Proyecto del Frente Amplio busca restituir derecho a huelga
FA asegura que huelgas son necesarias frente al gobierno "autoritario" de Rodrigo Chaves
El Frente Amplio presentó un proyecto de ley que busca restituir las restricciones aplicadas contra las huelgas de funcionarios públicos, la iniciativa de ley pretende revertir una norma aprobada hace cinco años.
La propuesta, presentada por la diputada Sofía Guillén bajo el expediente 24.961, busca que se vuelva a permitir la huelga a los trabajadores de los servicios esenciales, cuyas protestas quedaron rotundamente prohibidas desde 2020, cuando se aprobó la ley que impide las manifestaciones en estos sectores.
El proyecto, titulado “Ley para la Restitución del Derecho a la Huelga y a la Protesta, por la Defensa de la Libertad, la Democracia y los Derechos Laborales en Costa Rica”, pretende reformar el Código de Trabajo para modificar 16 artículos y derogar otros, como el 375 bis, que establece que la huelga en servicios esenciales es “manifiestamente ilegal”.
La Ley 9808 fue aprobada en 2020 mediante el procedimiento de vía rápida legislativa, con el fin de endurecer las regulaciones al derecho de huelga y evitar que los movimientos de protesta afecten los servicios públicos esenciales que se ofrecen a la ciudadanía, como salud, seguridad pública, transporte, bomberos, electricidad y combustible, entre otros.
Ese cuerpo legal impide el pago de salarios a los huelguistas desde el inicio de la protesta, salvo que un juez declare la huelga legal. También limita las huelgas contra políticas públicas a un máximo de 48 horas, y a 21 días consecutivos o 10 discontinuos en el sector educación.
La diputada frenteamplista Sofía Guillén argumentó que la normativa aprobada durante el gobierno de Carlos Alvarado “nació con un afán revanchista” tras las manifestaciones contra la reforma fiscal y la Ley Marco de Empleo Público.
Según indicó, la legislación vigente impone restricciones que impiden una movilización social efectiva y socavan el derecho de los trabajadores a defender sus condiciones laborales.
“El derecho a la huelga es un pilar fundamental en la defensa de la dignidad, la libertad y la democracia. Lejos de ser un instrumento que se opone a la continuidad de los servicios públicos, la huelga es un mecanismo legítimo de protesta y negociación que permite a los trabajadores exigir condiciones laborales justas y a la sociedad denunciar políticas regresivas”, aseveró la frenteamplista.
Por su parte, la fracción del Frente Amplio cuestionó el marco institucional actual, al que considera limitante frente a políticas promovidas por el gobierno de turno.
"Es claro que el equilibrio de nuestro sistema democrático requiere de contrapesos sociales que puedan manifestarse libremente, cosa que no pasa hoy e impide una mejor movilización frente a políticas nocivas planteadas por el gobierno de derecha, populista y autoritario de Rodrigo Chaves", indicó la agrupación.
Entre las reformas propuestas destacan la habilitación de huelgas intermitentes en servicios públicos esenciales; la eliminación de categorías introducidas en 2020 como “servicios de importancia trascendental” o “servicios de carácter estratégico”, por considerarlas restrictivas y poco claras.
Asimismo, propone la creación de procedimientos específicos para apelaciones y arbitrajes relacionados con movimientos huelguísticos, así como la incorporación de un sistema de notificación electrónica para los patronos en los trámites de calificación de huelga.