¿Qué hacen dos carros de estadounidense asesinado en casa de agente del OIJ?

(CRHoy.com) Dos vehículos que pertenecían a la sociedad anónima de un extranjero que desapareció en Limón en 2015, caso que el Tribunal Penal de Limón resolvió como un asesinato, se resguardan en la casa de una agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de apellido Alvarado.

Esta funcionaria participó en el inicio de la investigación de este caso, tramitado en el expediente 15-001412-0066-PE, cuando ingresó la denuncia por desaparición, sin embargo, posteriormente fue asignado a otra oficina judicial.

El ahora fallecido, Brian Lynn Hogue, era un estadounidense oriundo de California, que tenía una compañía dedicada a bienes raíces, por lo que residía en varias propiedades que tenía en Costa Rica.

En el 2015 se reportó su desaparición y dos años después se condenó a dos hermanas de apellido Gaitán por confabularse desaparecerlo, una de ellas murió posteriormente en la cárcel.

El foráneo usualmente se movilizaba en dos carros: un Suzuki XL (2006) y un Jeep Wrangler (1995), los cuales estaban inscritos a nombre de Hogue Paraiso Sociedad de Responsabilidad Limitada. De hecho, cuando desapareció utilizaba el primero.

La sociedad fue inscrita hace 18 años y su presidente era Lynn, por lo que tenía dominio de los automotores registrados con las placas 843537 y 844754, respectivamente, así como de otros bienes inmuebles.

Tal como lo pudo constatar CRHoy.com, estos dos automotores pasan dentro de la propiedad de Alvarado, cuya ubicación no se revelará por seguridad, e incluso recientemente se pudo documentar con fotos y videos, que  ella se desplazó en el Jeep a su lugar de trabajo en los Tribunales de Justicia de Pococí.

Abogado de Alvarado: "Tiene autorización"

Harvey Harriet, abogado de la funcionaria, confirmó que efectivamente su clienta hace uso de esos vehículos, pese a que ella no forma parte de esa sociedad ni tiene un documento que garantice su dominio sobre los mismos.

Sin embargo, el representante legal explicó que Silvia Ocampo Alvarado, hija de la agente judicial, por su cercanía con la familia de Lynn Hogue, tiene un poder para poder hacer uso de los carros, así como de ocupar las propiedades que tenía el extranjero.

Comentó que los parientes de la víctima viven en Estados Unidos y no tienen tiempo para venir al país, por lo que Ocampo es la autorizada para administrar los bienes.

Harriet, quien además es esposo de Silvia, explicó que hasta él ha hecho uso de los automotores con el permiso de su cónyuge.

Ocampo Alvarado, hija de la funcionaria, fungió como intérprete del empresario fallecido, por lo que según el representante legal, se generó suficiente confianza con los extranjeros para que le otorgaran el permiso de uso de los carros y fincas en Costa Rica.

"Actualmente ella (Silvia) es la que ve por las gestiones de la sociedad anónima en Costa Rica y tiene contacto directo con la esposa del señor fallecido en Estados Unidos. Ella le solicita a Silvia que por favor, para no perder los bienes y tratar de tener todo lo que se logró recuperar, le guarde los vehículos porque ella no tiene cómo llevárselos para Estados Unidos y los vehículos están anotados (impide su venta o traslado).

Cómo doña Silvia no tiene espacio y hay que darle mantenimiento a las propiedades que todavía posee la señora y los vehículos, es que se guarda en la propiedad de la mamá de Silvia, esto hace años. Hay que estarles dando uso y mantenimiento, pero esa es básicamente la explicación que te podría dar, porque en realidad no hay nada del otro mundo. Silvia vela por los marchamos y el mantenimiento de los vehículos de las propiedades que todavía quedan.

Es por eso, que ante la necesidad de darle uso a esos vehículos y Silvia como apoderada generalísima, pues le ha dado la autorización a doña "C" (Alvarado) en este caso, la mamá para que puede utilizar los vehículos. Nosotros tenemos contacto directo con la familia en Estados Unidos, nosotros conversamos con ellos todas las semanas", detalló Harriet.

¿Conflicto de intereses?

Al consultarle sobre una investigación administrativa dentro del Poder Judicial que existió sobre un supuesto conflicto de intereses o cuestionamientos por el involucramiento de Alvarado con los bienes del foráneo asesinado, Harriet dijo que es un asunto resuelto a favor de su clienta, en el que se descartó que existiera alguna falta en sus labores.

El propio abogado confirmó que existió la investigación interna abierta contra la agente judicial, tras el ingreso de una denuncia por supuesto conflicto de intereses, sin embargo, fue descartado por el órgano judicial a cargo de indagar el caso.

Se hizo una consulta al Poder Judicial para conocer si contra la funcionaria existía o existió una causa administrativa y conocer cómo se resolvió. La oficina de prensa confirmó que la Inspección Judicial tiene en sus registros estos expedientes:

• Expediente No. 19-003749-0031-DI, se remitió por incompetencia a la Delegación Regional de Pococí en el año 2020.
• Expediente No. 19-000364-0031-IJ, es un proceso en condición de archivado desde el 24 de noviembre 2020. En este caso se resolvió sin lugar la causa.

Sobre las dudas o cuestionamiento que se podrían generar sobre la transparencia de cómo se manejan estos bienes, Harriet dijo que no debe existir ninguna desconfianza o incertidumbre.

"A estas alturas de la investigación no, porque es un caso que tiene una sentencia en firme y hay condenados. A doña "C" le asignaron el caso por rol en su momento, pero inmediatamente por temas de jurisdicción y lo pasaron a San José y quien administra la sociedad es la hija de doña "C", quien realizaba sus labores como profesional, o sea, al final no, no hay mayor complicación", comentó.

Finalizó diciendo que todo esto se debe a un "malentendido laboral" a lo interno de la oficina del OIJ de Guápiles. 

El caso Lynn Hogue

Dos mujeres, de apellido Gaitán, fueron condenadas a 25 años de prisión por la muerte del foráneo.

A ellas se les acusó por presentar engañar con documentos falsos a un notario con la finalidad de transferir a su nombre el control de una sociedad anónima del californiano, así como sus activos, entre ellos autos y fincas ubicadas en Paquera, Pococí y Parrita.

"Cuando Brian Lynn se dio cuenta de los hechos delictivos, decidieron matarlo", dijo el entonces director del OIJ, Walter Espinoza (q.d.D.g) el 2 de junio del 2015, durante una conferencia de prensa.

La policía realizó cinco allanamientos en Aguas Zarcas, San Carlos; Coronado, San José; Garabito, Puntarenas; y dos cerca de Moín, Limón para desarticular al grupo.

Lynn fue visto por última vez el 1 de junio del 2015 mientras conducía el mismo Suzuki dorado, que hoy tiene en su garaje la funcionaria judicial.

Tras ser acusadas por la Fiscalía, el Tribunal Penal de Limón les impuso la pena de prisión, siendo una de las primeras sentencias que se dio en el país en las que determinó que hubo un homicidio sin haber encontrado el cuerpo, debido a las intervenciones telefónicas halladas en sus teléfonos.