Punta Leona: Gampling presenta recurso contra alcalde por presunta violación a propiedad
En el recurso pide pago por daños y perjuicios y medias de protección
La empresa Camposanto Valle del Sol S. A., propietaria de un glamping ubicado en el complejo hotelero Punta Leona, presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra el alcalde de Garabito, Francisco González, así como contra funcionarios municipales y el gobierno local.
Según el documento, al que CR Hoy tuvo acceso, la empresa alega que el alcalde, junto con otros funcionarios y miembros de la Policía Municipal, habría incurrido en acciones que violentan derechos fundamentales como la propiedad privada, la integridad física y psíquica, la intimidad, el derecho a la imagen, el debido proceso y la tutela judicial efectiva.
Por ello, solicita a la Sala que declare con lugar el recurso, ordene el cese inmediato de toda conducta que implique ingreso o afectación a la finca, e impida la reiteración de tales actos. También pide el pago por daños y perjuicios, conforme a las leyes aplicables, y medidas de protección, como la notificación a la Fuerza Pública para prevenir nuevos incidentes.
Glamping denuncia violación de derechos
De acuerdo con la versión de Camposanto Valle del Sol S. A., el 10 de julio el alcalde habría ingresado sin autorización judicial a la propiedad, acompañado de funcionarios municipales y un oficial armado, pese a existir una orden judicial previa que prohibía toda intervención.
El conflicto se originó el 8 de julio, cuando el alcalde manifestó públicamente su intención de retirar una estructura metálica colocada en el acceso al proyecto, bajo el argumento de que invadía el dominio público, aunque —según la empresa— sin respaldo legal. Incluso habría instado a la ciudadanía a acompañarlo en una acción directa con maquinaria.
Ese mismo día, durante una sesión del Concejo Municipal, González declaró que: "Nosotros no estamos tocando propiedades privadas. Lo que pasa más bien fue que el privado invadió las áreas públicas (…) Incluso tengo dudas de un glamping ahí que está en un alcanfor; hay que medirlo con la zona marítima…".
Como respuesta, el Tribunal Contencioso Administrativo emitió una medida cautelar provisionalísima el 8 de julio, ordenando a la Municipalidad abstenerse de realizar cualquier acto material en la finca, incluida la demolición de estructuras.
No obstante, la empresa afirma que el alcalde desobedeció dicha orden e ingresó a la finca dos días después, provocando destrucción de vegetación. Asegura que funcionarios manifestaron su intención de abrir un camino hacia la playa a través del terreno, lo cual considera una afectación directa.
La denuncia sostiene que uno de los funcionarios agredió físicamente al representante legal de la empresa durante el ingreso, en presencia de oficiales municipales y familiares.
La línea en rojo sería el camino que la Municipalidad dispone a realizar dentro de la propiedad
Según el recurso, un funcionario comenzó a grabar al propietario a escasos centímetros de su rostro, sin consentimiento. Las imágenes habrían sido difundidas en redes sociales sin autorización, lo que —según la empresa— vulnera sus derechos a la intimidad y a la propia imagen.
La situación se agravó cuando, al intentar apartar la cámara, el propietario habría sido empujado al suelo y presuntamente agredido. La empresa señala que, aunque un funcionario de la Policía Municipal presenció el hecho, no intervino. Fue necesaria la asistencia de una tercera persona y, posteriormente, la intervención del 9-1-1 y de la Cruz Roja, que trasladó al afectado a un centro médico con inmovilización y cuello ortopédico.
La empresa asegura que, tras el incidente, algunos funcionarios manifestaron su intención de regresar, lo que ha generado temor entre los ocupantes de la finca ante nuevos ingresos no autorizados, supuestamente alentados por declaraciones del alcalde.
"El terreno cuenta con su respectiva inscripción registral y plano catastrado aprobado, incluso sobre una parte de Zona Marítimo-Terrestre. No hay disputa judicial ni procedimiento administrativo que cuestione su titularidad", señala el recurso.
También indica que la Municipalidad no ha promovido ningún proceso para investigar una eventual ocupación indebida, ni ha gestionado procedimientos legales ante las instancias competentes que respalden sus acciones.
La empresa insiste en que, incluso si existiera controversia sobre los límites entre propiedad privada y dominio público —lo cual niega—, la Administración debe actuar conforme a la legalidad y nunca por la vía de hecho, pues ello vulnera el principio de legalidad, el derecho de defensa y el debido proceso.
Versión del alcalde
Este medio solicitó una posición al alcalde Francisco González con respecto al recurso, y señaló que actualmente se encuentran coordinando con los propietarios para el retiro de las estructuras ubicadas en la zona marítimo-terrestre.
A su vez, en entrevistas anteriores con CR Hoy, el alcalde defendió al funcionario municipal, quien —según sus palabras— ejerció su derecho a la legítima defensa. Además, afirmó que tanto él como los funcionarios que lo acompañaban fueron intimidados e incluso secuestrados por parte de trabajadores del glamping, y que, en su caso, fue víctima de amenazas de muerte.
Por esto, habría solicitado una disculpa pública a los representantes de la sociedad anónima, ya que —más allá de considerarlo una amenaza a su persona— lo interpreta como una agresión a la figura del alcalde.
"No siento que me esté amenazando a mí como persona, sino a la figura del alcalde, a los 84 alcaldes. Creo que eso es muy peligroso, porque las personas pueden desistir de participar debido a amenazas provenientes de una clase alta del país. Entonces, sí le dije que tenía que dar unas disculpas públicas en algún medio de circulación nacional… de lo contrario, vamos a tener que proceder con una denuncia en su contra", declaró González.
