Pugnas entre Japdeva y sindicato dejan en el aire futuro de convención colectiva

(CRHoy.com). Las diferencias siguen abiertas entre la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) y el sindicato Sintrajap sobre el acuerdo de una nueva convención colectiva.

Desde finales de setiembre, ante las pronunciadas discrepancias, la entidad se levantó de la mesa de diálogo con la agrupación gremial y optó por elevar la negociación a un juzgado de trabajo.

Esta figura, denominada convención colectiva fracasada, está contemplada en el Código de Trabajo. Según la junta directiva de la institución caribeña, la organización gremial "nunca tuvo el espíritu de construir un nuevo acuerdo laboral, sino de negociar el ya existente".

¿Qué ha pasado desde entonces? Andrea Centeno Rodríguez, presidenta ejecutiva de Japdeva, confirmó que las pugnas con Sintrajap persistieron y, en las últimas 7 semanas, se enfocaron en construir el reglamento que regiría las relaciones laborales mientras se negocia una solución.

"La convención colectiva fracasada es un mecanismo donde se justifica, ante un juzgado, que el proceso normal de negociación no fructificó y pasa por 2 etapas: conciliación y arbitraje. Eso se activa, una vez que la administración manda un aviso.

"Entre octubre y noviembre lo que hemos hecho, por mandato del consejo director, es instruir a la Administración a construir un reglamento de transición, porque en el momento que anunciemos ante el juzgado la convención colectiva fracasada, desaparece la convención actual y la norma habilitante", expresó la funcionaria.

El reglamento transitorio regulará las relaciones entre la junta y los trabajadores con aspectos adicionales a los que ya existen en el Código de Trabajo. Pero, según la presidenta ejecutiva, este documento 'regulará' algunos beneficios y 'desaparecerá' otros, como lo perseguía la propuesta que se presentó en la mesa de negociación con Sintrajap. Esto supondría un alivio económico para la institución, sin abandonar la protección laboral para los funcionarios.

"No puedo entrar en detalles hasta que el consejo lo apruebe. Obviamente, hay un ajuste de los elementos. Aquellos que se mantienen, son los que hacen una transición o que impactan el mantenimiento del servicio", expuso Centeno.

Que el futuro de la nueva convención llegue a manos de un juez abre un abanico de posibilidades. Hay 3 escenarios: que se otorgue razón al sindicato y que, incluso, se resuelva reconocer incentivos de forma retroactiva; que el juzgador determine que la Administración lleva razón y que en adelante lo que regirá es lo que se negocie, si finalmente hay un acuerdo entre las partes; o que se mantenga el reglamento por disposición judicial.

"Ellos (el sindicato) estuvieron, en algún momento, conscientes de que había que ajustar las condiciones. Desafortunadamente, su postura fue de aletargar el proceso y de no entrar a la negociación por el fondo. Esta postura no ha cambiado. No nos pusimos de acuerdo. Ellos indican que podrían revisar el texto a ver si algo cambia. Pero, es muy diferente negociar a revisar. Esa postura no la pudimos negociar ahí", finalizó la jerarca.

El pago de pluses salariales consumiría un 27% del presupuesto institucional para 2022. Así consta en el proyecto de presupuesto que fue remitido a la Contraloría General de la República (CGR) en setiembre. Los beneficios están facultados en la convención colectiva suscrita desde 2016.

Se proyectan gastos por más de ₡15.351 millones para el próximo año. De esa cifra, más de ₡4.119 millones corresponden a incentivos salariales.

El plus más elevado es la anualidad, con un presupuesto anual de más de ₡972 millones para 477 funcionarios. Amparado en el Artículo 58 de la convención colectiva y avalado por la reforma fiscal vigente desde 2018, se concede a los funcionarios como reconocimiento a su permanencia de forma continua prestando sus servicios a la Administración Pública en casos de que hayan cumplido con una calificación mínima de "muy bueno" o su equivalente dato numérico en la "evaluación anual" y a título de monto nominal fijo para cada escala salarial.

Como segundo incentivo oneroso figura el costo de vida regional, por un monto superior a los ₡307 millones ¿Por qué se paga? Este plus, autorizado por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) del Ministerio de Hacienda, es recibido por todos los funcionarios de la planilla institucional (443, para 2022) y representa un incremento salarial anual.

La negociación de la nueva convención colectiva es un tema que podría ser asumido por la Administración que asuma en mayo de 2022 con el cambio de gobierno.