Proyecto de ley aumentaría estafas bancarias, denuncia ABC
Imagen con fines ilustrativos. (CRH).
La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) denunció este jueves que un proyecto de ley impulsado por el diputado Óscar Izquierdo podría generar un aumento en las estafas y fraudes bancarios en Costa Rica.
La ABC advirtió que la iniciativa no aborda el problema estructural de las estafas bancarias, las cuales son perpetradas por redes de crimen organizado que constantemente perfeccionan sus métodos para engañar a más personas.
"En lugar de proponer herramientas para luchar contra los grupos delictivos, el proyecto de ley del diputado Izquierdo obliga a los bancos a asumir automáticamente el costo económico de las estafas, lo que podría derivar en consecuencias negativas no solo para el sistema financiero y los propios usuarios, sino también para el combate a la criminalidad en el país", indicó la ABC.
"El proyecto adopta una visión muy simplista del problema, pues parte del supuesto de que los responsables de las estafas son los bancos. En realidad, las estafas bancarias son un fenómeno de crimen organizado que afecta tanto a los clientes como a las entidades financieras. Lo planteado en el proyecto, al exigir que el banco pague, abre la posibilidad de que surjan nuevas modalidades delictivas y favorecería, en la práctica, el financiamiento de estructuras criminales", explicó Rodrigo Cubero, asesor económico de la ABC.
Un posible efecto negativo de esta ley sería la aparición de esquemas fraudulentos en los que personas sean reclutadas para reportar estafas inexistentes, con la certeza de que el banco reembolsará el dinero, permitiendo así compartir las ganancias ilícitas.
"Lo importante es evitar que el dinero de las estafas llegue a los delincuentes. Solo así se resolverá la causa raíz del problema", señaló.
Además, Cubero destacó que la iniciativa podría generar costos adicionales para todo el sistema financiero.
"Si los bancos deben asumir por regla general los costos de las estafas, eso eventualmente se reflejaría en tasas de interés más bajas para los ahorrantes y más altas para los deudores, en perjuicio de todos los consumidores financieros y de la economía nacional", afirmó.
También indicó que "el proyecto de ley violenta principios elementales de razonabilidad y justicia, consagrados en el derecho constitucional".
Agregó que sería razonable y justo que los bancos respondieran si crean, por dolo o negligencia grave, situaciones de peligro para sus clientes, pero no cuando toman todas las medidas de precaución para reducir el riesgo de estafas.
"La justicia exige un sano balance, ausente por completo en el proyecto de ley, que pondere también el deber de cuidado y diligencia de los clientes en relación con el uso de los canales digitales y, en particular, de sus claves de acceso", concluyó.
Según la ABC, en Chile, una reforma legal aprobada en 2020 introdujo la responsabilidad automática de los bancos en el uso de tarjetas de pago y transacciones electrónicas, de forma similar a lo que propone el proyecto de ley del diputado Izquierdo.
Ello favoreció un aumento exponencial de los fraudes. Así, según el Informe de Sistemas de Pago de agosto de 2024 del Banco Central de Chile, tras la aprobación de la "Ley de fraudes con tarjetas", las pérdidas por fraude digital aumentaron significativamente. En 2023, el monto del fraude se duplicó respecto a 2022, alcanzando su nivel más alto en la historia del país.
El incremento en la criminalidad que esa reforma propició obligó a las autoridades chilenas a reformar nuevamente la ley en 2024 para delimitar más cuidadosamente el principio de responsabilidad automática que se había establecido.
La ABC instó a los legisladores a rechazar el proyecto de ley y a promover estrategias integrales para combatir el fraude bancario de manera efectiva, sin aumentar innecesariamente los costos de intermediación financiera, sin poner en peligro los principios constitucionales de justicia y razonabilidad, y sin favorecer las estafas ni entorpecer la lucha contra el crimen en el país.
