Puesto en Micitt para hermano de asesor de Chaves se creó hace meses y será pagado por Procomer
El puesto se creó recientemente y Paula Bogantes escogió al exfiscal de Cibercrimen que salió del Ministerio Público en medio de polémica con Carlo Díaz
Paula Bogantes Zamora, ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), fue quien nombró a Esteban Aguilar Vargas como subdirector nacional de Ciberseguridad.
El nuevo funcionario es hermano de Gabriel Aguilar Vargas, jefe de despacho del mandatario Rodrigo Chaves Robles quien abiertamente pasa atacando al fiscal general Carlo Díaz, jefe del exfiscal.
Este funcionario salió del Ministerio Público en medio de acusaciones y polémicas con su superior jerárquico. Allí laboró sin mayores resultados operativos durante los últimos años y acumuló varias investigaciones disciplinarias, múltiples viajes y algunas controversias.
El cargo en el que fue colocado por el Gobierno no existía hasta hace poco y nadie lo había ocupado previo a él. Entre diez candidatos, fue la ministra quien personalmente escogió a Aguilar, según confirmó ella misma a CR Hoy.
"Habíamos identificado a 10 posibles candidatos. Ciertamente, cuando Esteban Aguilar se incluye como uno de los candidatos y nosotros en el Micitt ya habíamos reconocido o teníamos bien identificado su perfil de primera, pues lo incluimos en las entrevistas", expresó Bogantes durante el programa televisivo semanal de Presidencia.
El nombramiento tiene un plazo de un año, el mismo tiempo que el exfiscal coordinador de Cibercrimen solicitó como permiso sin goce salarial ante la Fiscalía General. La plaza temporal rige desde el 1.º de abril de 2025 hasta la misma fecha de 2026.
La vacante no existía, y de hecho no hay registro de otras personas que la hayan ocupado. Hasta hace poco, se realizó una reestructuración dentro de la institución y se creó el puesto, según la versión de la propia ministra, quien no pudo detallar las fechas exactas.
"Nosotros el año pasado pasamos por una reorganización del Micitt que fue aprobada por Mideplán (Ministerio de Planificación) y el cargo existe, la aprobación nos la dieron el año pasado, no preciso el mes", dijo a este medio.
Financiamiento de Procomer
No es el Micitt el que pone el dinero para pagarle el salario a Aguilar, sino que es la Promotora de Comercio (Procomer) la entidad que otorga los recursos. La razón fue justificada así por la jerarca Bogantes:
Nosotros estamos compitiendo con el mercado privado, con las multinacionales que tienen aquí operaciones de ciberseguridad.
Para nosotros poder competir con ellos, necesitamos ofrecerles salarios competitivos y aquí es donde Procomer nos está echando una mano y trabajamos con ellos un acuerdo interinstitucional para que nos apoyaran.
La ministra aseguró que existe un convenio con Procomer similar con el cual financian el salario del director de Ciberseguridad quien es el superior jerárquico directo de Aguilar en el gobierno. Para Bogantes, es la "muy simple razón" por la cual la Promotora ellos están aportando el pago de los dos funcionarios.
La plaza salió publicada días atrás y fue anunciada por la Promotora a través de una publicación en la red social LinkedIn hace tan solo tres semanas. Según la ministra, fue abierta en el mes de febrero.
En el posteo no se detallan mucho las funciones, más allá de señalar que debe colaborar "en la implementación de la estrategia nacional de ciberseguridad, haciendo uso eficiente y eficaz de los recursos".
En cuanto a la formación académica, se solicitó que el candidato fuera licenciado en ingeniería en sistemas, informática o tecnologías de la información. También se dio como alternativa la posibilidad de postular a profesionales en Derecho con especialidad en informática u otras áreas afines.
Entre los requisitos también figuraba tener dos años o más de experiencia en labores relacionadas con el puesto, ya sea por medio de ocupación o mediante el desarrollo de actividades en el campo y en investigación de temas relacionados con cibercrimen, hackeo, privacidad de la información, u otros.
CR Hoy solicitó al Ministerio ampliar algunos detalles, como desde cuándo existe el cargo, cuándo se abrió, cuántos oferentes hubo, el procedimiento y la documentación sobre el convenio y la apertura de la vacante, cuál es la remuneración, y otros detalles adicionales. Sin embargo, la solicitud de información está en trámite.
"Agradezco profundamente la confianza otorgada por el Ministerio para fungir con subdirector nacional de ciberseguridad. Asumo esta nueva responsabilidad con muchísimo orgullo", dijo Aguilar en sus redes sociales sobre el nombramiento.
Con pocos resultados
Alabado por el mandatario Rodrigo Chaves y por la ministra de Ciencia y Tecnología, el exfiscal de Cibercrimen fue nombrado en el Gobierno tras salir de forma controvertida de la Fiscalía, en medio de varios escándalos.
Pese a los halagos, los informes de labores de Esteban Aguilar muestran que durante los últimos años él únicamente destacó por participar en reuniones, viajes, talleres, charlas, capacitaciones y entrevistas, sin mayores resultados operativos.
En 2023 y el primer semestre del 2024, no se registró ni un juicio, acusación, operativo o trámite de medidas cautelares por causas penales, a pesar de que la función principal de los fiscales es precisamente la persecución penal.
Solo se reportó un allanamiento y dos acusaciones hacia la segunda mitad del año pasado.
Aguilar Vargas ha estado en el ojo público durante las últimas semanas al ser protagonista de polémicas y acusaciones contra su superior jerárquico, el fiscal general de la República Carlo Díaz.
El exfiscal aprovechó una incapacidad médica con la cual estuvo ausente de su cargo, para participar en la marcha promovida por el mandatario Rodrigo Chaves Robles contra el fiscal general, razón por la cual está siendo investigado por la Inspección Judicial, órgano disciplinario de esa institución.
El día de la protesta, Esteban posó abrazado en una tarima semiimprovisada junto a su hermano, Gabriel. Esta relación llevó al fiscal general a tomar precauciones, luego de que circularon informaciones en octubre del año pasado sobre una posible filtración de información de causas penales contra figuras del Gobierno.
Aguilar Vargas solicitó autorización para ausentarse de sus funciones durante un año, apenas dos días hábiles después de ser notificado sobre una de las investigaciones disciplinarias en su contra.
El 3 de marzo se incapacitó por primera vez por un plazo de dos semanas y, ese mismo día, envió un oficio al fiscal general de la República pidiendo que se le otorgara un permiso sin goce de salario por 12 meses, a partir del 11 de marzo.
La fiscala subrogante, Karen Valverde, asumió la solicitud y la aprobó, por lo cual el permiso empezaba a regir a partir del 18 de marzo, fecha en que el fiscal de Cibercrimen debía regresar a sus funciones. Sin embargo, ese día inició su segunda incapacidad, lo que retrasó su salida temporal del Ministerio Público.
La participación en esa marcha es la razón de uno de los seis expedientes disciplinarios administrativos abiertos ante la Inspección Judicial, el órgano disciplinario del Poder Judicial.
Cuatro de los expedientes administrativos-disciplinarios fueron abiertos este año. El pasado 27 de febrero, la Inspección Judicial realizó el traslado de cargos del expediente 25-00312-31-DI en su contra.
En él se le acusa de aparentes incorrecciones en el ejercicio del cargo y en su vida privada, que afectarían la imagen de la institución, además de una falta de respeto hacia sus superiores jerárquicos.
A Aguilar Vargas también se le reprochan infracciones por realizar declaraciones ante medios de comunicación utilizando su cargo, en las cuales pudo haber violado la prohibición de divulgar información que atentara contra el secreto de las investigaciones o que, innecesariamente, pudiera afectar derechos de terceros.
En marzo, Aguilar también confirmó la existencia de una causa penal abierta en su contra por aparente violencia doméstica.
