Proyecto de tobillera en vez de cárcel para deudores de pensión necesitará 38 votos, según Corte
Tobilleras electrónicas para monitoreo de reos
El proyecto de ley que permitiría usar tobillera electrónica en lugar de cárcel para los deudores de pensión alimentaria necesitará 38 votos para aprobarse, luego de que la Corte Suprema de Justicia concluyera este lunes que, tal como está redactado, afecta la organización y el funcionamiento del Poder Judicial.
La iniciativa plantea que quienes tengan orden de apremio corporal por no pagar la pensión no vayan a prisión, sino que se les coloque un brazalete o una tobillera electrónica para ubicarlos.
El objetivo es aliviar el sistema penitenciario y, a la vez, que los beneficiarios reciban el dinero de forma más efectiva, pues el deudor conservaría su capacidad de trabajar.
Para ello, el juez delimitaría un perímetro dentro del cual el deudor podría moverse, de modo que siga generando ingresos y cumpla con el pago a favor de sus hijos.
Más tareas para los jueces
El informe que aprobó la Corte Plena, elaborado por el magistrado Luis Porfirio Sánchez, de la Sala Segunda, señala que el texto no se limita a habilitar la tobillera como alternativa. También asigna nuevas labores a los jueces de familia.
Además de fijar el perímetro de movilidad, tendrían que autorizar salidas por razones laborales, personales, de salud o educativas, decidir en qué casos corresponde aplicar la medida y resolver qué pasa cuando el deudor incumple las condiciones del monitoreo.
Al ampliar las funciones y la carga de trabajo de los jueces, la iniciativa afecta la organización del Poder Judicial, que ya tiene recursos limitados para atender esta materia, según el informe.
El impacto alcanzaría también al Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Aunque Adaptación Social se encargaría del monitoreo, el proyecto involucra a todos los cuerpos policiales y, por su redacción, incluiría al OIJ entre las instituciones que vigilarían a los deudores.
Eso le sumaría trabajo sin los recursos necesarios, pues hoy la detención por apremio corporal no está entre sus competencias. A ello se agregan las adaptaciones informáticas y de infraestructura que requeriría el sistema.
La magistrada Roxana Chacón consideró que existen alternativas más favorables para los deudores, como pedir a un juez un plazo para conseguir trabajo o llegar a un arreglo de pago, sin necesidad de sustituir el apremio corporal por la tobillera.
Los magistrados de la Sala Constitucional se abstuvieron de votar.