Pulso por regular plataformas: los detalles del diálogo a “puerta cerrada” con Gobierno

(CRHoy.com). Las negociaciones entre el Poder Ejecutivo, los taxistas y las plataformas de transporte se han efectuado en total sigilo.

La Administración Chaves Robles (2022-2026) construye un proyecto de ley para regular el funcionamiento de las aplicaciones que, como Uber o DiDi, variaron radicalmente el panorama del transporte de pasajeros desde 2015.

La negociación entre los sectores la arrancó Laura Ulloa Albertazzi, quien ejerció como viceministra de Transportes y Seguridad Vial entre mayo de 2022 y enero de 2023.

La exfuncionaria, que fue cesada por el ministro Luis Amador a inicios de este año, avanzó con una propuesta que pretendía presentar a la Asamblea Legislativa enfocada en "nivelar" la cancha entre la "fuerza roja" y las "apps".

En principio, la intención del gobierno era plantear el proyecto al cierre de 2022. Eso no ocurrió. Y, con el cese de Ulloa, el liderazgo de las negociaciones recayó entre el ministro Amador y en el nuevo viceministro, Carlos Ávila Arquín.

Bajo este contexto, el jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) enfatizó en que las negociaciones son a "puerta cerrada" y sin "previo" aviso público por la complejidad de los temas a tratar.

Incluso, Casa Presidencial obvió incluir en la agenda diaria del mandatario Rodrigo Chaves 2 encuentros que sostuvo para tratar el tema. El primero el 23 de febrero con los taxistas, luego el 7 de marzo con representantes de las plataformas. El mandatario ha estado presente en esas ocasiones.

"¿Por qué se hace a puerta cerrada la negociación? Porque es una negociación difícil, es una negociación en la que hay que abordar múltiples aspectos. Si el servicio es público, si el servicio es privado, si se va a cotizar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o no se va a cotizar. Si van a haber elementos de control, cuáles son esos elementos de control. Hay una serie de aspectos que hay que conversar y cuando ya estemos de acuerdo, es cuando ya se estará anunciando que se acordó, de mutuo acuerdo con ambas partes para que ambas partes aprueben el proyecto de ley para ir a la Asamblea (Legislativa)", aseguró el funcionario.

El reto de armonizar lo que los sectores quieren es complejo, pero Amador sostiene que el interés es construir un proyecto que deje satisfechos a todos. Además, insistió que los usuarios deben contar con opciones "económicas" para transportarse sin sufrir "distorsión" de precios.

Una vez que se tenga la propuesta consensuada, el ministro apunta a que los diputados requieren "entender" que el documento que se presentará es fruto de un consenso general que debería ser aprobado con celeridad.

"Lo que se está haciendo hasta la fecha es reunirse, por un lado, con los taxistas y, por otro lado, con los que operan plataformas. La igualación de la cancha es una conversación larga y extensa, porque no solo considera aspectos del servicio. Considera aspectos de la tarifa, del pago de tributos a Hacienda y del aseguramiento a la CCSS. Es una serie de elementos que están ahí involucrados. Hasta la fecha se han ido negociando para que al final lleguemos a un proyecto apoyado por ambos (taxistas y plataformas) para que ambos puedan tener trabajo, pero que se dé de una manera en la cual no se perjudique al usuario", describió el ministro Amador.

El viceministro Ávila dijo a CRHoy.com que los taxistas tienen ciertas inquietudes con los planteamientos expuestos hasta el momento, pero que es un tema que se puede resolver durante el proceso.

"Como el presidente (Chaves) lo ha indicado, la idea es que sea un plan equilibrado para ambos sectores. No es nuestra intención ni favorecer no perjudicar a los actores de este proceso", indicó Ávila, quien aseguró que el proyecto está "bastante maduro" y continuarán con el proceso de socialización.

En el MOPT, consideran que las plataformas pueden mantener el esquema de cobro mediante tarifas dinámicas, según la oferta y la demanda existentes en un momento determinado.

Así las cosas, la cuestión para las autoridades radica en que los taxistas también se puedan ajustar a esa volatilidad del mercado.

En 2007, el país registraba 12.500 concesiones de taxi. En la actualidad, esa cantidad se redujo a aproximadamente 11 mil. La proyección es que esta tendencia se mantenga y adquiera mayor fuerza en los próximos meses.

La aplicación Uber opera en Costa Rica desde agosto de 2015, mientras DiDi inició funcionamiento en noviembre de 2019.  En el caso de Uber, de capital estadounidense, cuenta con casi 29 mil conductores registrados y un promedio de 1 millón de clientes en todo el país.

Precisamente, durante una reciente visita a Davos (Suiza) para participar en encuentros del Foro Económico Mundial, el presidente Rodrigo Chaves confirmó que sostuvo reuniones con representantes de Uber. Pero, no detalló en las discusiones de fondo que hubo.