Alfaro, procesado también por legitimación de capitales en Costa Rica.
Tal como reveló CR Hoy en primicia, Gamboa aseguró a dos de sus socios criminales —quienes en realidad eran informantes confidenciales de la DEA— que el gobierno de Rodrigo Chaves Robles le concedía acceso para introducir cocaína al país.
